HAY QUE HACERSE VALER

Cuando el Intendente Sánchez logra salir de su asfixiante entorno, -el intra-comunal y el extra-municipal-, acierta en sus decisiones.
El restablecer las relaciones con el Fiscal Lemble contribuye al fortalecimiento interinstitucional que una comunidad muy afectada por el delito necesita entre el máximo exponente del Poder Ejecutivo y un integrante del Ministerio Público Fiscal, pieza clave del Poder Judicial.
La confrontación entre Sánchez y Lemble, -en gran parte de la contienda unilateral, ya que uno cargaba contra el otro que casi no respondía-, tuvo su punto crítico cuando el Jefe Comunal, -mal asesorado-, promovió una campaña de junta de firmas y denuncias sobre presuntas malas praxis en el ejercicio de su función, tendientes a destituir a los Jueces de Garantías, doctor Oleaga, al por aquel entonces Juez de Menores, doctor Daniel Gallardo, y, pese a que la responsabilidad funcional era compartida con otros dos fiscales, contra el único integrante del Ministerio Público que investigaba a funcionarios municipales, el doctor Lemble.
Pero en el caso de Oleaga y Lemble, las diferencias con el Jefe Comunal comenzaron casi cuatro años antes; en junio de 2.004 y en el marco de los reclamos populares tras la muerte de Gonzalo Ferreti; oportunidad en la que alguien, -la Justicia determinará quien en el juicio a Tarquinus y Barroca-, dirigió a la manifestación contra la Fiscalía y el Juzgado de Garantías.
El distanciamiento entre Sánchez y Lemble insumió demasiado tiempo y motivó un desgaste institucional totalmente en vano. Si el Intendente hubiera hecho mucho antes lo que hizo el otro día, -ir a la Fiscalía y estar tres horas hablando con el doctor Lemble-, otra hubiera sido la actitud de la Policía para con la delincuencia, y el Poder Judicial de Tres Arroyos no estaría tan solo para afrontar los embates de cambios jurisdiccionales que hoy sufre.
No está mal que un Intendente cargue contra funcionarios judiciales si él entiende que las cosas se están haciendo mal, porque es su obligación cómo representante de la ciudadanía.
Pero para hacer eso hay un protocolo procedimental a cumplir, que Sánchez, -mal aconsejado-, obvió. No se echan dos jueces con la metodología que se saca al Presidente de un club de barrio, juntando firmas de vecinos, y es imposible que la Procuraduría sancione a una Fiscalía porque solo hubo 28 observaciones de denunciantes sobre 28 mil expedientes tramitados.
Sánchez y Lemble hicieron lo correcto; se reunieron, hubo disculpas mutuas, y el compromiso de trabajar en conjunto, cada uno desde su responsabilidad de competencia para revertir la gran inseguridad que seguimos teniendo todos los tresarroyenses, mas allá de que hoy la Policía tiene mas resultados que hace meses.
El Intendente tiene ahora la oportunidad de concretar en acciones su promesa de apoyar a la Justicia tresarroyense. Y es con respecto al posible traspaso de la jurisdicción a la que pertenece la Justicia local, hoy en Bahía Blanca, hacía Necochea.
Esta versión motivó una reunión días atrás en la Asociación de Abogados, de la que participaron integrantes del Poder Judicial y el Diputado Nacional, doctor Carlos Julio Moreno.
Precisamente el doctor Moreno habló desde la sede de la ADATA con el Ministro de Justicia bonaerense, quien le aseguró que nada de eso ocurrirá y que Tres Arroyos seguirá dependiendo del Departamento Judicial con sede en Bahía Blanca.
Mas allá de los dichos del Ministro Casal, no hay que olvidar que cuando el río suena es porque agua trae, y el intento de llevar a Necochea la jurisdicción sobre la Justicia tresarroyense debe ser real. El hecho de que tiempo atrás la Justicia Federal de la que dependía Tres Arroyos pasara de Bahía Blanca a Necochea es un dato que no puede obviarse en el análisis probabilístico.
El cambio de la jurisdicción de la Justicia de un distrito es una decisión con implicancias operativas en el Poder Judicial, pero de resolución estrictamente política. Es por eso que Tres Arroyos debe hacer uso de todo su potencial político para evitarla.
El martes 30 de diciembre el Ministro de Justicia Provincial recibirá a una delegación tresarroyense compuesta por representantes del Poder Judicial y de la Asociación de Abogados, junto al Diputado Nacional doctor Carlos Julio Moreno.
A ese encuentro deben ir como apoyatura política el Senador Provincial Roberto Fernández, el Intendente Carlos Sánchez, y el Presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Ravella.
Tres Arroyos merecería ser Departamento Judicial, pero por falta de una representación política fuerte hoy la Justicia tresarroyense está relegada al papel de moneda de cambio jurisdiccional.
Los políticos que hoy nos representan en los diferentes niveles tienen la obligación de cambiar esta historia.
No vuelvan a desaprovechar la ocasión.
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.