CALIDAD INSTITUCIONAL

El fallo del juez federal doctor Sergio Torres, quien procesó a dos funcionarios del área nacional de transporte por no impedir que los pasajeros viajen en los techos de los vagones de los trenes, es muy importante para la construcción de una verdadera república.
El magistrado les adjudicó a ambos el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y embargó sus bienes.Para el juez Torres, la supuesta inacción de los funcionarios puso en serio peligro la integridad física de los usuarios, pese a disponer de amplias facultades relativas al poder de organizar, supervisar y sancionar las deficiencias comprobadas por parte de prestatarios de los servicios públicos.
La cuestión surgió a partir de una denuncia mediática. Fue a raíz de la difusión de un video casero que envió una maestra a un canal de televisión, y en donde se veían a numerosos adolescentes viajando en el techo del tren o colgados a la locomotora.
El caso derivó en una denuncia del defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien también había reclamado -por vía administrativa- que la Secretaria de Transporte ejecutara los controles y acciones necesarias para que la empresa a cargo del servicio cumpliera con las obligaciones de seguridad establecidas en el reglamento de explotación del servicio.
Creo que la decisión del juez Torres, en procesar a dos funcionarios por no cumplir con su obligación, debiera motivar a todos aquellos que en el ejercicio de una función pública tienen la obligación de ejercer controles institucionales.
En Tres Arroyos no hay defensor del Pueblo, pero está el Concejo Deliberante, que, además de legislar, es quien debe actuar como auditor de gestión del Intendente.
Debe hacerlo, pero en la práctica, mas allá de discursos floridos, no lo hace.
El oficialismo, persiste en el error de creer que es una prolongación del ejecutivo, cuando, en realidad, integran un poder independiente.
Los diez ediles en cuestión algún día tendrán que entender que no son propiedad del Movimiento Vecinal, sino que accedieron a una banca del Pueblo de Tres Arroyos por un partido político, en este caso el que gobierna.
Y la oposición se refugia en el facilismo del “no me dan los números para torcer la voluntad de la mayoría oficialista”. Otra falsedad.
En una república existen tres poderes que se autocontrolan, y si la oposición en minoría ve que cuantitativamente no puede imponer su criterio para evitar que la mayoría en el gobierno avasalle al Pueblo, debe acudir a la justicia para que ésta intervenga y falle con una interpretación legal-institucional basada en la normativa vigente.
El respeto popular a sus instituciones representativas se tiene que ganar con hechos. Pero el legislativo tresarroyense ha hecho hasta lo increíble para auto-desprestigiarse.
Recordemos que a fines del año pasado, -y excluyendo de esta crítica al bloque de Acción Comunal que lo rechazó-, el resto de la actual constitución del Concejo Deliberante, tuvo una resolución digna del libro Guinnes de récords.
Aprobó un aumento de tasas que violó la Constitución Nacional, desconoció la Ley Orgánica de las Municipalidades e incumplió un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional sobre el tope del 33% a la suba anual de impuestos.
En algunas cosas somos únicos; porque, en que otro legislativo del Mundo vamos a encontrar algo peor en materia de desconocimiento de normas, que lo aprobado en esa ocasión en materia de calidad institucional al ejercer la función pública ?
Pero no pierdo la esperanza de que, alguna vez, los concejales se den cuenta de que fueron votados para no solo ocupar un cargo, sino para hacerse cargo de su responsabilidad y actuar en defensa de la población que les confirió el mandato.
Aunque sean casos extremos, el presunto incumplimiento en los deberes de funcionario público y presunta malversación de fondos públicos, son herramientas de la justicia que los legisladores deben utilizar para controlar a los ejecutivos, sobre todo si son minoría.
Si no lo hacen, esos mismos concejales estarán incurriendo, por omisión, en presuntos delitos administrativos.
Legisladores municipales, la tremenda baja estima que les tiene la población se corresponde con la deuda institucional que mantienen con un Pueblo que no ve en ustedes la representación que todos esperamos al momento de votar candidatos.
Cuando van a empezar a saldar esa deuda con la comunidad?
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.