TIJERETAZO A DISCRECION

Hace exactamente un mes, -en la editorial titulada “Tipo de Corte”-, hablamos del ajuste que se vendría para 2019, y mencionamos que las municipalidades terminarían siendo las más perjudicadas de un achique tipo dominó, que comienza en el gobierno nacional y termina en el de las comunas pasando por las provincias. Pero cuando todavía falta más de un cuatrimestre para terminar el año ya se vio el primer tijeretazo: al eliminar la Nación el fondo solidario de la soja. El anuncio fue coincidente con la llegada al país de la misión del FMI que vino para auditar las cuentas del estado. Ese fondo fue creado por decreto presidencial durante el gobierno anterior (19 de marzo de 2009) y el objetivo era reforzar la inversión en infraestructura en provincias y municipios. Para eso se destinaba a este fondo el 30 % de lo que la administración central recauda por derechos de exportación de los granos de soja y el 27 % de harinas y aceites de esa misma oleaginosa. La decisión del gobierno nacional de eliminar el fondo solidario de la soja implica que los gobiernos provinciales y municipales perderán unos mil millones de dólares para hacer obras. En el caso de Tres Arroyos, nuestro municipio dejará de recibir $ 10 millones. En los nueve años transcurridos desde su aplicación, la municipalidad local invirtió ese dinero para llevar a cabo obras de servicios en barrios y arreglar o crear espacios públicos. Tuvo el fin social que se buscaba. No es un dato menor el hecho de que por la producción de soja Tres Arroyos aporte casi $ 800 millones en impuestos, y ya ni siquiera se dispondrá de los $ 10 millones que retornaban para mejorar la calidad de vida de la población. Este chaparrón fuerte anuncia un diluvio por venir: el del recorte discrecional de fondos para 2019. De los $ 100 mil millones del ajuste que deben hacer las Provincias, un tercio de eso lo tendrá que hacer la de Buenos Aires. Y ante eso ya deberían estar sonando las alarmas en las comunas, porque es más que obvio que la coparticipación provincial sufrirá una gran poda. Los fondos coparticipables representan mucho en los presupuestos municipales, y una caída interanual importante del volumen de esas remesas, luego de un año con una inflación real superior al 30 %, pondría las cuentas en rojo hasta del municipio mejor administrado. En la provincia de Buenos Aires debería haber ya una movida de ejecutivos municipales y legislativos, -tanto de concejales como de legisladores provinciales-, de los 135 municipios para forzar al gobierno provincial y a los diputados y senadores nacionales por nuestro territorio que tengan consideración al elaborar el presupuesto 2019, el que tendrá la impronta del ajuste masivo exigido por el FMI. La discusión sobre esto recién empieza, pero debe haber un protagonismo presencial para evitar que los grifos se cierren como pretenden cerrarlos. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

REFORMA JUDICIAL BONAERENSE

Hay noticias que predominan y dejan en un segundo plano al resto. Y, en general, las noticias de alcance nacional son portada permanente, mientras que las bonaerenses quedan relegadas. Por eso hay temas importantes que duran poco en los medios, y que rara vez se actualizan. La reforma judicial en la provincia de Buenos Aires es uno de ellos. La reforma la propone el gobierno bonaerense y fue anunciada por María Eugenia Vidal hace poco más de cuatro meses. Por supuesto que técnicamente es amplia y este espacio queda muy reducido para hablar en profundidad al respecto, pero en líneas generales el proyecto de un nuevo Código Procesal Penal se basa en la consideración de las víctimas de delitos. Entre los cambios que se propone está la posibilidad de conocer, e incluso tener participación en las decisiones que el juez tome en el proceso, sobre todo en el caso del juicio abreviado cuando se otorguen beneficios al victimario, como la libertad condicional o disponer de un régimen de salidas transitorias. La iniciativa reformista del gobierno de Vidal también busca reducir la cantidad de recursos que dispone hoy un delincuente para evitar ir a la cárcel pese a ser condenado. En lo que se refiere a lo Civil y Comercial, la reforma del gobierno provincial pretende una adaptación al nuevo Código, y con cambios en la forma de los juicios para acortar los plazos de los procesos. En lo que atañe al fuero Laboral se propone cambiar los juicios por tribunales de tres jueces por el de un solo juez, lo que acortaría bastante los tiempos de resolución. Para bajar el número de los litigios laborales que llegan a juicio se propone aplicar una instancia mediadora: el “Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria”, que sería una etapa administrativa previa al juicio buscando con ella resolver los casos menores con acuerdos de partes. Aprovechando la informatización de la población, el proyecto de reforma judicial de la gestión Vidal también propone una especie de control ciudadano al generar un mapa judicial disponible en Internet, para que la gente pueda ingresar y consultar, entre otras cosas, cuantas causas tiene cada juzgado y su promedio resolutivo. Trascendió que el gobierno provincial intentará también reestructurar el Poder Judicial para redistribuir juzgados en base a criterios de necesidad operativa. La reforma judicial en nuestra provincia es un tema complejo, con muchísimas aristas a considerar: la autarquía judicial es una de ellas. Una Justicia independiente empieza a serlo de verdad cuando dispone autónomamente de sus fondos, sin depender de la discrecionalidad del poder político de turno. Es obvio que hay numerosas cuestiones a mejorar en el Poder Judicial; que tiene una deuda con una sociedad que a veces se siente indefensa por partida doble: cuando sufre un delito, y luego cuando entiende que a su victimario, -si es que se lo detiene-, no se lo castiga debidamente. La reforma judicial es un tema de suma importancia para todos los bonaerenses. Esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y hagan su trabajo para que salga de la mejor forma posible. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

NEGLIGENCIA MORTAL

No existen los hechos fortuitos. Todo lo que ocurre en nuestra sociedad es a consecuencia del accionar del ser humano, ya sea por acción u omisión. Tragedia es la forma de llamar a un hecho donde hay muertos; pero esa palabra nunca puede definir la causa de lo ocurrido. Una pérdida de gas provocó una explosión en la escuela N° 49 de Moreno que causó la muerte de la vicedirectora y de un auxiliar docente. El estallido fue tan violento que al cuerpo de la mujer lo hizo volar más de 70 metros. Lo ocurrido motivó un paro docente al día siguiente; la medida de fuerza con mayor adhesión desde hace muchos años. La explicación del gobierno provincial fue extraña. El Director General de Educación bonaerense, -con rango ministerial-, Gabriel Sánchez Zinny, en la entrevista radial que le hizo el periodista Ernesto Tenembaum afirmó que “desde hace unos meses, y debido a irregularidades que se denunciaron a la Justicia, se intervino el Consejo Escolar de Moreno. No tiene actividad en términos de arreglar las escuelas”. Pareciera que en un intento de sacarse responsabilidades exculpando al funcionario que puso, o dio el aval, como interventor, el Ministro centra el foco hacia la gestión que integra: el gobierno bonaerense, aunque en ese marco culpa por la no reparada pérdida de gas en la escuela que explotó la semana pasada a la administración anterior de Scioli; un gobierno desastroso, pero que se fue hace más de dos años y medio. Después, el funcionario provincial alega en su defensa que “por la pérdida de gas en esa escuela no hay ningún reclamo hecho ante la Dirección de Infraestructura Escolar provincial”, -que es la que debe intervenir en los arreglos de escuelas en esa jurisdicción municipal por estar intervenido el organismo distrital a cargo de eso-. “Hablamos con el Consejo Escolar de Moreno para ver que intervención tuvo en esa escuela”, agregó Sánchez Zinny. Un minuto después de aclarar que el intervenido Consejo Escolar de Moreno no actúa en los arreglos en escuelas, el mismo Ministro afirma que le preguntaron a ese Consejo Escolar si tenía reclamos para reparar la pérdida de gas en la escuela que explotó. Después del giro Shakespereano del “ser o no ser”, el funcionario bonaerense siguió con afirmaciones que más que aclarar oscurecen. En un intento de mostrar que se actuó ante el problema en la escuela donde después se produjo el estallido, dijo: “el miércoles a la tarde (el día anterior a la explosión) un gasista fue a mirar la escuela”. Pero si por la intervención el Consejo Escolar de Moreno no tramitaba arreglos en escuelas y ante el Ministerio de Educación provincial no había reclamos por esa pérdida, quien envió al gasista a la escuela un día antes que volara ? El gasista declaró a la prensa que lo contrató “de palabra” el Consejo Escolar de Moreno, pero para arreglar las estufas no para verificar pérdidas en las cañerías de gas. El mismo organismo que según el Ministro Sánchez Zinny “no intervenía en arreglos de escuelas” contrató “sin contrato” a un gasista para hacer reparaciones en escuelas. Con lo cual acá aparece una doble falta, si es que, cómo da a entender el gasista, le pagaban en negro. Un Consejo Escolar intervenido por presuntos manejos irregulares de fondos paga arreglos que por la intervención le correspondería abonar directamente a la Provincia ? Más allá de la pobre y enredada explicación del funcionario provincial al hablar por los medios después de lo que pasó, lo importante es que nunca más se produzcan negligencias como las que terminaron con la explosión de esta escuela donde murieron dos personas. Es obvio que la Escuela N° 49 de Moreno no era la única del territorio bonaerense con pérdidas de gas. De hecho, en esa misma entrevista periodística el Ministro Sánchez Zinny admitió no saber cuántos establecimientos tienen el mismo problema que la escuela de Moreno. "No tenemos ese dato", admitió el responsable de las escuelas bonaerenses. La realidad muestra que son muchos los establecimientos educativos de nuestra provincia donde los problemas de infraestructura los convierten en un peligro para alumnos y docentes. Ante el llamado de atención de lo irremediable, la gobernadora Vidal, además de cambiar a un Ministro que admite desconocer lo que debe saber, tendría que ordenar realizar una urgente auditoría de todas las escuelas para determinar lo que debe repararse, -sobre todo los potencialmente mortales sistemas de gas y energía eléctrica-, y redireccionar partidas presupuestarias para hacerlo ya. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

LA REFORMA DE LAS FFAA

Desde Campo de Mayo el presidente Macri anunció que decretará una reforma de las Fuerzas Armadas. Lo anunciado fue general y somero, pero igual quedó claro que el principal objetivo reformista es sacar a los militares a la calle para encargarse de tareas de seguridad interior; algo repudiado por organismos de Derechos Humanos y criticado por la oposición. El cambio funcional medular consistiría en la modificación del Decreto N° 727 del año 2006 firmado por el expresidente Néstor Kirchner sobre la reglamentación de la Ley de Defensa, para permitir la intervención de las FFAA ante todo lo que se considere agresión de origen externo, algo hoy circunscripto a las amenazas estatales externas. Se busca pasar de unas Fuerzas Armadas que hoy solo pueden responder ante la amenaza bélica de otro país, a unas que puedan actuar ante hechos que se produzcan internamente pero que puedan atribuirse a una autoría intelectual externa, como el terrorismo y el narcotráfico. En el anuncio, el presidente Macri remarcó la necesidad de que la milicia sea la encargada de custodiar y proteger objetivos estratégicos, entre ellos el ciberespacio y los activos del país. En este punto aparecen las industrias generadoras de energía y los yacimientos de donde se extrae materia prima. Se cree que Macri quiere evitar que se repita una protesta gremial como la ocurrida en 2012 en el yacimiento petrolífero “Cerro Dragón”. Cómo se aplicará el refuerzo de la seguridad interior con presencia militar no fue aclarado, y es lo que genera rechazos. Las organizaciones de Derechos Humanos remarcan que cualquier opositor o reclamante puede ser considerado terrorista y sufrir la represión militar; y desde la oposición se advierte que con esto el gobierno busca blindarse, sabedor de la crisis y protesta social que provocará en 2019 el “mega” ajuste que el FMI exige, y que podría tener un anticipo en diciembre de este año. Debido al abandono presupuestario de varios gobiernos que optaron por demonizar las instituciones cuando los crímenes fueron cometidos por determinados integrantes, -a los que varios la Justicia castigó, pero que aún quedan algunos por castigar, como parece ser el caso de un acusado de desaparición de personas que en Democracia terminó siendo jefe del Ejército-, las Fuerzas Armadas están en una situación crítica desde muchos puntos de vista. Pero todavía se hacen escuchar; aunque no está en ningún análisis periodístico, no puedo obviar que el anuncio de la reforma de las FFAA el gobierno lo hace 15 días después de que debió suspender el desfile del 9 de Julio por el descontento militar ante la escasa suba salarial. Aunque se diga que las hipótesis de conflicto cambiaron, eso, que ya es discutible, no debe sustituir el principal fin de las Fuerzas Armadas, que es el de proteger a los Argentinos y a nuestro territorio de posibles ataques de otras naciones. Y en ese marco, no se puede seguir mostrando la debilidad de un sistema defensivo obsoleto expuesto por aviones militares que se caen en vuelos de práctica, barcos que se hunden en puertos y la reciente pérdida del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, que, según la versión oficial, se fue a pique por una explosión a causa de fallas de mantenimiento. La reforma de las Fuerzas Armadas, y sobre todo su redefinición de roles, es un tema muy delicado que no puede definirse solamente con un decreto presidencial, necesita discutirse en el ámbito donde está representado la mayor parte del pueblo Argentino: el Congreso de la Nación. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

TIPO DE CORTE

Continuamos el tema de la editorial anterior, debido a que en los días siguientes hubo novedades al respecto. La primera de ellas es que el Fondo Monetario desembarca en Argentina. Durante su visita al país por el encuentro ministerial del G20, la jefa del FMI, Cristine Lagarde, le comunicó al presidente Macri que el organismo abrirá una oficina en Buenos Aires, desde donde se va a monitorear como el gobierno aplica el ajuste, que es la herramienta acordada para tener la liquidez necesaria para devolver el préstamo de 50 mil millones de dólares dado por el Fondo a la administración central. El FMI hará marcación personal a la gestión Macri para asegurarse que el estado nacional cumpla con la hoja de ruta impuesta por el organismo de crédito: un ajuste de 300 mil millones de pesos durante 2019. La forma en que se cumplirá el achique de los gastos estatales, -el tipo de corte que la tijera del ajuste aplicará-, es lo que debe negociar el presidente con los gobernadores. Macri quería que el reparto del ajuste sea de un 50 % para ambas jurisdicciones. Pero, atendiendo que el año próximo será electoral, eso los administradores de las provincias no lo aceptaron. Ante esto, el presidente decidió que la nueva fórmula de la poda será de dos tercios a cargo del gobierno nacional y el 33 % por parte de las provincias. De los 100 mil millones de pesos de ajuste en los estados provinciales la mayor parte lo tendrá que hacer el gobierno bonaerense. En el menor de los casos, Vidal deberá aplicar un recorte de gastos por unos 25 mil millones, y en el mayor por unos 33 mil millones de pesos. Ahora viene la gran pregunta, cómo se hace un ajuste en gobiernos cuyos gobernantes buscan ser reelectos ? La respuesta lógica es que los gobernadores buscarán tener poco impacto funcional propio y trasladar la mayor parte del achique a otros responsables operativos. Eso traducido a hechos va a implicar que la mayor parte del ajuste las Provincias lo harán en los fondos que giran a las Municipalidades a través de la coparticipación. La poda cuantitativa de los montos coparticipables sería la norma general, pero después es probable que se sume un factor discrecional en el tiempo en que se repartirá lo que quede a distribuir entre los jefes comunales de “Cambiemos” y los de la oposición. Es posible que para los segundos el atraso en la llegada de esas vitales remesas se transforme en algo corriente. Lo que sí es seguro, que en 2019 sobre todo los Intendentes de un color político distinto al del gobierno provincial tendrán que viajar mucho más que años anteriores a La Plata para pedir por el dinero que les corresponde a sus comunas. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné

TODOS PARA UNO

En los niveles de gobierno donde el contacto directo con el pueblo no existe la prioridad no es el bienestar de la ciudadanía, sino el cómo perpetuarse en el poder para seguir priorizando los intereses propios. Para intentar lograr esto la estrategia operativa tiene un denominador común: “siempre todo es cuestión de plata”. En el tema musical “Pensar en Nada”, de León Gieco, hay una frase que dice “mientras diez ventanillas cobran, una sola es la que paga”. Esa relación ocurre entre el estado nacional y los gobiernos provinciales, y, por carácter transitivo, a los que más termina afectando este proceder es a los gobiernos municipales. La Nación es la gran recaudadora, y algo de lo que le ingresa,-a través de la coparticipación-, lo reparte a las Provincias; y estas, a su vez, hacen lo mismo hacia las Municipalidades. Ahora comenzará una negociación desgastante entre el gobierno central y el de las Provincias: “cómo aplicar el ajuste para cumplir con lo exigido por el Fondo Monetario a partir del préstamo dado al estado central por 50 mil millones de dólares”. Por ser el que reparte la gran torta el gobierno de la Nación tiene mas poder para negociar, pero para lograr el objetivo buscado eso debe reforzarse con política, que es el gran déficit de la gestión nacional “macrista”. Acá aparece lo de las bocas que cobran y la que paga llevado a la equivalencia de: “la boca que tiene y el reparto del ajuste para pagar lo que llegó”. El salvataje de 50 mil millones de dólares del FMI es para que el gobierno de Macri tenga fondos para completar su mandato. Pero lo recibido no es coparticipable; por ende, ni un solo dólar del Fondo Monetario llegará a los gobiernos provinciales. Pero sí las Provincias tendrán que achicar sus gastos para ayudar al gobierno central a devolver el dinero que solo vino en ayuda de él. Una versión egoísta de la máxima de los Mosqueteros: “Todos para uno (y uno para sí mismo)”. Pero, además de exigir a los gobernadores que ajusten, el gobierno nacional pretende pasarle gastos. A las administraciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la gestión Macri quiere transferirles el pago de los subsidios a la energía, -unos $ 110 mil millones al año-, que hoy la Nación le gira a la empresa mayorista de energía CAMMESA, para que esta los asigne a las distribuidoras EDENOR y EDESUR. El estado bonaerense debería hacerse cargo del pago de $ 90 mil millones de pesos, y la ciudad capital de $ 20 mil millones. Obviamente esto generó enojos de dos de los integrantes de la mesa chica del gobierno, -Vidal y Rodríguez Larreta-, con el propio Macri. Todo ajuste preocupa porque implica despidos y caída de la actividad económica general, ya muy deprimida. Pero como en el dominó, la ficha que más sufre es la última porque soporta el peso de las que le caen encima. Y como el gobierno de “Cambiemos” plantea este dominó de achique de gastos, la última ficha que más va a sufrir serán los gobiernos municipales. Las comunas dependen de ingresos locales y de la coparticipación provincial. Los municipios no pueden emitir y la suba de tasas tiene un tope lógico, pero si por el ajuste que la Nación le exige a las Provincias, a ese limitante de ingresos se suma una merma de la coparticipación interanual en relación al aumento real del costo de vida, el panorama económico para los gobiernos municipales pasará a ser asfixiante. El análisis del presupuesto 2019, -el primero que incluirá el ajuste pretendido por el FMI-, recién comienza. Hago votos para que prime la racionalidad, y que quienes negocien no se olviden de asegurar la sustentabilidad económica de las Municipalidades, que son el primer eslabón, -y en muchos casos el único-, de respuestas al vecino contribuyente. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

"RELATO" INFLACIONARIO

Ningún país funciona sin mercado interno. El bienestar general económico se expande a partir del derrame que genera un consumo sostenido. El año pasado auguramos un 2018 muy parecido al 2016 en cuanto a signos de recesión. No es un año electoral, por eso la obra pública estatal disminuye muchísimo, y un freno en la construcción es el que más repercusión causa. A esto se sumó la pretensión gubernamental de que los aumentos de sueldos sean bajos, y para eso creó el “relato” de fantasía sobre una inflación irreal. El Banco Central que dirigía Sturzenegger fijó para todo 2018 un 12 % de incremento inflacionario. Eso era tan insostenible que duró muy poco; semanas después el equipo económico tuvo que llevar la pauta sobre el aumento del costo de vida al 15 %, lo que tampoco sirvió porque la inflación real de este año será del 30 %. No hay que ser un Premio Nobel de Economía para darse cuenta de que la inflación de este año iba a ser el doble del aumento de sueldos pretendido por el gobierno. El mercado desregulado de los combustibles hace que haya incrementos todos los meses, y eso, por el transporte, eleva todos los precios. El impasse de dos meses que el gobierno les pidió a las petroleras para no subir los combustibles terminó como uno supuso que terminaría: cuando llegó la hora de remarcar aumentaron por los dos meses que no lo habían hecho más un plus de interés: entre un 9 y un 11 %. Tanto que YPF tuvo que subir sus precios dos veces en una semana para no quedar tan relegado de sus competidores. Los tarifazos de servicios seriales no terminaron con el alejamiento de Aranguren del Ministerio de Energía; volverán en octubre y en un porcentual tan alto como el de marzo y abril. Y encima se sumó la nueva devaluación del dólar que siempre se traduce en suba de precios. En la editorial del 24 de junio, -titulada “Sindicalismo Emergente”-, pronosticamos dos situaciones que se dieron. La primera fue que a partir del 25 % de aumento logrado por el sindicato de camioneros el resto de los gremios pedirían lo mismo. Con ese porcentual de incremento anual readecuó su paritaria Empleados de Comercio y casi lo mismo obtuvo el gremio de la Alimentación. Lo otro que observamos en esa editorial fue el fallo judicial que obligaba a la gobernación bonaerense a aplicar la cláusula gatillo para compensar la diferencia con la inflación real del año 2017, hasta que la Provincia y los sindicatos docentes acuerden la suba salarial de este año. Consideramos que esta resolución de la justicia reabriría la paritaria que la gobernadora congeló. En recientes declaraciones María Eugenia Vidal anunció que le hará una nueva oferta salarial a los maestros. Tener subas de haberes que se correspondan con la inflación real es lo que se necesita para mantener activa la economía; ahora, es inevitable preguntar: todos los empleadores podrán dar incrementos de sueldos de un 25 % ante un combo de suba de costos permanente por impuestazos, tarifazos de servicios y encarecimiento de materia prima o mercadería ? Ya sea en decisiones para aumentar, en omisión de controles, y, sobre todo, en carga tributaria, el gobierno incide en esos tres componentes encarecedores. Ante eso, el estado no debería hacer algo para aliviar el peso impositivo a los dadores de empleo ? La lógica dice que si. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.