LOS AJUSTADOS DE SIEMPRE

En Argentina hay algo que nunca cambia: los que pagan el ajuste económico por errores de gobiernos anteriores y por el facilismo práctico e insensible de los administradores actuales que recortan. Los jubilados que hoy sufrirán una baja en sus haberes son los mismos que pagaron las fiestas estatales anteriores cuando eran activos trabajadores de la clase media. Hay que ser equitativos y memoriosos en el análisis de este tema. El sistema previsional está en crisis porque el gobierno de Cristina lo desfinanció al usar fondos de ANSES para programas que nada tenían que ver con el pago de haberes a los jubilados y a los pensionados. Pero para equilibrar este sistema el gobierno de Macri debió hacer muchas cosas antes de bajarle el sueldo a los que menos ganan. Si en las Reformas Tributaria (con media sanción) y en la postergada Reforma Laboral hay cuestiones positivas, en la Reforma Previsional el ajuste se impone por todo lo demás. Al cambiar la Ley de Movilidad, en marzo los jubilados solo tendrán un aumento del 5,7 % cuando con la anterior Ley sería del 12 %. Para ser gráficos en un sueldo de $ 10.000 en marzo la suba salarial con la nueva Ley será de $ 570 cuando con la anterior Ley su haber mejoraría en $ 1.200. Con esta Reforma Previsional, -eufemismo de Ajuste Jubilatorio-, en el incremento de haberes que van a tener en marzo los jubilados y pensionados perderán el 52,5 % del aumento salarial que les correspondía con la Ley de Movilidad Anterior. Los números son demasiado claros mostrando el perjuicio salarial a los pasivos, pero lo más grave es que afectará a personas que, antes de este recorte, ya venían cobrando la mitad de lo que cuesta vivir en un mes. El gobierno tenía muchos puntos donde tocar antes de ajustarle a los jubilados y pensionados. Entre ellos, volver a cobrarle retenciones a las mineras. -empresas de afuera que se llevan recursos multimillonarios en procesos que destruyen ecosistemas-; que paguen tributos los que más ganan con la especulación financiera, -los que insolitamente seguirán sin pagar impuestos porque no están incluidos en la Reforma Tributaria-; eliminar las Jubilaciones de Privilegio, -lo que si busca la gobernadora Vidal-, y el Ajuste Político. Como muestra del despilfarro de la clase política nuestra, sin comparar los resultados representativos de los políticos de ambos países porque la diferencia sería un escándalo que nos embroncaría aún más: en Argentina hay 700 mil políticos (uno cada 62 habitantes), y en Alemania hay 150 mil políticos (uno cada 546 habitantes). Otra diferencia enorme que existe entre los políticos germanos y los nuestros es la honorabilidad y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública: hace cinco años, ante un rumor de estar vinculado en un acto de corrupción renunció el presidente de Alemania, mientras que en Argentina ex presidentes con prisión preventiva dictada eluden el accionar de la Justicia refugiándose en los fueros del Senado Nacional. Estuvo mal el gobierno anterior al desfinanciar el sistema previsional, y está mal que el gobierno actual le haga pagar los platos rotos de aquella pésima decisión administrativa a los jubilados, que son los eslabones más débiles del sistema porque no solo son los que menos ganan, además nadie los representa ni los defiende. Lo que ningún Argentino con sentido común quiere volver a ver es el triste espectáculo de agresiones físicas, a edificios institucionales y a bienes de particulares que hubo frente al Congreso y en otros puntos de la Capital Federal. Con el argumento de estar en contra de la Reforma Previsional hicieron vandalismo a discreción. Ahí no había jubilados que reclamaran por verse afectados tras trabajar durante gran parte de su vida. Esas criminales acciones las hizo gente entre los que seguramente encontremos a varios que al trabajo lo vieron a distancia, y deben ser castigados severamente. Junto a familiares, los jubilados y pensionados afectados por la Reforma Previsional salieron a rechazarla en cacerolazos que se realizaron con total normalidad. Ellos son gente que ha construido este país, por eso, aún indignados, no destruirían lo que les costó tanto edificar. Esta es otra realidad que al hacer el ajuste el gobierno debió considerar. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.

JUSTICIA Y POLÍTICA

El juez Bonadío provocó un terremoto institucional y político al procesar y dictar la prisión preventiva de la ex presidente, Cristina Fernández viuda de Kirchner, acusándola de traición a la patria al encubrir el atentado a la AMIA al firmar el memorándum con Irán, que el magistrado ve como un intento de beneficiar a los terroristas que provocaron 85 muertos y 300 heridos. La causa es la denuncia que el Fiscal Nisman hizo pocos días antes de aparecer muerto en su casa, en un hecho aún no esclarecido pero que tiene pericias determinándolo como un asesinato. El gobierno de la hoy acusada, -a quien el juez pidió el desafuero como senadora nacional-, lo definió desde un primer momento como un “conveniente” suicidio. Hay otros doce procesados, entre ellos el ex canciller Héctor Timermann (con prisión domiciliaria por cuestiones de salud), y seis con prisión preventiva efectiva, cómo el ex subsecretario Legal y Técnico de Cristina y candidato a vicepresidente, Carlos Zaninni, y el dirigente piquetero Luis D´elia. La resolución del Juez Bonadío, -quien tramita otras causas por corrupción contra la ex presidente-, es lo que la sociedad espera de un magistrado: que avance sobre los poderosos. Desde la lógica ciudadana nadie objetaría eso, pero en lo técnico en Bonadío aparecen acciones personales que podrían, incluso, invalidar su trabajo. Tiene una manifiesta animadversión con Cristina, y ella con él. Se han dicho de todo a través de los medios. El problema es que un juez no debería haber dicho mediáticamente lo que dijo sobre alguien que está juzgando, porque eso podría ser usado para recusarlo por prejuzgamiento. Hasta ahora este recurso de la defensa de la ex presidente fue rechazado, pero puede haber una instancia a recurrir que lo acepte y el proceso quede sin efecto. Cristina acusa a Bonadío de ser un instrumento judicial a las órdenes del presidente Macri. En mi opinión eso no es así. El gobierno no maneja a este juez y tampoco a otros. Macri aprendió del error inicial de pretender poner magistrados en la Corte Suprema por decreto, y se mantiene al margen respetando la independencia de poderes; como debe ser. Pero eso no quita que haya jueces que en el marco del cumplimiento de su deber de buscar justicia, por enconos personales hagan acciones, como manejar tiempos procesales, y eso puede favorecer a otros de rebote, como lo fue con “Cambiemos” en lo electoral. El gobierno necesitaba alguien con quien polarizar el comicio, y Cristina era la candidata ideal. En la propaganda política era la rival perfecta: la jefa del gobierno anterior manchado por actos de corrupción. Si Bonadío pedía la prisión preventiva antes de las elecciones se habría concretado porque Cristina no tenía fueros, pero eso implicaba que no podría ser la candidata opositora que el gobierno precisaba. Reitero que a mi entender Bonadío no cumplió órdenes de Macri, pero si lo pudo favorecer en lo electoral por decisiones temporales al hacer su trabajo como juez federal. Y ante eso surge una conclusión: si se determina que Bonadío al retardar su acción contra Cristina la favoreció al permitirle acceder al estado de imnumidad judicial que le dan los fueros de senadora, algo debería hacerse con un juez que asegura permanecer en libertad a un acusado que pudo haber detenido. Para que nadie tenga dudas en un país donde abundan las sospechas, lo conveniente sería que el Consejo de la Magistratura evalúe lo actuado por el juez Bonadío, quien inició el trámite para jubilarse. Es saludable que se juzgue a quienes se sospecha que cometieron delitos en la función pública; de eso hablamos en la editorial de hace dos semanas, titulada “Mani Pulite”, pero la población espera que los procesos judiciales se hagan bien, asegurando que, de probarse culpabilidad, los culpables vayan a la cárcel, no que queden impunes por errores de procedimiento. Otro tema que vuelve a surgir es la impunidad bajo la forma de fueros legislativos. Y planteamos lo mismo que hicimos en el caso De Vido: por qué los fueros parlamentarios protegen penalmente a los que son investigados por delitos presuntamente cometidos antes de asumir como legisladores ? Eso es una incoherencia legal que viola el principio de igualdad ante la ley, y debe ser corregida. Las instituciones tienen la consideración popular que la moral de sus integrantes le aportan en el ejercicio de su función. De la “banelco” de principios de los 2.000 hasta el actual refugio legal de ex presidentes, el Senado de la Nación está muy desprestigiado. Pero parece que tampoco esta vez la cámara alta aprovechará la circunstancia para lavarse en ética, porque el PJ anunció que no aprobará el desafuero de Cristina que pidió Bonadío; y el gobierno, ante la necesidad de que el PJ lo acompañe en las reformas que se votarán este mes evitará hacer grandes actos de “moralina” en el Senado. Las resoluciones del juez Bonadío ponen a la clase política en un brete. Los gobiernos sabían que la Justicia no los molesta mientras están en el poder, pero ahora si saben que después los investiga y los condena. El espíritu de cuerpo de protección cuasimafiosa de la política institucional ante una Justicia que es capaz de juzgarlos y apresarlos, no habla bien de la honestidad de nuestros políticos. Si la dirigencia de un país permite que una institución tan vital para una Democracia, como lo es el Senado nacional, se convierta en la cueva de Alí Babá, donde algunos de sus integrantes se refugian en los fueros legislativos para eludir a la Justicia, entonces continuaremos siendo un mero “país bananero”, ya que la definición de nación republicana nos seguirá quedando demasiado grande. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.

REFORMAS

Luego de ganar las elecciones, el presidente Macri avanzó sobre una serie de reformas. Son la laboral, la previsional y la impositiva. En las reformas planteadas predomina la impronta de mirar todo desde el punto de vista empresarial; sobre todo con la óptica de los CEOs, cuya visión de túnel ya le trajo dolores de cabeza a “Cambiemos”. Es lógico que un gobierno busque imponer encuadres legales basados en su ideología; pero el estado central debe entender que el apoyo electoral no es un cheque en blanco para avasallar derechos. La discusión sobre cuestiones que afectarán la vida de los Argentinos deben estar abierta al consenso, aceptando correcciones que equilibren situaciones y no condenen a nadie a caer en su nivel de vida. El fin de la Democracia es acordar, no imponer. En las tres reformas hay cosas positivas y otras no tanto. Los jubilados son perjudicados, porque con el cambio en la forma de pago en proporción el año próximo recibirán un aumento menor al que iban a cobrar por la Ley de Movilidad. Esto no es lectura probabilística, sino lo que muestra el Presupuesto Nacional 2018 en el ítem Seguridad Social. Acá debe aparecer la racionalidad. No es justo que a un jubilado que gana una mínima menor al costo de una canasta alimentaria mensual le apliquen un ajuste, mientras sigan pagándose jubilaciones de privilegio a ex políticos y ex funcionarios del poder judicial. En ambos casos cuando ejercían sus cargos cobraron sueldos muy altos generando jubilaciones muy superiores a la media. Según el informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso, ex integrantes de la Corte Suprema cobran jubilaciones de privilegio cercanas a los $ 400 mil, mientras una jubilación mínima es de solo $ 7.246. La diferencia es tan injusta como vergonzante, y debe ser corregida. En la reforma impositiva aparecen cuestiones que son positivas, como bajar la presión impositiva a los dadores de empleo y gravar la renta financiera. Pero en este último caso quedarían exentos de pagar los Fondos Comunes de Inversión y las acciones que cotizan en Bolsa, que es donde invierten los que más tienen. Eso hay que modificarlo; ellos también deben pagar el impuesto a la especulación. En la reforma laboral se apunta al blanqueo de personal y eso es positivo. El proyecto reformista tiene 144 artículos, entre los cuales hay cuestiones lógicas y positivas y otras que los gremios entienden como perjudiciales y hasta violatorias. Admitimos que las tres reformas son necesarias, pero remarcamos algo: “deben hacerse con equilibrio social, el que solo puede surgir de los consensos políticos basados en la realidad de la vida diaria de la mayoría de la población Argentina, no de los análisis de mercadotécnia de los CEOs.” Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

EL MENSAJE DEL ARA SAN JUAN

Aunque la esperanza es lo último que se pierde, la posibilidad de que los tripulantes del submarino San Juan aún estén con vida es casi nula. La realista lógica lleva a esa nefasta conclusión. Los accidentes en submarinos no son comunes, pero tampoco infrecuentes. Grandes potencias bélicas como EEUU y Rusia han perdido naves de este tipo con sus tripulaciones completas. Trascendió que el ARA San Juan sufrió un incendio el martes 14 de noviembre por la noche, pero que a las 7,30 de la mañana siguiente el capitán de la nave reportó que el fuego se controló con daños mínimos y que la tripulación estaba bien. Ante eso su jefatura le ordenó seguir rumbo a la base en Mar del Plata. El submarino nunca más se comunica, y acá surge la primera cuestión anormal vista desde un observador externo a la fuerza. Porque cumplir un protocolo que determina la no comunicación por tanto tiempo desde una nave que tuvo una emergencia, sobre todo un submarino que sufrió un incendio ? Lo lógico sería estar en comunicación permanente, y en caso de que la nave siniestrada no responda salir a buscarlos de inmediato. La Armada ha estado bien en la comunicación pública. La tarea la desempeña el Capitán Enrique Balbi, quien siempre estuvo presto y medido en sus conceptos. Si hubo un error grave de la jefatura de la Armada hacia el gobierno nacional. El Ministro de Defensa se enteró de que había un submarino perdido a través del periodismo y no por el titular de la fuerza. Eso es inadmisible, porque no solo incumple con la cadena de mandos ya que el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación, también provoca un retraso en el pedido de ayuda internacional que se canaliza a través del poder ejecutivo central. En la búsqueda surge algo insólito. Se tardó una semana en preguntarle al organismo mundial que escucha ruidos no naturales en el fondo del mar si en la zona donde desapareció el submarino hubo un ruido no natural. La respuesta fue que minutos antes de las 11 del 15 de noviembre, -tres horas después de la última comunicación del ARA San Juan-, cerca de ahí hubo un ruido compatible a una explosión. Al ente que actúa como oído oceánico para saber si alguien hace pruebas nucleares en el mar, tiene acceso directo e inmediato un Argentino que es funcionario del gobierno de la nación, ya que es el embajador en Austria. Entonces, por qué tardaron una semana en hacerle la pregunta obvia a la institución global que podría haber esclarecido lo que pasó con el ARA San Juan desde el primer día ? Será la Justicia la encargada de responsabilizar por los errores procedimentales en la respuesta a la emergencia y en lo administrativo sobre la condición operativa actual del submarino y en la reparación de “media vida” que se le hizo durante el gobierno anterior. Hoy la prioridad es hallar la nave y salvar a quien esté con vida si el milagro se impone a la lógica, o extraer los cuerpos para que sus familias, sus camaradas y todo el pueblo Argentino despida a los marinos con los honores que se merecen. Pero hay que entender y no olvidar el mensaje que ya deja el ARA San Juan. Desde el abismo líquido el grito silencioso de sus 44 marinos clama por racionalidad: que un país que cuenta con un territorio oceánico tan extenso a custodiar debe destinar muchos más fondos para la Armada y para la Prefectura. Nuestros representantes políticos deben debatir ya sobre el rol de las Fuerzas Armadas en su conjunto, y su necesaria rejerarquización presupuestaria. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.

"MANI PULITE"

El proceso judicial “Manos Limpias”, -“Mani Pulite” en italiano-, descubrió en 1.992 una muy extensa red de corrupción que implicaba a funcionarios del gobierno y empresarios de Italia. La investigación que llevó a cabo el Fiscal Antonio Di Pietro investigó a 4.500 poderosos, procesó a 3.200 y condenó a más de 1.200 por corrupción. El “Mani Puliti” italiano se hizo hace 25 años, y aún hoy es el ejemplo más acabado de que la corrupción sistémica debe ser desbaratada para defender a la población honesta y a la moral de un país ante el resto de las naciones del mundo. La corrupción acumulada en el último lustro en Argentina puede que sea aún peor que la de hace un cuarto de siglo en Italia; pero recién ahora nuestra Justicia se acordó de que está para servir a la ciudadanía, y no para proteger a corruptos mirando para otro lado o lentificando causas. Hay un ex vicepresidente de la nación, -Amado Boudou-, y el ministro clave de tres gestiones presidenciales, -Julio De Vido-presos por una serie de causas que tienen como denominador común la corrupción. Uno por su alto ex cargo y el otro por el poder que tuvo durante más de una década representan los dos pesos pesados del ex gobierno K entre rejas. Antes de ellos hubo otros condenados de esa gestión, uno icónico, como el titular de transporte, Ricardo Jaime, que dependía de De Vido. Y seguramente habrá más encarcelados porque los hechos de corrupción ventilados de la administración nacional anterior son numerosos. Claro que para que el “Mani Pulite” argentino sea como el italiano no basta con apresar a quienes cobraban la coima, sino también a quienes la pagaban, que en algunos casos puede que propusieran el cohecho. En Italia hace 25 años mandaron a la cárcel a los dos extremos de la corruptela de la obra pública y las compras del estado: el que recibía el sobre y el que le ponía el dinero dentro. Antonio Di Pietro, -el Fiscal del proceso de Italia-, remarcó que “los ciudadanos deben exigir a los jueces que actúen”, y así debe ser. Siempre debe ser así. La Justicia no debe esperar a que se vaya un gobierno para acelerar las causas contra los ex gobernantes, sino investigarlos durante el ejercicio de su función, como ocurre en Brasil. Dar más herramientas judiciales a los jueces para investigar la corrupción estatal es una buena idea que está incluida en el proyecto del gobierno sobre el nuevo Código Penal. En mi opinión, además de severas condenas por el delito y por haber defraudado la confianza pública, debería incluirse una cuestión central, que es la de asegurar que el enriquecimiento ilícito que se les pruebe, tanto al funcionario que cobró la coima como al empresario o prestador de servicios que la pagó, se les sea expropiado y reingrese al estado, es decir, a las arcas propiedad de todos los Argentinos. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

DOMINGO ELECTORAL COLOR AMARILLO

El domingo 22 de octubre se realizaron las elecciones de medio término, claves para la gobernabilidad del gobierno nacional. Tras casi dos años de administración Macri el electorado evaluaba su gestión. Y “Cambiemos” aprobó con creces. A nivel país amplio en siete puntos la diferencia a su favor que ya había tenido en las PASO. Ahora fue de 22 puntos cuando en agosto esa diferencia fue de 15 puntos. En la provincia de Buenos Aires se dio lo que uno pensó que iba a pasar: muchos votos del binomio Massa-Stolbizer se mudaron hacia Cambiemos. Pero eso explica solo poco mas de la mitad de los siete puntos que el oficialismo aumentó desde la PASO a la elección general; la otra mitad la obtuvo de lograr captar a la mayor parte de la gente que no había votado, o convencer a muchos de los que lo hicieron en blanco en agosto pasado. En Tres Arroyos las legislativas confirmaron lo que avisó la elección de agosto, aunque con dos datos importantes con vistas a la Ejecutiva de 2019: se amplió el liderazgo de “Cambiemos” y se agravó la declinación del Movimiento Vecinal. En sintonía con lo ocurrido en nación y provincia la oferta local de “Cambiemos” creció más de 7 puntos desde las PASO. Segundo volvió a ser 1País, que aumentó casi en dos puntos su caudal electoral. Volvió a salir tercer el Movimiento Vecinal, quien perdió una veintena de votos en relación a las primarias. Y cuarto repitió Unidad Ciudadana, pero que también creció en relación a lo logrado en agosto, achicando la diferencia con el vecinalismo a apenas poco más de 200 sufragios. “Cambiemos” superó ampliamente la prueba del primer voto de análisis de gestión. Tanto Macri en Nación como Vidal en la provincia de Buenos Aires tuvieron el respaldo para afirmar su gobernabilidad y, en gran medida, asegurar sus reelecciones dentro de dos años. La “ola amarilla de votos” también se dio en Tres Arroyos, donde “Cambiemos” tuvo un ascenso meteórico, logrando resultados que los ponen en el mejor lugar para ir en busca del gobierno municipal en 2.019. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.