domingo, 26 de agosto de 2018

PARODIA REPUBLICANA

Ni el guionista de Hollywood más imaginativo podría haber escrito un guion para una película que se parezca a ciertos hechos de la realidad Argentina: el de la corrupción estatal es uno de ellos. Está todo lo imaginable: poderosos abusando de su posición para hacer negocios con otros poderosos igualmente inescrupulosos con el dinero de terceros: del Pueblo. Pero, además, tiene actores secundarios o de importancia estructural casi nula que terminan siendo protagonistas excluyentes, como un ex funcionario detenido cuando quería esconder en un convento bolsas con casi 10 millones de dólares, o el chofer de un colega del anterior que anotaba en cuadernos baratos operaciones ilegales multimillonarias. Todo ciudadano razonable quiere que vayan a prisión quienes cometieron delitos, y que los fondos públicos apropiados vuelvan al estado. La sensación dominante en la población es que corrupción hay en todos los gobiernos, pero que durante el kirchnerismo se estableció un sistema para optimizarla en operatividad y maximizarla en cantidad. Es la Justicia quien debe probar si eso fue así, y sancionar a quien corresponda. La cuestión pasa por si nuestro sistema punitorio está en condiciones de satisfacer esa demanda de la gente. Para lograr ese objetivo debe haber funcionarios judiciales probos y capaces, los que dispongan de las herramientas legales necesarias. La Justicia es la base que sustenta el equilibrio en una sociedad, y debe ser independiente de todos los otros actores sociales. Los fiscales y los jueces deben investigar y aplicar la Ley a todos por igual. Si hay privilegios, ya no hay Justicia, y, por ende, tampoco hay Nación. La investigación judicial de la corrupción gubernamental es lo que debe hacerse en un país institucionalmente normal. Pero para lograr probarla legalmente el Poder Judicial tiene que estar a la altura de las circunstancias y no cometer errores. La investigación sobre presunta corrupción en el gobierno anterior tiene muchos elementos que pueden hacerla naufragar, defraudando así a la expectativa popular que espera un “el que las hace las pague”. El Juez Bonadío, que lleva adelante cinco de las seis causas contra la ex presidente de la Nación, hizo afirmaciones que muestran su animadversión hacia su investigada. Eso puede implicar que una recusación por obrar con presunta parcialidad lo saque de la causa. En el caso del Fiscal Stornelli, ha hecho declaraciones mediáticas con valorizaciones públicas de pruebas que exceden el recato que una instrucción judicial debería tener. No debe olvidarse que fue funcionario del gobernador Scioli; si habla tanto y tan abiertamente de esta causa, quizá aliente alguna posibilidad de que alguien encuentre un elemento revanchista en su proceder y también sea objeto de recusación y apartamiento. Uno espera que quienes tienen en sus manos tan altas responsabilidades, no incurran en yerros tan básicos que conspiren contra su propio desempeño. La causa parece avanzar, y eso es alentador, pero sigue habiendo procedimientos extraños. La confesión de los arrepentidos bajo la figura del “imputado colaborador” puede servir, pero llama la atención. Que alguien que confiesa haber cometido un delito quede libre, no es la mejor señal ante una sociedad que clama por una justicia realmente igualitaria. La determinación de responsabilidades en el acto de coimear es parecido al que fue primero: el huevo o la gallina ?. Fue el funcionario que le exige al empresario un pago para adjudicarle el contrato, o fue el empresario para “cartelizar” a su empresa pagando la coima para asegurarse que le adjudiquen la obra ? En el cohecho hay dos partes que delinquen: el que cobra y el que paga: Y sin el segundo no existe el primero; pero los empresarios que admiten ante la justicia haber pagado coimas quedan en libertad. Es cierto que Jueces y Fiscales deben cumplir con los protocolos procedimentales, y al hablar evitar caer en la posibilidad de prejuzgar para que la causa avance, pero también necesitan de herramientas válidas para hacer su trabajo. El hecho de que tengan que esperar a que el Senado apruebe allanamientos a uno de sus integrantes es un absurdo institucional. Las requisas que la Justicia hace en los domicilios deben hacerse con la premura y el secretismo necesarios para hallar algo si está ahí. Para cuando el Senado aprobó estos allanamientos, publicitados hasta el cansancio por los medios, la posibilidad de que esas requisas tuvieran resultados positivos se redujeron a la nada. En mi caso personal, nunca entendí por qué los fueros parlamentarios, -que están para cubrir legalmente a un diputado o un senador en el ejercicio de su función legislativa-, blindan legalmente a esa persona en causas judiciales por supuestos delitos cometidos antes de asumir como legislador. La frutilla del postre sobre todo esto la dio el propio Senado cuando trató la extinción de dominio, que es la Ley que permitirá recuperar lo despojado al estado en actos de corrupción, además de lavado de dinero y narcotráfico. “Cambiemos” quería que la extinción de dominio tenga vigencia en las causas en trámite, pero en la votación primó el criterio del peronismo de que sea para las investigaciones por los presuntos hechos de corrupción que se denuncien a partir de la sanción de la Ley, que ahora debe volver a ser tratada en su cámara de origen: Diputados, donde fue presentada por el Frente Renovador y aprobada en 2016. La extinción de dominio no retroactiva implica no incluir en su aplicación a todos los actos de corrupción que hubieren ocurrido en el anterior gobierno, aunque la Justicia los pruebe y aplique condenas. Tampoco aplicaría para los supuestos actos de corrupción que se pudieron haber cometido en los casi tres años del gobierno de Macri. El accionar del Senado de la Nación en esta cuestión confirma la sensación popular de que la clase política se cubre asimisma, y la gente, que sufre las penurias de otra crisis económica por los errores del gobierno actual, empieza a sentir que también va a ser defraudada en la esperanza de ver justicia en la investigación del festival de la obra pública financiado con el dinero de todos nosotros. En todo esto hay una contradicción increíble. Mientras que por los fueros un legislador tiene inmunidad legal sobre lo que pudo haber hecho antes de asumir, la devolución de lo obtenido indebidamente es de acá en adelante. La impunidad incluye al pasado, lo mal habido es para el futuro. La República Argentina: una Parodia Republicana. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

domingo, 19 de agosto de 2018

TIJERETAZO A DISCRECION

Hace exactamente un mes, -en la editorial titulada “Tipo de Corte”-, hablamos del ajuste que se vendría para 2019, y mencionamos que las municipalidades terminarían siendo las más perjudicadas de un achique tipo dominó, que comienza en el gobierno nacional y termina en el de las comunas pasando por las provincias. Pero cuando todavía falta más de un cuatrimestre para terminar el año ya se vio el primer tijeretazo: al eliminar la Nación el fondo solidario de la soja. El anuncio fue coincidente con la llegada al país de la misión del FMI que vino para auditar las cuentas del estado. Ese fondo fue creado por decreto presidencial durante el gobierno anterior (19 de marzo de 2009) y el objetivo era reforzar la inversión en infraestructura en provincias y municipios. Para eso se destinaba a este fondo el 30 % de lo que la administración central recauda por derechos de exportación de los granos de soja y el 27 % de harinas y aceites de esa misma oleaginosa. La decisión del gobierno nacional de eliminar el fondo solidario de la soja implica que los gobiernos provinciales y municipales perderán unos mil millones de dólares para hacer obras. En el caso de Tres Arroyos, nuestro municipio dejará de recibir $ 10 millones. En los nueve años transcurridos desde su aplicación, la municipalidad local invirtió ese dinero para llevar a cabo obras de servicios en barrios y arreglar o crear espacios públicos. Tuvo el fin social que se buscaba. No es un dato menor el hecho de que por la producción de soja Tres Arroyos aporte casi $ 800 millones en impuestos, y ya ni siquiera se dispondrá de los $ 10 millones que retornaban para mejorar la calidad de vida de la población. Este chaparrón fuerte anuncia un diluvio por venir: el del recorte discrecional de fondos para 2019. De los $ 100 mil millones del ajuste que deben hacer las Provincias, un tercio de eso lo tendrá que hacer la de Buenos Aires. Y ante eso ya deberían estar sonando las alarmas en las comunas, porque es más que obvio que la coparticipación provincial sufrirá una gran poda. Los fondos coparticipables representan mucho en los presupuestos municipales, y una caída interanual importante del volumen de esas remesas, luego de un año con una inflación real superior al 30 %, pondría las cuentas en rojo hasta del municipio mejor administrado. En la provincia de Buenos Aires debería haber ya una movida de ejecutivos municipales y legislativos, -tanto de concejales como de legisladores provinciales-, de los 135 municipios para forzar al gobierno provincial y a los diputados y senadores nacionales por nuestro territorio que tengan consideración al elaborar el presupuesto 2019, el que tendrá la impronta del ajuste masivo exigido por el FMI. La discusión sobre esto recién empieza, pero debe haber un protagonismo presencial para evitar que los grifos se cierren como pretenden cerrarlos. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

domingo, 12 de agosto de 2018

REFORMA JUDICIAL BONAERENSE

Hay noticias que predominan y dejan en un segundo plano al resto. Y, en general, las noticias de alcance nacional son portada permanente, mientras que las bonaerenses quedan relegadas. Por eso hay temas importantes que duran poco en los medios, y que rara vez se actualizan. La reforma judicial en la provincia de Buenos Aires es uno de ellos. La reforma la propone el gobierno bonaerense y fue anunciada por María Eugenia Vidal hace poco más de cuatro meses. Por supuesto que técnicamente es amplia y este espacio queda muy reducido para hablar en profundidad al respecto, pero en líneas generales el proyecto de un nuevo Código Procesal Penal se basa en la consideración de las víctimas de delitos. Entre los cambios que se propone está la posibilidad de conocer, e incluso tener participación en las decisiones que el juez tome en el proceso, sobre todo en el caso del juicio abreviado cuando se otorguen beneficios al victimario, como la libertad condicional o disponer de un régimen de salidas transitorias. La iniciativa reformista del gobierno de Vidal también busca reducir la cantidad de recursos que dispone hoy un delincuente para evitar ir a la cárcel pese a ser condenado. En lo que se refiere a lo Civil y Comercial, la reforma del gobierno provincial pretende una adaptación al nuevo Código, y con cambios en la forma de los juicios para acortar los plazos de los procesos. En lo que atañe al fuero Laboral se propone cambiar los juicios por tribunales de tres jueces por el de un solo juez, lo que acortaría bastante los tiempos de resolución. Para bajar el número de los litigios laborales que llegan a juicio se propone aplicar una instancia mediadora: el “Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria”, que sería una etapa administrativa previa al juicio buscando con ella resolver los casos menores con acuerdos de partes. Aprovechando la informatización de la población, el proyecto de reforma judicial de la gestión Vidal también propone una especie de control ciudadano al generar un mapa judicial disponible en Internet, para que la gente pueda ingresar y consultar, entre otras cosas, cuantas causas tiene cada juzgado y su promedio resolutivo. Trascendió que el gobierno provincial intentará también reestructurar el Poder Judicial para redistribuir juzgados en base a criterios de necesidad operativa. La reforma judicial en nuestra provincia es un tema complejo, con muchísimas aristas a considerar: la autarquía judicial es una de ellas. Una Justicia independiente empieza a serlo de verdad cuando dispone autónomamente de sus fondos, sin depender de la discrecionalidad del poder político de turno. Es obvio que hay numerosas cuestiones a mejorar en el Poder Judicial; que tiene una deuda con una sociedad que a veces se siente indefensa por partida doble: cuando sufre un delito, y luego cuando entiende que a su victimario, -si es que se lo detiene-, no se lo castiga debidamente. La reforma judicial es un tema de suma importancia para todos los bonaerenses. Esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y hagan su trabajo para que salga de la mejor forma posible. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

domingo, 5 de agosto de 2018

NEGLIGENCIA MORTAL

No existen los hechos fortuitos. Todo lo que ocurre en nuestra sociedad es a consecuencia del accionar del ser humano, ya sea por acción u omisión. Tragedia es la forma de llamar a un hecho donde hay muertos; pero esa palabra nunca puede definir la causa de lo ocurrido. Una pérdida de gas provocó una explosión en la escuela N° 49 de Moreno que causó la muerte de la vicedirectora y de un auxiliar docente. El estallido fue tan violento que al cuerpo de la mujer lo hizo volar más de 70 metros. Lo ocurrido motivó un paro docente al día siguiente; la medida de fuerza con mayor adhesión desde hace muchos años. La explicación del gobierno provincial fue extraña. El Director General de Educación bonaerense, -con rango ministerial-, Gabriel Sánchez Zinny, en la entrevista radial que le hizo el periodista Ernesto Tenembaum afirmó que “desde hace unos meses, y debido a irregularidades que se denunciaron a la Justicia, se intervino el Consejo Escolar de Moreno. No tiene actividad en términos de arreglar las escuelas”. Pareciera que en un intento de sacarse responsabilidades exculpando al funcionario que puso, o dio el aval, como interventor, el Ministro centra el foco hacia la gestión que integra: el gobierno bonaerense, aunque en ese marco culpa por la no reparada pérdida de gas en la escuela que explotó la semana pasada a la administración anterior de Scioli; un gobierno desastroso, pero que se fue hace más de dos años y medio. Después, el funcionario provincial alega en su defensa que “por la pérdida de gas en esa escuela no hay ningún reclamo hecho ante la Dirección de Infraestructura Escolar provincial”, -que es la que debe intervenir en los arreglos de escuelas en esa jurisdicción municipal por estar intervenido el organismo distrital a cargo de eso-. “Hablamos con el Consejo Escolar de Moreno para ver que intervención tuvo en esa escuela”, agregó Sánchez Zinny. Un minuto después de aclarar que el intervenido Consejo Escolar de Moreno no actúa en los arreglos en escuelas, el mismo Ministro afirma que le preguntaron a ese Consejo Escolar si tenía reclamos para reparar la pérdida de gas en la escuela que explotó. Después del giro Shakespereano del “ser o no ser”, el funcionario bonaerense siguió con afirmaciones que más que aclarar oscurecen. En un intento de mostrar que se actuó ante el problema en la escuela donde después se produjo el estallido, dijo: “el miércoles a la tarde (el día anterior a la explosión) un gasista fue a mirar la escuela”. Pero si por la intervención el Consejo Escolar de Moreno no tramitaba arreglos en escuelas y ante el Ministerio de Educación provincial no había reclamos por esa pérdida, quien envió al gasista a la escuela un día antes que volara ? El gasista declaró a la prensa que lo contrató “de palabra” el Consejo Escolar de Moreno, pero para arreglar las estufas no para verificar pérdidas en las cañerías de gas. El mismo organismo que según el Ministro Sánchez Zinny “no intervenía en arreglos de escuelas” contrató “sin contrato” a un gasista para hacer reparaciones en escuelas. Con lo cual acá aparece una doble falta, si es que, cómo da a entender el gasista, le pagaban en negro. Un Consejo Escolar intervenido por presuntos manejos irregulares de fondos paga arreglos que por la intervención le correspondería abonar directamente a la Provincia ? Más allá de la pobre y enredada explicación del funcionario provincial al hablar por los medios después de lo que pasó, lo importante es que nunca más se produzcan negligencias como las que terminaron con la explosión de esta escuela donde murieron dos personas. Es obvio que la Escuela N° 49 de Moreno no era la única del territorio bonaerense con pérdidas de gas. De hecho, en esa misma entrevista periodística el Ministro Sánchez Zinny admitió no saber cuántos establecimientos tienen el mismo problema que la escuela de Moreno. "No tenemos ese dato", admitió el responsable de las escuelas bonaerenses. La realidad muestra que son muchos los establecimientos educativos de nuestra provincia donde los problemas de infraestructura los convierten en un peligro para alumnos y docentes. Ante el llamado de atención de lo irremediable, la gobernadora Vidal, además de cambiar a un Ministro que admite desconocer lo que debe saber, tendría que ordenar realizar una urgente auditoría de todas las escuelas para determinar lo que debe repararse, -sobre todo los potencialmente mortales sistemas de gas y energía eléctrica-, y redireccionar partidas presupuestarias para hacerlo ya. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.