Gracias a una ley provincial, los Concejales cobraran un porcentual por antigüedad para aquellos que tengan o hayan tenido un empleo público, en cualquiera de los estados nacional, provincial o municipal.
Incluye a docentes, médicos de hospitales públicos e integrantes de los gabinetes comunales, por ejemplo.
Esto tiene que ver con una situación planteada en varios municipios bonaerenses, en los cuales se pagaba esa bonificación por antigüedad sin que estuviera legislado.
Tal situación había motivado que el Tribunal de Cuentas efectuara las observaciones del caso e incluso imputara cargos a los responsables, ante lo que se generaron algunas causas judiciales porque se pretendía la devolución de esos pagos, lo que la misma ley sancionada por la Legislatura provincial también dejó sin efecto.
Esta Ley es un abuso para los bolsillos de los contribuyentes, al menos, desde dos puntos de vista.
Primero porque obliga a pagar hoy al Estado, -que financiamos todos-, un adicional por una antigüedad cumplida en un trabajo anterior al mandato conferido por el voto que están cumpliendo.
Y segundo, -al no exigir la devolución de lo cobrado por este concepto antes de ser consagrado por una Ley-, se viola lo expresado en el Código Civil en cuanto a que las normas legales
no deben ser de aplicación retroactiva.
Esta situación muestra que las Leyes solo tienen retroactividad para el beneficio de los integrantes de la clase política, -en este caso los concejales-, y no para el resto de la población. Lindo mensaje de igualdad de derechos para la comunidad que sostiene el sistema de representación política con sus impuestos.
Pero a lo general que esta Ley permite, no podemos escapar del análisis en particular de nuestro Concejo Deliberante, el cual los hechos lo muestran como “numeroso, caro e improductivo”.
Por qué numeroso?
Porque tiene 18 concejales para un distrito de 70 mil personas. Lomas de Zamora, con una población de 700 mil habitantes solo cuenta con 24 ediles.
Es cierto que el número en relación a la población lo determina una Ley; y, -pese a este nuevo golpe-, no perdemos la esperanza que nuestros representantes, algún día, modifiquen las normas para achicar el gasto político, no solo para cobrar más.
Porque nuestro Concejo Deliberante es caro e improductivo ?
Porque esto no lo define tanto cuanto gana un edil, sino por lo que producen los concejales en sus dos funciones: la de legislar y la de controlar como gasta el Intendente el dinero de los contribuyentes.
La realidad es que no cumple eficazmente ninguna de las dos cosas.
El Legislativo tresarroyense adolece de identidad funcional; salvo excepciones, muestran con sus actos desconocer sus atribuciones.
Por ejemplo, es deber de los ediles controlar que el Ejecutivo no malgaste los fondos públicos al invertir el principio de que “el beneficio de la cosa pública debe ser para lo general y no para lo particular”. Los concejales deberían estar para eso, no para ser jurados de belleza en la elección de una reina.
Otro ejemplo, nuestros legisladores comunales no deben inventar proyectos de ordenanza para que particulares se hagan cargo del mantenimiento de las plazas, sino para exigir al Intendente que mantenga los paseos públicos en condiciones, porque para eso la gente paga sus tasas.
Podríamos estar horas detallando casos en donde el Concejo Deliberante de Tres Arroyos incumple con su obligación de representación institucional de todo el electorado, porque en él están representadas la mayoría y las minorías.
El primero de abril, al iniciarse el período ordinario de sesiones anual, nuestros concejales tendrán la oportunidad de cambiar y demostrar al Pueblo que lo representan como corresponde. De ustedes depende dejar de ser actores secundarios para pasar a convertirse en protagonistas institucionales, como la Ley los obliga y los tresarroyenses esperamos que lo hagan.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
sábado 14 de marzo de 2009
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