domingo, 26 de noviembre de 2017

EL MENSAJE DEL ARA SAN JUAN

Aunque la esperanza es lo último que se pierde, la posibilidad de que los tripulantes del submarino San Juan aún estén con vida es casi nula. La realista lógica lleva a esa nefasta conclusión. Los accidentes en submarinos no son comunes, pero tampoco infrecuentes. Grandes potencias bélicas como EEUU y Rusia han perdido naves de este tipo con sus tripulaciones completas. Trascendió que el ARA San Juan sufrió un incendio el martes 14 de noviembre por la noche, pero que a las 7,30 de la mañana siguiente el capitán de la nave reportó que el fuego se controló con daños mínimos y que la tripulación estaba bien. Ante eso su jefatura le ordenó seguir rumbo a la base en Mar del Plata. El submarino nunca más se comunica, y acá surge la primera cuestión anormal vista desde un observador externo a la fuerza. Porque cumplir un protocolo que determina la no comunicación por tanto tiempo desde una nave que tuvo una emergencia, sobre todo un submarino que sufrió un incendio ? Lo lógico sería estar en comunicación permanente, y en caso de que la nave siniestrada no responda salir a buscarlos de inmediato. La Armada ha estado bien en la comunicación pública. La tarea la desempeña el Capitán Enrique Balbi, quien siempre estuvo presto y medido en sus conceptos. Si hubo un error grave de la jefatura de la Armada hacia el gobierno nacional. El Ministro de Defensa se enteró de que había un submarino perdido a través del periodismo y no por el titular de la fuerza. Eso es inadmisible, porque no solo incumple con la cadena de mandos ya que el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación, también provoca un retraso en el pedido de ayuda internacional que se canaliza a través del poder ejecutivo central. En la búsqueda surge algo insólito. Se tardó una semana en preguntarle al organismo mundial que escucha ruidos no naturales en el fondo del mar si en la zona donde desapareció el submarino hubo un ruido no natural. La respuesta fue que minutos antes de las 11 del 15 de noviembre, -tres horas después de la última comunicación del ARA San Juan-, cerca de ahí hubo un ruido compatible a una explosión. Al ente que actúa como oído oceánico para saber si alguien hace pruebas nucleares en el mar, tiene acceso directo e inmediato un Argentino que es funcionario del gobierno de la nación, ya que es el embajador en Austria. Entonces, por qué tardaron una semana en hacerle la pregunta obvia a la institución global que podría haber esclarecido lo que pasó con el ARA San Juan desde el primer día ? Será la Justicia la encargada de responsabilizar por los errores procedimentales en la respuesta a la emergencia y en lo administrativo sobre la condición operativa actual del submarino y en la reparación de “media vida” que se le hizo durante el gobierno anterior. Hoy la prioridad es hallar la nave y salvar a quien esté con vida si el milagro se impone a la lógica, o extraer los cuerpos para que sus familias, sus camaradas y todo el pueblo Argentino despida a los marinos con los honores que se merecen. Pero hay que entender y no olvidar el mensaje que ya deja el ARA San Juan. Desde el abismo líquido el grito silencioso de sus 44 marinos clama por racionalidad: que un país que cuenta con un territorio oceánico tan extenso a custodiar debe destinar muchos más fondos para la Armada y para la Prefectura. Nuestros representantes políticos deben debatir ya sobre el rol de las Fuerzas Armadas en su conjunto, y su necesaria rejerarquización presupuestaria. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.

domingo, 19 de noviembre de 2017

"MANI PULITE"

El proceso judicial “Manos Limpias”, -“Mani Pulite” en italiano-, descubrió en 1.992 una muy extensa red de corrupción que implicaba a funcionarios del gobierno y empresarios de Italia. La investigación que llevó a cabo el Fiscal Antonio Di Pietro investigó a 4.500 poderosos, procesó a 3.200 y condenó a más de 1.200 por corrupción. El “Mani Puliti” italiano se hizo hace 25 años, y aún hoy es el ejemplo más acabado de que la corrupción sistémica debe ser desbaratada para defender a la población honesta y a la moral de un país ante el resto de las naciones del mundo. La corrupción acumulada en el último lustro en Argentina puede que sea aún peor que la de hace un cuarto de siglo en Italia; pero recién ahora nuestra Justicia se acordó de que está para servir a la ciudadanía, y no para proteger a corruptos mirando para otro lado o lentificando causas. Hay un ex vicepresidente de la nación, -Amado Boudou-, y el ministro clave de tres gestiones presidenciales, -Julio De Vido-presos por una serie de causas que tienen como denominador común la corrupción. Uno por su alto ex cargo y el otro por el poder que tuvo durante más de una década representan los dos pesos pesados del ex gobierno K entre rejas. Antes de ellos hubo otros condenados de esa gestión, uno icónico, como el titular de transporte, Ricardo Jaime, que dependía de De Vido. Y seguramente habrá más encarcelados porque los hechos de corrupción ventilados de la administración nacional anterior son numerosos. Claro que para que el “Mani Pulite” argentino sea como el italiano no basta con apresar a quienes cobraban la coima, sino también a quienes la pagaban, que en algunos casos puede que propusieran el cohecho. En Italia hace 25 años mandaron a la cárcel a los dos extremos de la corruptela de la obra pública y las compras del estado: el que recibía el sobre y el que le ponía el dinero dentro. Antonio Di Pietro, -el Fiscal del proceso de Italia-, remarcó que “los ciudadanos deben exigir a los jueces que actúen”, y así debe ser. Siempre debe ser así. La Justicia no debe esperar a que se vaya un gobierno para acelerar las causas contra los ex gobernantes, sino investigarlos durante el ejercicio de su función, como ocurre en Brasil. Dar más herramientas judiciales a los jueces para investigar la corrupción estatal es una buena idea que está incluida en el proyecto del gobierno sobre el nuevo Código Penal. En mi opinión, además de severas condenas por el delito y por haber defraudado la confianza pública, debería incluirse una cuestión central, que es la de asegurar que el enriquecimiento ilícito que se les pruebe, tanto al funcionario que cobró la coima como al empresario o prestador de servicios que la pagó, se les sea expropiado y reingrese al estado, es decir, a las arcas propiedad de todos los Argentinos. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.