HACIA EL DEJA VU ?

Esta semana el INDEC dará a conocer el índice inflacionario de septiembre, cifra que los consultores estiman en un 6 %. Será el mes del año con más inflación, superando el récord de agosto que alcanzó 3,9 %, según la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La inflación real acumulada este año podría llegar al 50 %; una enormidad que superó cualquier previsión, desde la extremadamente optimista del Banco Central de Sturzenegger con una proyección del 12 %, -que le siguió la casi inmediata corrección de Dujovne que la llevó al 15 %-, hasta los pronósticos más agoreros que situaban el incremento del costo de vida para este año en un 25 %. Con una inflación del 50 % y paritarias que en los mejores casos cerraron con aumentos del 25 %, hoy nos enfrentamos a un panorama que muestra la pérdida de un cuarto del poder adquisitivo de un asalariado en solo un año. El derrumbe de la economía por la abrupta caída del consumo es por esto. Un achique de liquidez excepcional que se suma al 15 % que se acumuló en 2016 y 2017. Para intentar reactivar la economía hay que recomponer salarios. Pero como se hace en momentos en que las ventas caen ? La única salida rápida es bajar la presión impositiva en quienes dan empleo, y que esa diferencia se vuelque a los sueldos. El gobierno es quien debe hacer eso. Sabe que puerta abrir para redistribuir intentando frenar la recesión. Lo que ahora está en discusión es que si la llave para abrir esa y otras puertas que lleven a soluciones a favor de la población todavía la tiene el gobierno o ya forma parte del llavero internacional del Fondo Monetario. Si es esto último, la puerta de la disminución impositiva para quienes producen y generan trabajo no se abrirá, y, además se cerrarán otras. La inflación es un problema para la gente y las administraciones provinciales y municipales. No tanto para el gobierno nacional que es el que recauda el IVA, y, si bien baja el consumo cuantitativo de productos el gasto por valor no desciende tanto y así se mantienen elevados índices recaudatorios sustentados por el impuesto al valor agregado. Otra medida de urgencia social sería bajar o eliminar el IVA a los alimentos básicos; pero eso, con el FMI bajando línea, no ocurrirá. En Argentina la suba de los precios es multicausal, aunque el precio del dólar es determinante porque dispara las devaluaciones. Pero también es un factor multiplicador de precios la suba de los combustibles, repetitiva desde que el gobierno desreguló el mercado hace un año. Acá aparece algo que demuestra que el gobierno enfrenta un encierro en un laberinto que en gran medida construyó quedándose en el medio mientras lo hacía. Es urgente y necesario recomponer los haberes y reactivar así el consumo. Si no se logra, 2019 tendrá muchos puntos de contacto con sufrimientos no tan lejanos. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

LA INJUSTA JUSTICIA DE LOS PODEROSOS

"No tiene sentido decir que los hombres son iguales ante la ley, cuando es la ley mantenedora de su desigualdad.". La frase de Ramiro de Maetzu se aplica perfectamente al fallo de la Cámara de Casación por el cual se absuelve al ex presidente Carlos Menem, quien en 2017 fue condenado a siete años de prisión por el delito de contrabando agravado de armas durante su gestión. Pero su defensa apeló el fallo ante la Corte Suprema entendiendo que no se había cumplido con el "doble conforme", que es una garantía que tiene el imputado para que en caso de ser condenado su fallo sea revisado por una instancia superior. La Corte dio lugar a esa solicitud, y tras dejar sin efecto la sentencia contra Menem volvió la causa a Casación, que ahora decidió exonerar al ex presidente Menem, interpretando que se superó el "plazo razonable" para llegar a una condena firme. La denuncia contra Menem data de 1995. Se tardó 22 años en aplicarle una condena, la que nunca se cumplirá porque hay laberintos judiciales que determinan que un poderoso, en este caso un ex presidente de la Nación, no vaya preso. Vinculado a este caso está la explosión del 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, que causó 7 muertos, 300 heridos y la destrucción de parte de la localidad. Siempre se dijo que la volaron para ocultar el faltante de las armas contrabandeadas. La Justicia de Córdoba determinó que fue una explosión intencional y en diciembre de 2014 condenó a cuatro militares por "estrago doloso", aplicando penas de entre 13 y 10 años de prisión. La investigación judicial nunca pasó del ámbito de la fábrica de armamentos. Hacía arriba, donde residía el poder, reinó la impunidad. Carlos Menem disfruta de la inmunidad de los fueros parlamentarios ya que es senador nacional. Comparte el mismo ámbito legislativo que la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández viuda de Kirchner, sobre quien pesan varias investigaciones judiciales, algunas mas avanzadas que otras. Con respecto a Cristina hubo una declaración de un funcionario del gobierno que llamó la atención. El Ministro de Justicia, Germán Garavano, se manifestó en contra de que la Justicia pida el desafuero de la hoy senadora para aplicarle la prisión preventiva. Las palabras de Garavano, -que por su cargo pueden entenderse como una sugerencia directa al juez que juzga a la ex presidente-, fueron poco felices desde todo punto de vista. Dijo: "No es bueno para el país el desafuero y prisión preventiva de Cristina". Lo que no es bueno para el país es que a quien la Justicia le pruebe haber cometido delitos, se llame Menem, Fernández viuda de Kirchner o Macri, evada la condena judicial. Los dichos de Garavano hicieron montar en cólera a Elisa Carrió, socia electoral de Cambiemos. Y en esta Lilita tiene razón: no puede haber en el gobierno un doble discurso sobre la corrupción estatal. Si hace poco más de dos meses, cuando estalló la causa de los cuadernos, el presidente Macri afirmó: "no debe haber impunidad para nadie", en alusión a que su primo estaba involucrado, como puede ser que ahora, el Ministro de Justicia de Macri se pronuncie en contra de acciones judiciales en el marco de causas de corrupción ? El apoyo del presidente a su funcionario ante los palos de Carrió muestran el por qué de lo dicho por Garavano: "al gobierno le conviene que Cristina siga libre y sea candidata el año que viene". Privilegiar una conveniencia electoral por el principio de convivencia social igualitaria basado en una justicia independiente e imparcial, es uno de los peores mensajes que puede dar quien representa al Pueblo. Aunque esa palabra figure en la denominación de nuestro país, sin iguales ante la Ley nunca llegaremos a ser de verdad una República. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

EL CERO COMO META INALCANZABLE

Los datos sobre pobreza que dio a conocer el INDEC muestran que la crisis social de Argentina se agrava: 27,3 % de pobreza y 4,9 % de indigencia totalizan un 32,2 % de personas con las necesidades básicas insatisfechas. El organismo oficial estadístico muestra credibilidad, porque sus números son coincidentes con los de la Universidad Católica Argentina que al 30 de junio situaba al conjunto de pobres e indigentes en el 33 %. Claro que para ambos casos falta algo importante y que surgirá en la próxima actualización de los índices de la problemática: es la megadevaluación del mes pasado, la que, seguramente, habrá agravado en algunos puntos más la caótica situación social de millones de connacionales. En comparación interanual al cierre del primer semestre, en un año la pobreza e indigencia aumentó un 6,5 %; y podría llegar a un 10 % por el efecto del último gran aumento del dólar que actúa como otro factor multiplicador de la suba de inflación. Que uno de cada tres Argentinos tenga sus necesidades básicas insatisfechas en un territorio que produce alimentos para diez veces su población es vergonzoso. La principal culpa es de política-institucional, y está estratificada en el actual gobierno y en todos los anteriores. Nadie resolvió este problema; todos lo agravaron con políticas que aumentaron el número de pobres o lo ocultaron en asistencialismos masivos. El gobierno de Macri prometió pobreza cero y eso es imposible. Se puede entender como gancho de campaña, pero no se lo puede seguir usando cuando se gobierna aplicándose medidas que generan más pobreza. En su entorno, alguien debería aconsejar al presidente a no afirmar "nuestra meta seguirá siendo reducir la pobreza", media hora después que el INDEC informó que cada vez hay más pobres. Pero más allá de los errores en la estrategia de comunicación oficial, lo que más preocupa es que se hace a partir de ahora para no agravar la pobreza y la indigencia e ir resolviendo los problemas existenciales al tercio de la población que la padece. El pueblo sufre la coyuntura, también creada por la dirigencia gobernante, -la actual y la anterior-, pero la solución que se busca a eso es mejorar los datos macro económicos, y para eso la única receta que aparece es el ajuste estatal centrado en masivos despidos. Cómo siempre, la política sigue estando ausente del ajuste: ellos generan las crisis y después hacen que las pague la población: la historia que se repite siempre en la Argentina circular. Es urgente y necesario un acuerdo general para soportar socialmente lo que se vendrá en 2019. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.