MATAR AL MENSAJERO

El juez en lo penal económico Alejandro Catania pidió a siete diarios un listado de los periodistas, con sus teléfonos y direcciones, que hayan escrito sobre la inflación en los últimos seis años.
La medida forma parte de la causa iniciada por una denuncia del Secretario de Comercio de la Nación contra una consultora económica por divulgar datos sobre la inflación que contradicen a los del INDEC.
Recordemos algunos artículos de la Constitución Argentina que resguardan el derecho a informar y ser informado:
"Art. 14: “Todos los habitantes de la Nación…gozan de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…."
“Art. 32: “El Congreso Nacional no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, o establezcan sobre ella jurisdicción federal”.
“Art. 43: “…No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas”.
Además, el magistrado ordenó que la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso diga cómo elaboran el índice de inflación que difunden; Al parecer, el Juez actuante también desconoce el artículo 68 de la Constitución Nacional que dice: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones que emita desempeñando su labor de legislador”.
La ley protege el secreto de la fuente de los periodistas, que a lo sumo pueden ratificar en una declaración el contenido de sus notas, con lo que no quedan claros los motivos de su eventual citación.
El Juez debe investigar sobre la veracidad del mensaje, y para ello tiene los artículos publicados en los archivos de los diarios, e incluso “on line”, a disposición de él o de alguien a quien el juzgado designe para que se tome la molestia de ver qué se publicó sobre la inflación.
El periodismo tiene fallas todos los días; pueden ser involuntarias o a propósito. En éste último caso el Juez puede avanzar sobre la “real malicia”, que es cuando un periodista publica algo que sabe que no verdad, pero es una acción post publicación.
Con el pedido de datos personales de los periodistas a los diarios, lo que provoca la medida judicial es amedrentar al mensajero, paso previo a la autocensura que termina conculcando el derecho de la población a ser informada.
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.