MEDIDA LÓGICA PERO INCOMPLETA

Hace una semana, en la editorial titulada “Tarifas infladas por impuestos” destacamos que las subas tarifarias estaban, además, incrementadas por una carga impositiva excesiva, improcedente y en algunos casos ilógica. Ese mismo día el presidente Macri pidió eliminar impuestos a los servicios, y la primera que lo hizo fue María Eugenia Vidal. Por decreto la gobernadora eliminó dos resoluciones de gobiernos militares. Una de ellas fue la que criticamos en la editorial anterior, el Decreto Ley N° 9038 aplicado en 1978 y que implicaba gravar con un 3 % (después se elevó al 5,5 %) los consumos de energía eléctrica para crear el fondo que financiara la construcción de la “Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava”, en el área de Bahía Blanca. Una obra que debía estar terminada a principios de los años 80’ y nunca se hizo. El otro Decreto Ley que eliminó Vidal es el N° 7290 y databa de 1967, por el que se creó un Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Con lo que eliminó la gobernadora la factura de luz para los hogares (faltaría generalizarlo) se abaratará en un 15,5 %. Podría bajar más si la legislatura bonaerense aprueba el proyecto enviado por Vidal para sacar otros impuestos que se cobran desde hace 20 años, pero en este caso hay resistencia porque eso representa que municipalidades y prestatarias pierdan ingresos. En el caso del gas, la eliminación impositiva que aplicó el gobierno bonaerense implica un ahorro del 6,3%. En este caso sigue existiendo un problema para todas las facturas de servicios, y es el IVA, un tributo nacional que con su 21 % representa la mayor parte única de carga tributaria. Macri pidió a gobernadores e intendentes que eliminen los impuestos que les corresponde a su jurisdicción, pero el presidente no toca el IVA. Un “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago” que causó enojo entre mandatarios provinciales y jefes comunales. La discusión impositiva en los servicios es muy importante, pero también debe darse la otra, la de cuanto cuesta llevar la luz, el gas, el agua o lo que sea a un hogar. La cuestión es muy técnica pero alguien debe esclarecerla, y no pareciera que en las audiencias públicas que se hacen antes de los aumentos tarifarios eso ocurra. En los 90’ Menem privatizó todo, y se crearon organismos cuya función era defender a los usuarios al controlar que los servicios se brinden eficientemente y a un precio justo por parte de las empresas a las que el estado delegó la prestación. A mediados del año pasado, un amplio informe del diario “La Nación”, titulado “Los servicios públicos, controlados por una estructura ineficiente y obsoleta”, decía lo siguiente: “Años de intervenciones, funcionarios elegidos a dedo, pésima gestión, escasa representatividad de los usuarios, cambios y emparches en los contratos de concesión y, sobre todo, falta de independencia, fueron algunos de los problemas que los aquejaron. Varios de ellos ya no tienen sentido o se han tornado abstractos. La reforma profunda está fuera de agenda.” Para que los servicios concesionados se presten correctamente deben estar controlados por organismos totalmente independientes, imposibles de ser controlados por el estado y cooptados por las empresas prestatarias. Algún día se podrá ver algo así en Argentina ? Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné

TARIFAS INFLADAS POR IMPUESTOS

Los tarifazos de gas aplicado por el gobierno nacional y el de energía eléctrica impuesto por la administración bonaerense, provocaron que la bronca se enquiste en quienes cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. El combo inflación permanentemente alta, suba repetida de tarifas, impuestazos, incremento mensual de combustibles en un mercado desregulado, y sueldos que rinden cada vez menos hace caer el consumo y crea angustia en la población. Los servicios debían actualizarse porque estaban muy atrasados, y eso implicaba mayor gasto para los usuarios por dos conceptos, uno era la actualización del costo real de la prestación y el otro la eliminación de subsidios que debía compensarse con una suba proporcional en la tarifa. La cuestión era como se hacía la actualización tarifaria. El gobierno prometió gradualismo; la realidad muestra que fue más abrupta que gradual, y encima serial. Lo que no se dice cuando se habla de los aumentos de tarifas es el análisis de cómo está conformada la factura de luz, de gas o del servicio que sea. Una parte se refiere al costo de producción, transporte, distribución y mantenimiento, y la otra a la carga impositiva que se aplica. Lo primero es lo que cuesta todo el proceso hasta que en casa prendemos la luz, encendemos una hornalla o abrimos una canilla. Eso es muy técnico y, por ende, de comprobación alejada del común de la gente. Para eso están los organismos de control. Lo que si puede estar demás en una factura de un servicio es algo o gran parte de los gravámenes. En una factura de gas hay un componente del 33 % en impuestos, donde el 21 % de IVA es la carga tributaria más importante. En la factura de energía eléctrica el componente impositivo alcanza al 48 %, con ítems que se aplicaron en gobiernos militares y cuya permanencia es insólita, como el gravamen adicional del 5,5 % al consumo de energía eléctrica que se cobra desde abril de 1978 para financiar la construcción de la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava, una obra que nunca se hizo. En el año 1.997, -durante la gobernación de Eduardo Duhalde-, se aprobó el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, y no solo se confirmó el pago de ese impuesto para algo que ya por entonces hacía casi 20 años que se debía, sino que se crearon nuevos recargos a los consumidores para eximir del pago de gravámenes a los prestatarios. En estos dos servicios hablamos de impuestos nacionales y bonaerenses; ya es hora de que los legisladores de las dos jurisdicciones traten de definir que carga impositiva corresponde que se aplique en los servicios y cual no tiene sentido que se cobre, para que lo pagado por los consumidores se refiera solamente a lo que cuesta el proceso de llevar el gas, la luz, o lo que sea hasta sus viviendas. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné

PUNTO CRÍTICO

Hace casi un año, en la editorial del 22 de abril de 2.017, -titulada “Tercera Guerra Mundial”-, señalabamos lo siguiente: “Por el contexto, hay hechos que se sabe que ocurrirán; la incógnita es cuando. Al término de la primera guerra mundial, el tratado de Versalles, que impuso a Alemania exorbitantes indemnizaciones que la ahogarían económicamente, preanunciaba que los germanos se alzarían de nuevo y habría otro conflicto bélico peor aún que el anterior. Lo que nadie podía imaginarse era que el líder del Tercer Reich alemán iba a ser Adolf Hitler, el mayor criminal de la historia humana. Y el baño de sangre que desató fue de dimensiones únicas. En las últimas semanas hubo dos hechos que sacudieron a un mundo plagado de violencia e injusticias. El primer acto de barbarie fue un bombardeo aéreo de Siria, y, quizás también de Rusia, a una localidad controlada por la guerrilla que lucha contra el ejército sirio. Los aviones lanzaron bombas con gas sarín, lo que provocó unos 100 muertos, -30 de ellos niños-, y casi 800 heridos.” El segundo hecho que mencionamos en esa nota de opinión de un año atrás era una llamativa contienda verbal entre jefes de estado. Los presidentes de EEUU, Rusia y Corea del Norte aseguraban tener el arma más potente de destrucción masiva. Siguen haciendo esas bravuconadas de pandilleros. Cómo ocurrió hace un año, un ataque con armas químicas del ejército sirio a un bastión rebelde causó decenas de muertos, muchos de ellos niños. La respuesta de EEUU, el Reino Unido y Francia fue la de bombardear plantas de elaboración de armas químicas de Siria. El ataque en las ciudades de Damasco y Homs fue quirúrgico para no dañar a personal o material bélico ruso que está ahí en apoyo del gobierno sirio, pero igual provocó que civiles mueran o sufran heridas. La guerra civil en Siria lleva siete años y causó medio millón de muertos, un millón de heridos y desplazamientos migratorios masivos. Que este conflicto interno continúe, se agrave por el uso de armas prohibidas contra poblaciones civiles y se internacionalice con apoyos facciosos o ataques de coaliciones formadas por países cuyos Congresos no aprobaron previamente la incursión militar, es una muestra más de que la ONU es un organismo nulo para resolver políticamente diferendos bélicos entre países o luchas internas. Ese vacío institucional se llena con decisiones unilaterales de invasiones o ataques por parte de EEUU, -siempre apoyado por los británicos y los galos-, o de Rusia que decide por si solo apoyar facciones en disputa, como en Siria. Tras el ataque de la coalición de la madrugada del sábado, los analistas están seguros de que Rusia responderá, lo que no se sabe cómo y cuando lo hará. Hoy EEUU y Rusia (en aquellos tiempos soviéticos) vuelven a estar como en la época de la crisis de los misiles en Cuba, a comienzos de los 60’, que fue donde más cerca se estuvo de que comenzara la Tercera Guerra Mundial. Es el Punto Crítico. En otro párrafo de la editorial de hace un año remarcábamos lo siguiente: “Según especialistas, entre Rusia, EEUU, el Reino Unido, Francia, Alemania, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte hay 17.200 cabezas nucleares en misiles preparados para dispararse; el 94 % de ese arsenal lo tienen Rusia y EEUU. A eso hay que sumar las bombas termonucleares; las no nucleares pero de extrema capacidad de daño, y las armas químicas y bacteriológicas. Científicos estiman qué si se detona el 10 % de todas las armas de destrucción masiva, además de la muerte y los daños que producirían en donde estallarían, crearían reacciones medioambientales que provocarían la extinción de casi toda la vida en el planeta Tierra.” La Tercera Guerra Mundial es más que probable que se produzca, y en poco tiempo teniendo en cuenta que varios de los países con mayor poder bélico son liderados por megalómanos insensibles o dictadores delirantes. Es muy factible que el enfrentamiento se divida en ejes: un occidental encabezado por EEUU, Gran Bretaña, Francia y más aliados, y otro oriental conformado por Rusia, China, y Corea del Norte con apoyo de algunos países árabes como Irán y Siria. No hay líderes religiosos ni instituciones globales que puedan evitar que la Tercera Guerra Mundial se produzca. Quizás la única posibilidad de evitarla sea que las poblaciones de todos los países del mundo salgan a la calle para reclamar a sus gobiernos que insten a los que tienen la capacidad armamentística de destruir el mundo a dialogar, para intentar hallar soluciones antes de ordenar lanzar sus misiles. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné

SAQUEN EL "HONORABLE"

El escándalo estalló ahora, pero el sistema se aplica desde hace muchos años. Y se centró en diputados, pero la misma prerrogativa tienen los senadores. Es la posibilidad que los legisladores nacionales cuentan de poder canjear por dinero los pasajes que no usan de los 40 que tienen disponibles por mes, -20 de avión y 20 de colectivos-. Esto les supone a nuestros máximos representantes legislativos recibir un sobre sueldo de entre $25 mil y $40 mil, que se suma a los $ 93 mil de haberes. Por este motivo desde hace quince años al Congreso se lo llama “la agencia de turismo más grande del país”; y el canje de pasajes lo usaron todos los que en ese lapso fueron o son diputados y senadores. Además, los legisladores que viven a más de 100 kilómetros del Congreso cobran otros casi $ 20 mil por desarraigo, un concepto retributivo que tenía sentido cuando viajaban en carreta y se iban de sus casas por meses, pero que hoy, en la era de los aviones y del contacto por dispositivos en tiempo real, deja de tener sentido. Este complemento de salarios que se dan diputados y senadores no es ilegal; si es cuestionable desde lo ético, y puede rotularse de inmoral al compararlo con la cada vez peor situación económica de la mayoría de los Argentinos por la permanentemente elevada inflación y los tarifazos repetidos. Desde hace más de una década insistimos en que lo primero que debe ajustarse es la política. Solo tiene que quedar el costo necesario para que las instituciones funcionen y eliminarse el gasto improductivo, que es descomunal y que no solo pasa por el canje de los pasajes, sino por masivos nombramientos a dedo, la contratación de una legión de asesores, abusos en la utilización de servicios, étc, étc, étc. Volviendo al tema del canje de los pasajes surge que esta burla debió eliminarse con el cambio de gobierno, porque precisamente “Cambiemos” nos prometió ser distinto y no repetir lo que hicieron mal sus precedentes en el poder; pero nos encontramos con que el oficialismo nacional, que preside las dos cámaras legislativas, avaló que siguiera este festival de gasto público y también acompañó la decisión de actualizar los valores de canje de pasajes, lo que ocurrió en julio del año pasado (Res. N° 498/2017). Además, según los medios nacionales la lista de los legisladores que más obtuvo con el canje de pasajes en 2.017 la encabeza una integrante de la coalición gubernamental: Elisa Carrió, quien percibió $355 mil, casi $30 mil de sobre sueldo por mes. Otra deuda del gobierno sobre el ajuste político es la ejemplaridad. Un dato que surgió en un informe del diario “Clarín” sobre viajes al exterior: en enero y febrero, donde no hay sesiones, hubo ocho legisladores (casi todos del oficialismo) a los que el pueblo Argentino les pagó pasajes para viajar al exterior. Este año la Cámara de Diputados preveía gastar en el ítem donde está el canje de pasajes $92.937.058. En el Senado pasa lo mismo, aunque el gasto total es menor porque en la cámara alta hay 72 representantes y en la baja 257. Pero la diferencia no sería tanta, porque, según publicó “Infobae”, el Senado duplica el valor de canje de pasajes utilizado en Diputados. Ante el escándalo por el despilfarro legislativo de los sobre sueldos encubiertos, solo Diputados reaccionó ante la queja de la gente, y lo hizo mal. La prensa nacional informó que la “corporación política legislativa” resolvería seguir cobrando lo mismo que les ingresaba por el canje de pasajes pero bajo el concepto de “gastos de movilidad”. Un mero cambio de nombre del ítem en el presupuesto sería la solución que los legisladores encontraron para evitar dejar de cobrar algo que perciben sin que les corresponda. Vergonzoso. Siempre lo mismo: el ajuste lo paga la población, pero nunca los políticos. Un Poder Legislativo que se maneja de esta manera y con el agravante de tener miembros condenados por la justicia que evaden la cárcel por tener fueros, es una institución carente de legitimidad institucional. Por ende, si no van a cambiar sus conductas por lo menos sincérense y quiten el “Honorable” al nombre de las cámaras de diputados y de senadores. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

DEBERIA SER AUTOVIA

A fines de enero de este año el gobierno nacional hizo oficial el llamado a licitación de la primera etapa de obras de la “Red de Autopistas y Rutas Seguras”, que con una inversión de 17 mil millones de dólares se hará a través del sistema de participación pública y privada (PPP). Si bien el rótulo se refiere a autopistas, en realidad son autovías, porque lo que se hará no es una construcción nueva sino ampliar y hacer segura a una carretera preexistente. Mientras que a pedido de las empresas la construcción de la autovía sobre la ruta 3 sufrió un atraso administrativo, ya que para definir costos más precisos la licitación se postergó del 3 al 20 de abril, pero la fecha de inicio de obra se mantiene en el próximo mes de julio, considero necesario reinstalar un tema que hace a la defensa de nuestros derechos de igualdad como bonaerenses: debería ser autovía también entre Azul y Coronel Dorrego. Pero en el tramo en el cual Tres Arroyos está incluido se va a invertir menos porque la autovía será reemplazada por una “ruta segura”, una modalidad de seguridad vial que registra casuística de choques frontales, por ende no es tan segura como se asegura que es. Esta mega obra no se repetirá en décadas, si es que se hace, por eso hay que aprovechar la oportunidad para hacer contemplar todos los aspectos, sobre todo el prioritario de brindar la máxima seguridad posible a los que la transitan en toda su extensión, no en un tramo si y en otro no, porque quienes circulan entre Azul y Dorrego tienen el mismo derecho de hacerlo por una autovía que los que lo harán en donde si se prevé realizarla. El proyecto determina ejecutar una autovía desde donde ya está, Cañuelas, hasta Azul y desde Coronel Dorrego a Bahía Blanca. Según estudios de especialistas, la autovía, al tener separación entre los carriles de sentido de circulación contraria elimina la posibilidad de choques frontales, los que representan el 70 % de las colisiones y el 90 % de los accidentes con muertos o heridos graves. Entre Azul y Dorrego se hará una “ruta segura”, que es una carretera con banquinas pavimentadas para ampliar la traza y facilitar sobre pasos o tener más vías de escape para evitar impactos de frente. Pero al no existir separación física entre quienes van y vienen el choque frontal sigue siendo una posibilidad real. No es justo que a los distritos incluidos en la “ruta segura” se nos discrimine no haciendo también en el tramo Azul – Dorrego la autovía. Cómo le explican a una persona que perdió a familiares en un choque frontal en este tramo que no es necesario invertir el dinero que se requiera para hacer una autovía y evitar que su sufrimiento lo padezca otra familia? Paradójicamente, los distritos en donde no se hará la autovía son los que, en la relación densidad poblacional – producto bruto interno, más aportan al estado nacional y provincial. Se daría el insólito caso de que los partidos que más generan en lo económico al mismo tiempo que se les niega una seguridad vial igualitaria, terminen financiando la construcción de la autovía en otros distritos. Pero, además, el presidente Macri prometió que se haría una autovía también en el tramo entre Azul y Bahía Blanca. En agosto del año pasado, -pocos días antes de las PASO-, el presidente de la Nación en un acto en Azul dijo lo siguiente: “Nos pusimos el objetivo de los 20.000 kilómetros de rutas. La ruta 3 va a ser autopista de Cañuelas a Bahía Blanca. Nos interesa que viajen seguros”, remarcó Mauricio Macri junto a la gobernadora Vidal. Como puede ser que una promesa de campaña hecha por el propio jefe de estado hace ocho meses se incumpla ? Quién manda en el gobierno nacional, el presidente Macri que prometió hacer la autovía completa hasta Bahía Blanca o el que hace el pliego licitatorio dejando sin autovía al tramo Azul – Dorrego ? En Tres Arroyos hay un movimiento que pide lo lógico: que ese tramo también sea autovía. Esta movida debería ser replicada por los habitantes, entidades intermedias y representantes políticos, ya sean municipales o legislativos, de todos los distritos afectados por la mencionada discriminación de seguridad vial. La licitación del tramo que nos compete se hará a mediados de este año. Hay tiempo para actuar buscando cambiar las cosas defendiendo nuestros derechos de igualdad. En Tres Arroyos hay cuatro legisladores provinciales. Los de “Cambiemos” tienen la posibilidad de gestionar directamente, y los de “Unidad Ciudadana” y “1País” presentar, o insistir si lo han hecho, iniciativas en Diputados para pedir que la autovía también se haga entre Azul y Dorrego. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.