SIN OPCION

La reestatización del sistema privado de jubilaciones en Argentina, impulsado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y ahora a consideración del Congreso de la Nación, es una decisión que genera controversias de fronteras para adentro y desconfianza internacional.
El tiempo dirá si el argumento con el que el Gobierno central vuelve al estado un sistema jubilatorio privatizado hace 14 años es el de cuidar el capital de los aportantes, o si se trató de otro mero saqueo al dinero de los Argentinos, como ya ocurrió varias veces.
Hagamos memoria.
Pasó con las propias cajas jubilatorias en 1.956, tomadas durante el Gobierno de Aramburu para darle liquidez al ejecutivo de facto.
Volvió a pasar al inicio de la gestión menemista con el plan bonex, con el cual el dinero de los ahorristas se canjeó por papeles del estado.
Ocurrió de nuevo con el corralito delaruista aplicado por Cavallo con el que se limitaban las extracciones de dinero a la gente para evitar una corrida cambiaria, cuando los grandes capitales ya se habían ido ante las pasivas narices del Gobierno.
Y sucedió otra vez con el corralón impuesto por Duhalde, mediante el cual se pesificó y se reprogramaron todos los depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos en función de los montos depositados.
Lo que pasará si el Congreso aprueba la vuelta al estado de lo aportado a las AFJP no es nuevo. Es un acto gubernamental cíclicamente repetitivo de vulneración de derechos ciudadanos. En este caso los de la propiedad privada y el de la libre elección.
Hay cuestiones que no pueden soslayarse en el análisis.
El Gobierno afirma que toma la medida proteccionista en función de la hecatombe económica mundial y eso tiene una fundamentación lógica irrebatible.
También debemos destacar que la administración K es la que mejor se ha portado con los jubilados; les aumentó el haber once veces y cuenta con un ANSES que actuó como una agencia modelo, que brindó servicios especiales que posibilitaron la jubilación a mucha gente que nunca la hubiera logrado y sus fondos se administraron con mucha eficacia y responsabilidad.
Es decir, si el manejo de los fondos dependiera solamente del ANSES, los hechos demuestran que debería haber tranquilidad; pero en la estructura de poder Kirchnerista no hay nada totalmente autárquico, y mucho menos si se maneja semejante volumen de dinero.
Los 95 mil millones que de las AFJP pasarán al estado implican una caja necesaria para una administración con un gasto enorme por sobredimensionamiento, en un año que los ingresos no fueron los esperados al caérsele la super-recaudación de las retenciones móviles.
Además, de esos 95 mil millones, 53 mil corresponden a títulos de deuda, que en la práctica son pagarés que el estado debe levantar en el corto y mediano plazo. Al pasarlos al fondo de reparto, la administración no solo se saca de encima una obligación a saldar, sino que reprograma a más años, -el tiempo de espera de un activo para jubilarse-, el pago a cada uno de los tenedores particulares de bonos que hoy estatiza. Un negocio redondo.
Ahora viene la discusión parlamentaria. Y por lo que se ve, será más política que técnica.
Que bueno sería que hubiera alternativas, por ejemplo esta:
Por que no se establece un sistema individual de capitalización monitoreado por el ANSES ?
Por ejemplo, que cada trabajador tenga una cuenta jubilatoria en bancos oficiales, -Nación, Ciudad de Buenos Aires y/o los de las Provincias-, para que disponga de un reaseguro estatal.
Que esa cuenta sea como la de sueldos,-sin gastos administativos-, y que a lo que le descuentan para la jubilación mensualmente el titular pueda hacer aportes adicionales, y que sobre ese ahorro se aplique un interés idéntico al encarecimiento del costo de vida real a fin de que ese capital no lo licue la inflación.
A su vez, el dinero de estas cajas jubilatorias que sea utilizado para que esas entidades bancarias estatales actúen como bancos de fomento con líneas crediticias exclusivamente destinadas a financiar emprendimientos y empresas que generen empleo.
De esta forma se tendría una cuenta personal de jubilación creciente, sin costos administrativos de fondeo, sin pérdida de capital, con reaseguro del estado y posibilitando, a su vez, alimentar el circuito productivo y de generación de trabajo.
Este esquema debería ser administrado y controlado por el ANSES, al que tendrían que dotarse del poder de policía necesario para actuar ante los casos de evasión de aportes.
Es indispensable que una modalidad como esta tenga el contralor de una agencia que ha demostrado una superlativa capacidad operativa y transparencia en el manejo de los fondos ajenos, como lo es el ANSES.
Es un aporte que se nos ocurrió podría servir en la discusión de algo tan importante para todos, como lo es la jubilación.
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.