El 21 de noviembre del año pasado, en la editorial titulada “Urgente y Necesario”, analizabamos aspectos instrumentales de la nueva Ley de Minoridad, donde las Municipalidades desempeñan un papel fundamental, y el Fuero Penal Juvenil que comenzaba a funcionar días mas tarde.
En aquella oportunidad mencionamos la improvisación con la que el Estado Provincial se manejó con respecto a esta necesaria reforma social y judicial, cuya implementación fue postergando por razones que en la mayoría de los casos se basaban en la falta de fondos.
Hace seis meses mencionamos una serie de indecisiones; idas y venidas demostrativas de que la Provincia no actuaba sobre seguro en esta materia.
Recordamos que en Tres Arroyos faltaban crear los cargos de Fiscal y de Defensor de Menores para que el Fuero Penal Juvenil pueda funcionar centralizadamente, y advertimos que, -a nuestro entender-, los Servicios Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, -la parte preventiva del nuevo régimen de minoridad-, iban a estar desfinanciados, porque, como ocurrió con otras reformas sistémicas, el Gobierno bonaerense descentraliza obligaciones pero sin acompañarlas con los fondos necesarios para funcionar.
Finalmente, eso pasó.
La propia Subsecretaria de Niñez y Adolescencia bonaerense, doctora Tabolaro, quien visitó Tres Arroyos para reunirse con el Intendente, funcionarios judiciales y municipales que atienden la problemática-, admitió que la nueva Ley de Minoridad no está acompañada del financiamiento que requiere.
Estamos realmente en un problema, porque Tres Arroyos tiene una problemática importante en cuanto a Minoridad.
Acá, las cosas se han hecho bien.
Desde la mitad de la primera gestión del Intendente Sánchez, la Municipalidad cuenta con un Servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, -que funciona en la órbita de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social a cargo de la doctora Capellari-, que ha demostrado eficacia en su accionar.
Este servicio cuenta con profesionales capaces y dedicados, pero la tarea es enorme, tanto desde lo cuantitativo como en lo cualitativo.
Son cuatro profesionales que, en promedio, atienden por mes unos 120 casos de niños y adolescentes con problemáticas muy diversas; algunas, socialmente muy complicadas.
Por más profesionalismo y buena voluntad que haya, una relación así implica una saturación del recurso humano disponible y, por ende, una urgente y necesaria reasignación o incorporación de especialistas. Esto, obviamente, implicará una mayor erogación, y es en este punto donde la representación política institucional tresarroyense debe actuar.
El Senador Roberto Fernández y el Diputado Pablo Garate deberían gestionar ante el Gobierno bonaerense el cumplimiento de envíos en las partidas asignadas al funcionamiento de estos servicios o, en caso de que no alcance, ampliar las remesas reasignando partidas del presupuesto bonaerense en ejecución. Es difícil conseguirlo, pero nuestros legisladores están obligados a pedir por nosotros.
Y en el ámbito local, el Intendente Carlos Sánchez y su par de Gonzales Chaves, Daniel Visanni, -donde la justicia local tiene jurisdicción-, deberían hacer las gestiones propias de ejecutivo a ejecutivo contando con pronunciamientos institucionales de los Concejos Deliberantes de ambos distritos.
La Minoridad es un problema de todos, y por ello todos debemos comprometernos a aportar lo que podemos para ir resolviendo lo coyuntural, pero, a la par, ir sobre el orígen del problema.
No podemos seguir actuando sobre las consecuencias.
Es como la salud; la medicina preventiva eficaz permite tener menos enfermos o resolver sus patologías detectándolas a tiempo.
En Minoridad también la prevención es fundamental, y a los chicos hay que tratarlos en el momento que lo necesitan, y en eso hay que destinar los recursos humanos y financieros que se requieren para lograr los objetivos.
Siempre y en todo, pero sobre todo en lo social, actuar ante las consecuencias es caro desde lo económico, y en muchos casos irreversible desde lo humano.
Creemos que la Minoridad es el principal problema a resolver en Tres Arroyos, y que debe ser tratado como una cuestión de Estado Municipal.
Nadie, ni oficialismo ni oposición, deben pretender sacar rédito político con esto.
Lo primero que deben hacer es juntarse y pedir institucionalmente para que la Provincia cumpla enviando los fondos necesarios para sostener el sistema preventivo que la demanda exige tener.
La Minoridad en riesgo sin presupuesto asistencial es la peor combinación, en el momento menos indicado.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
viernes 22 de mayo de 2009
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