LA INJUSTA JUSTICIA DE LOS PODEROSOS

"No tiene sentido decir que los hombres son iguales ante la ley, cuando es la ley mantenedora de su desigualdad.". La frase de Ramiro de Maetzu se aplica perfectamente al fallo de la Cámara de Casación por el cual se absuelve al ex presidente Carlos Menem, quien en 2017 fue condenado a siete años de prisión por el delito de contrabando agravado de armas durante su gestión. Pero su defensa apeló el fallo ante la Corte Suprema entendiendo que no se había cumplido con el "doble conforme", que es una garantía que tiene el imputado para que en caso de ser condenado su fallo sea revisado por una instancia superior. La Corte dio lugar a esa solicitud, y tras dejar sin efecto la sentencia contra Menem volvió la causa a Casación, que ahora decidió exonerar al ex presidente Menem, interpretando que se superó el "plazo razonable" para llegar a una condena firme. La denuncia contra Menem data de 1995. Se tardó 22 años en aplicarle una condena, la que nunca se cumplirá porque hay laberintos judiciales que determinan que un poderoso, en este caso un ex presidente de la Nación, no vaya preso. Vinculado a este caso está la explosión del 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, que causó 7 muertos, 300 heridos y la destrucción de parte de la localidad. Siempre se dijo que la volaron para ocultar el faltante de las armas contrabandeadas. La Justicia de Córdoba determinó que fue una explosión intencional y en diciembre de 2014 condenó a cuatro militares por "estrago doloso", aplicando penas de entre 13 y 10 años de prisión. La investigación judicial nunca pasó del ámbito de la fábrica de armamentos. Hacía arriba, donde residía el poder, reinó la impunidad. Carlos Menem disfruta de la inmunidad de los fueros parlamentarios ya que es senador nacional. Comparte el mismo ámbito legislativo que la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández viuda de Kirchner, sobre quien pesan varias investigaciones judiciales, algunas mas avanzadas que otras. Con respecto a Cristina hubo una declaración de un funcionario del gobierno que llamó la atención. El Ministro de Justicia, Germán Garavano, se manifestó en contra de que la Justicia pida el desafuero de la hoy senadora para aplicarle la prisión preventiva. Las palabras de Garavano, -que por su cargo pueden entenderse como una sugerencia directa al juez que juzga a la ex presidente-, fueron poco felices desde todo punto de vista. Dijo: "No es bueno para el país el desafuero y prisión preventiva de Cristina". Lo que no es bueno para el país es que a quien la Justicia le pruebe haber cometido delitos, se llame Menem, Fernández viuda de Kirchner o Macri, evada la condena judicial. Los dichos de Garavano hicieron montar en cólera a Elisa Carrió, socia electoral de Cambiemos. Y en esta Lilita tiene razón: no puede haber en el gobierno un doble discurso sobre la corrupción estatal. Si hace poco más de dos meses, cuando estalló la causa de los cuadernos, el presidente Macri afirmó: "no debe haber impunidad para nadie", en alusión a que su primo estaba involucrado, como puede ser que ahora, el Ministro de Justicia de Macri se pronuncie en contra de acciones judiciales en el marco de causas de corrupción ? El apoyo del presidente a su funcionario ante los palos de Carrió muestran el por qué de lo dicho por Garavano: "al gobierno le conviene que Cristina siga libre y sea candidata el año que viene". Privilegiar una conveniencia electoral por el principio de convivencia social igualitaria basado en una justicia independiente e imparcial, es uno de los peores mensajes que puede dar quien representa al Pueblo. Aunque esa palabra figure en la denominación de nuestro país, sin iguales ante la Ley nunca llegaremos a ser de verdad una República. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

EL CERO COMO META INALCANZABLE

Los datos sobre pobreza que dio a conocer el INDEC muestran que la crisis social de Argentina se agrava: 27,3 % de pobreza y 4,9 % de indigencia totalizan un 32,2 % de personas con las necesidades básicas insatisfechas. El organismo oficial estadístico muestra credibilidad, porque sus números son coincidentes con los de la Universidad Católica Argentina que al 30 de junio situaba al conjunto de pobres e indigentes en el 33 %. Claro que para ambos casos falta algo importante y que surgirá en la próxima actualización de los índices de la problemática: es la megadevaluación del mes pasado, la que, seguramente, habrá agravado en algunos puntos más la caótica situación social de millones de connacionales. En comparación interanual al cierre del primer semestre, en un año la pobreza e indigencia aumentó un 6,5 %; y podría llegar a un 10 % por el efecto del último gran aumento del dólar que actúa como otro factor multiplicador de la suba de inflación. Que uno de cada tres Argentinos tenga sus necesidades básicas insatisfechas en un territorio que produce alimentos para diez veces su población es vergonzoso. La principal culpa es de política-institucional, y está estratificada en el actual gobierno y en todos los anteriores. Nadie resolvió este problema; todos lo agravaron con políticas que aumentaron el número de pobres o lo ocultaron en asistencialismos masivos. El gobierno de Macri prometió pobreza cero y eso es imposible. Se puede entender como gancho de campaña, pero no se lo puede seguir usando cuando se gobierna aplicándose medidas que generan más pobreza. En su entorno, alguien debería aconsejar al presidente a no afirmar "nuestra meta seguirá siendo reducir la pobreza", media hora después que el INDEC informó que cada vez hay más pobres. Pero más allá de los errores en la estrategia de comunicación oficial, lo que más preocupa es que se hace a partir de ahora para no agravar la pobreza y la indigencia e ir resolviendo los problemas existenciales al tercio de la población que la padece. El pueblo sufre la coyuntura, también creada por la dirigencia gobernante, -la actual y la anterior-, pero la solución que se busca a eso es mejorar los datos macro económicos, y para eso la única receta que aparece es el ajuste estatal centrado en masivos despidos. Cómo siempre, la política sigue estando ausente del ajuste: ellos generan las crisis y después hacen que las pague la población: la historia que se repite siempre en la Argentina circular. Es urgente y necesario un acuerdo general para soportar socialmente lo que se vendrá en 2019. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

LA CAMPAÑA ES LA CRISIS

Una de las características de Argentina es que su clase política siempre está en campaña. Sean gobierno u oposición, ni bien termina una elección ya se piensa en la siguiente cuando aún no asumieron los electos en el comicio reciente. Sin ninguna duda, lo que más producen los políticos argentinos es proselitismo. Cuando hay crisis económica, -algo demasiado frecuente en nuestro país-, esa situación crítica pasa a ser lo excluyente en la campaña. Eso muestra la improvisación del gobernante y una oposición demagoga, pero también que carecemos de un proyecto de construcción de Nación. No hay mediano y mucho menos largo plazo; siempre está la urgencia del ahora. Lo único que se hace es bachear siempre sobre los mismos pozos para taparlos por un tiempo; hasta que la capa de bacheo se sale para repetir el ciclo sin resolver el problema de fondo jamás. La dirigencia se aboca a buscar frenar las consecuencias de la coyuntura, creada por la incompetencia o corrupción, o ambas, de ella misma. Lo peor del caso es que la mayor parte de la población acepta esta sinrazón de vivir siempre en un círculo donde todo vuelve a ocurrir cada cierto tiempo. No parece ser diferente esta crisis a las múltiples anteriores, algunas más destructivas que otras. El Presupuesto 2019, con la impronta del ajuste del FMI, es clave para saber el grado de sufrimiento general que tendrá el año próximo, donde se votará para renovar los tres ejecutivos: la presidencia, la gobernación y la intendencia. Las tijeras comenzaron con la eliminación del fondo de la soja: el dinero que el estado nacional giraba a las provincias y municipios para realizar obras. El reclamo de la oposición logró que la administración Macri compensara por la eliminación de ese fondo. Pero eso es solo para completar las obras este año. Para el caso, la Municipalidad de Tres Arroyos será compensada con $ 3.000.000 por los $ 10.000.000 que debía recibir este año por el fondo sojero. El resto para terminar esas mejoras que se definieron realizar por la certeza de su financiamiento por parte de la Nación, quedará a cargo de las comunas. Siempre tiene incidencia, pero el presupuesto 2019 del gobierno nacional es el que más afectará al de la provincia de Buenos Aires, y, por carácter transitivo, al de las municipalidades. El tema clave para los 135 municipios bonaerenses es el de la coparticipación. El dato sobre cuanto enviará la Provincia a las comunas siempre llegó tarde, y es probable que se retrase aún más ahora. El aumento interanual de los fondos provinciales debería tener un incremento mayor al promedio que se viene dando año tras año para compensar la diferencia negativa entre la inflación proyectada y la real de 2018. El problema es que lo logrado por el reclamo del Fondo del Conurbano: unos 35 mil millones de pesos es lo mismo que la gestión Vidal deberá absorber por la transferencia de gastos de Nación a la Provincia en el marco del ajuste general. Una especie de asiento contable que tendrá impacto en el líquido disponible para girar a las intendencias. Las municipalidades son el estado más presente en la vida de las comunidades; y por eso, no solo sus representantes políticos, sino todas las fuerzas vivas de esos distritos deberían hacer oír fuerte su voz ya para evitar que se desfinancie a los Municipios. Hasta la próxima. MArcelo N. Mouhapé Furné.

MAREA INFLACIONARIA

El Indec dio a conocer la inflación de agosto: 3,9 %, que fue la más alta del año. En lo que va de 2018 el costo de vida se incrementó un 25 %. Y lo más preocupante está por venir porque las estimaciones de inflación hablan de un aumento del 22 o 23 % para el último cuatrimestre. Si termina siendo así, el costo de vida este año habrá aumentado un 47 o 48 %. Este número preocupante pasa a ser motivo de enojo cuando se repasa lo que ocurría hace un año, cuando la gestión Macri daba a conocer los números del presupuesto 2018. Basado en la meta del Banco Central, -por entonces a cargo de Sturzenegger-, el gobierno elevó un poco ese increíble pronóstico del 12 % de estimación inflacionaria a un 15, 7 %; igualmente insuficiente. Para este año la Nación pronosticó el dólar a un valor $ 19,30. El viernes cerró a $ 40,51. El país debe funcionar en base a un presupuesto cuya estimación de inflación se equivocó en un 200 % y en una proyección de relación cambiaria atrasada un 110 % a la realidad de ahora; en horas puede ser más. El grosero error en estas dos proyecciones hizo que otros dos datos clave del presupuesto 2018 tampoco se cumplieran: un crecimiento general del 3,5 % y una expansión del consumo del 3,3 %. El presupuesto es la herramienta fundamental para el funcionamiento de un estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Pero si la pifian en el nacional, las provincias y, sobre todos los municipios, sufrirán mucho más que el gobierno central, porque para afrontar desequilibrios las administraciones provinciales están impedidas de imprimir moneda, y las municipalidades no pueden hacer eso y tampoco tomar deuda para gastos corrientes. En lo general la marea inflacionaria acentuada por una economía dolarizada muestra que el consumo se derrumbó y el crecimiento esperado pasó a ser una utopía. Que dice el presupuesto nacional de 2019 ? Al crecimiento lo sitúan en un realista pero preocupante 0,5 % negativo del PBI. El dólar a $ 40,10; y para la inflación de 2019 se proyecta un 23 %. La lógica indica que debe ser menor a la de este año, pero que sea la mitad parecería ser otra estimación utópica. Un dato preocupante del presupuesto nacional 2019 es el que prevé una caída del 3,7 % en el consumo público. Eso es esperable teniendo en cuenta que este año la mejor paritaria, que llegó al 28 % de suba salarial, perderá casi un 20 % de poder adquisitivo en relación a la inflación real acumulada; y ni hablar de los que obtuvieron aumentos del 25 % o menos. Pero el dato de caída de consumo cercano al 4 % muestra que el gobierno no prevé hacer nada para recomponer la capacidad de compra de la gente, y, por ende, más fuentes de trabajo se verán en peligro. Ningún país es viable sin un consumo interno sostenido. Las instituciones de la comunidad que representan a las partes afectadas por la cada vez más negativa relación de precios y salarios, deberían reclamar ya a los representantes políticos para que estos a su vez exijan al gobierno de la Nación que en el presupuesto 2019 se incluyan programas para recomponer el poder de compra de la población y a sostener el empleo. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

PUNTO DE INFLEXION

Después que el dólar oficial rozó los $40, (el paralelo disponible superó en un 10 % eso), el billete verde empezó a bajar. Lo hizo durante los últimos tres días de la semana pasada hasta cerrar por debajo de los $38. El dato importante es que el viernes no hubo necesidad de que el Banco Central interviniera para que el dólar siguiera bajando. Reitero que quienes demandan dólares no es la mayor parte de la población. A los no responsables de las corridas cambiarias se los identifica fácilmente: Son el 33 % de pobres e indigentes que apenas sobrevive, y la clase media que completa el mes gracias a compras financiadas con tarjetas de crédito. Los que desestabilizan cambiariamente al gobierno de Macri son los de su propia clase socio económica. Ahora, volviendo al tema del inicio, el del freno de la suba y descenso del dólar, que pasó de diferente a mediados de la semana pasada para que el accionar de los especuladores se frenara ? Lo distinto fue que el gobierno nacional pidió al Tesoro de los Estados Unidos que, cómo accionista del FMI, intercediera para que el organismo anticipe enviar fondos del préstamo de 50 mil millones de dólares. Hasta ahí lo macro económico. Lo importante de fronteras para adentro es como impacta lo macro en lo micro económico, es decir, en la economía diaria de la población. El consumo debe reactivarse. Se intenta hacerlo con medidas generales como la de ampliar Precios Cuidados, y con herramientas más jurisdiccionales como la devolución del 50 % en compras de hasta $3 mil por mes del Banco Provincia. Eso está bien, pero de poco servirá si no se aplican controles para evitar la dolarización total de los precios, o limitantes en sectores hoy fuera de control, como el de los combustibles, que a partir de la desregulación aumentan cada 15 días provocando la suba de todo por encarecerse el transporte. Eso en lo inmediato. Y en el muy corto plazo deben agregarse medidas para recuperar el 25 % de poder adquisitivo perdido por las devaluaciones, sobre todo en la de este año. La restitución de las retenciones al campo es una medida que el gobierno no quería implementar pero que las circunstancias lo obligaron. Con respecto a esto hay que decir dos cosas: una aclaratoria, tras 33 meses de gestión, la difícil coyuntura de hoy es responsabilidad exclusiva del gobierno actual; y la otra de sentido común: debe haber diferenciación en el cobro de retenciones, porque igual porcentaje impositivo no causa el mismo impacto en un gran productor sojero de zona núcleo que en un mediano o pequeño chacarero de áreas menos favorables. Hay otras medidas que están bien. Volver a cobrarles retenciones a las mineras es una de ellas. También acá cabe la diferenciación entre extracciones locales que por su pequeña escala son nacionales, de las que hacen las mineras extranjeras, a las que no se debería haberles sacado nunca las retenciones, sino que se las tendría que haber aumentado porque son empresas de afuera que se llevan recursos no renovables de gran poder económico y causan un enorme impacto ambiental con el método extractivo usado. Recomponer salarios, reactivar el consumo interno y aplicar racionalidad en el ajuste que el FMI exige para el Presupuesto de 2019 son cuestiones centrales que la política institucional nacional debería definir en no más de un mes, tras el punto de inflexión de la mega devaluación de días pasados que puso a lo social en alerta naranja, el anterior al rojo irruptivo. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

ENTRE EXTREMOS

La suba del dólar hasta rozar los $ 40 encendió todas las alarmas en el gobierno, y profundizó la desconfianza de la población en la gestión Macri; fundamentalmente porque todos saben que en un país dolarizado como el nuestro cada vez que sube el billete verde aumentan los precios. La inflación real de este año se ubicará entre el 36 y el 38 %. Los que más aumento salarial sacaron hasta ahora son los bancarios que llegaron al 28 %; hay varios gremios que consiguieron un 25 % y el resto está por debajo de eso. Con lo cual este será el año en que los asalariados más poder adquisitivo perderán. Y sumando esto a lo que se perdió en las devaluaciones de los años anteriores vemos que la capacidad de compra de un trabajador, según los aumentos logrados por su sindicato, disminuyó de un 25 % a un 30 %. Acá está la causa de la caída de consumo conducente a la recesión; el motivo de que la rueda económica se frene. Por qué pasó esto ? Es la gran pregunta y tiene respuestas múltiples. Hay influencia de cuestiones que el gobierno no maneja, como el clima por la sequía o crisis económicas externas como la de Turquía, pero el principal responsable de que estemos en esta situación son los múltiples errores cometidos por la administración Macri. La victoria electoral del año pasado terminó siendo un boomerang para el gobierno, porque entendieron que la población les había dado luz verde para todo, y eso no es así. La reforma previsional cayó mal en la gente. Otra pifia fue desregular el mercado de combustibles lo que hace que los precios aumenten cada 15 días. Eso más una inflación descontrolada es lo que el pueblo rechaza; por eso la imagen del presidente cayó tanto. Hay que ser coherentes en el análisis; el gobierno intentó anclar el dólar en 25 pesos. Hizo una ingeniería para llevarlo controlado a ese valor y lo había logrado. Pero en el mismo momento se le pide ayuda al FMI y el organismo de crédito puso dos condiciones que tiraron por tierra todo lo hecho en materia cambiaria: dejar flotar libre al dólar para que el mercado defina su valor y no utilizar los fondos enviados para compras masivas de dólares. También hay que ver quienes son los que demandan dólares haciendo que este suba sin control. No son el 33 % de pobres e indigentes, ni es la mayor parte de la población que a duras penas completa el mes con la financiación que le dan las tarjetas de crédito. Son los que más dinero tienen, sean particulares o empresas. En una palabra, los que desestabilizan al gobierno de Macri desde lo cambiario son los de su misma clase socio-económica. Estamos mal, pero en esta realidad hay dos versiones que chocan; dos extremos que no ayudan a encontrar la tranquilidad necesaria para hallar soluciones. Uno es el gobierno que insiste en que todo está bien y no hay crisis, y en las antípodas están los apocalípticos que hablan del fin del gobierno rememorando al helicóptero sacando a De La Rúa de la Casa Rosada. Ni una cosa ni la otra. Y acá el rol del periodismo es clave. No sirven los medios que tapan la realidad de lo cotidiano que sufre la gente, porque eso enoja a la población, y tampoco la prensa que atemorizan a todos con la vuelta al 2001. Hay un gobierno con mandato hasta diciembre de 2019 y es quien debe resolver los problemas. A la gestión Macri se le debe exigir respuestas, pero no ponerle palos en la rueda para que termine cayendo. El presidente tendrá que entender que para salir de la coyuntura tiene que cambiar su postura. Seguir haciendo lo mismo repetirá los resultados adversos. El gobierno nacional tiene que mostrar austeridad funcional; un gesto que la gente sufriente necesita ver urgentemente. Para lograr eso el presidente Macri debería reducir ministerios y eliminar cargos que no sirven para nada. En su gabinete deshacerse de nombres que representan fracasos como Ministros, designar un Ministro de Economía que se haga cargo de esa estratégica cartera centralizando todas las funciones. Y, aunque lo mantenga en el cargo, debería recortar los poderes de su jefe de gabinete, Marcos Peña, que ha demostrado no estar a la altura para manejar un gabinete presidencial. En lo político es hora de que Macri convoque a los radicales para formar parte de una alianza de gobierno. Hasta ahora el PRO usó a la UCR como un aliado electoral para lograr logística nacional en los comicios, pero en lo decisorio los de la boina blanca solo son espectadores sentados en primera fila. Eso implica un costo partidario y ante la población del radicalismo que integra “Cambiemos”, pese a que en lo resolutivo se enteran por la prensa. Ahora vienen la negociación del presupuesto 2019, que incluirá las exigencias de ajuste del FMI, y el gobierno necesita urgente incorporar política heterodoxa en ese debate, porque no logrará nada con la ortodoxia del PRO. En lo que respecta a ingresos, a Macri no le quedará otra que ir contra su idea y reinstalar cargas impositivas eliminadas o crear otras. El gobierno nacional, -que llegó a la Casa Rosada con el nombre electoral de “Cambiemos”-, debe cambiar su proceder. El Pueblo necesita que lo haga ya. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.

PARODIA REPUBLICANA

Ni el guionista de Hollywood más imaginativo podría haber escrito un guion para una película que se parezca a ciertos hechos de la realidad Argentina: el de la corrupción estatal es uno de ellos. Está todo lo imaginable: poderosos abusando de su posición para hacer negocios con otros poderosos igualmente inescrupulosos con el dinero de terceros: del Pueblo. Pero, además, tiene actores secundarios o de importancia estructural casi nula que terminan siendo protagonistas excluyentes, como un ex funcionario detenido cuando quería esconder en un convento bolsas con casi 10 millones de dólares, o el chofer de un colega del anterior que anotaba en cuadernos baratos operaciones ilegales multimillonarias. Todo ciudadano razonable quiere que vayan a prisión quienes cometieron delitos, y que los fondos públicos apropiados vuelvan al estado. La sensación dominante en la población es que corrupción hay en todos los gobiernos, pero que durante el kirchnerismo se estableció un sistema para optimizarla en operatividad y maximizarla en cantidad. Es la Justicia quien debe probar si eso fue así, y sancionar a quien corresponda. La cuestión pasa por si nuestro sistema punitorio está en condiciones de satisfacer esa demanda de la gente. Para lograr ese objetivo debe haber funcionarios judiciales probos y capaces, los que dispongan de las herramientas legales necesarias. La Justicia es la base que sustenta el equilibrio en una sociedad, y debe ser independiente de todos los otros actores sociales. Los fiscales y los jueces deben investigar y aplicar la Ley a todos por igual. Si hay privilegios, ya no hay Justicia, y, por ende, tampoco hay Nación. La investigación judicial de la corrupción gubernamental es lo que debe hacerse en un país institucionalmente normal. Pero para lograr probarla legalmente el Poder Judicial tiene que estar a la altura de las circunstancias y no cometer errores. La investigación sobre presunta corrupción en el gobierno anterior tiene muchos elementos que pueden hacerla naufragar, defraudando así a la expectativa popular que espera un “el que las hace las pague”. El Juez Bonadío, que lleva adelante cinco de las seis causas contra la ex presidente de la Nación, hizo afirmaciones que muestran su animadversión hacia su investigada. Eso puede implicar que una recusación por obrar con presunta parcialidad lo saque de la causa. En el caso del Fiscal Stornelli, ha hecho declaraciones mediáticas con valorizaciones públicas de pruebas que exceden el recato que una instrucción judicial debería tener. No debe olvidarse que fue funcionario del gobernador Scioli; si habla tanto y tan abiertamente de esta causa, quizá aliente alguna posibilidad de que alguien encuentre un elemento revanchista en su proceder y también sea objeto de recusación y apartamiento. Uno espera que quienes tienen en sus manos tan altas responsabilidades, no incurran en yerros tan básicos que conspiren contra su propio desempeño. La causa parece avanzar, y eso es alentador, pero sigue habiendo procedimientos extraños. La confesión de los arrepentidos bajo la figura del “imputado colaborador” puede servir, pero llama la atención. Que alguien que confiesa haber cometido un delito quede libre, no es la mejor señal ante una sociedad que clama por una justicia realmente igualitaria. La determinación de responsabilidades en el acto de coimear es parecido al que fue primero: el huevo o la gallina ?. Fue el funcionario que le exige al empresario un pago para adjudicarle el contrato, o fue el empresario para “cartelizar” a su empresa pagando la coima para asegurarse que le adjudiquen la obra ? En el cohecho hay dos partes que delinquen: el que cobra y el que paga: Y sin el segundo no existe el primero; pero los empresarios que admiten ante la justicia haber pagado coimas quedan en libertad. Es cierto que Jueces y Fiscales deben cumplir con los protocolos procedimentales, y al hablar evitar caer en la posibilidad de prejuzgar para que la causa avance, pero también necesitan de herramientas válidas para hacer su trabajo. El hecho de que tengan que esperar a que el Senado apruebe allanamientos a uno de sus integrantes es un absurdo institucional. Las requisas que la Justicia hace en los domicilios deben hacerse con la premura y el secretismo necesarios para hallar algo si está ahí. Para cuando el Senado aprobó estos allanamientos, publicitados hasta el cansancio por los medios, la posibilidad de que esas requisas tuvieran resultados positivos se redujeron a la nada. En mi caso personal, nunca entendí por qué los fueros parlamentarios, -que están para cubrir legalmente a un diputado o un senador en el ejercicio de su función legislativa-, blindan legalmente a esa persona en causas judiciales por supuestos delitos cometidos antes de asumir como legislador. La frutilla del postre sobre todo esto la dio el propio Senado cuando trató la extinción de dominio, que es la Ley que permitirá recuperar lo despojado al estado en actos de corrupción, además de lavado de dinero y narcotráfico. “Cambiemos” quería que la extinción de dominio tenga vigencia en las causas en trámite, pero en la votación primó el criterio del peronismo de que sea para las investigaciones por los presuntos hechos de corrupción que se denuncien a partir de la sanción de la Ley, que ahora debe volver a ser tratada en su cámara de origen: Diputados, donde fue presentada por el Frente Renovador y aprobada en 2016. La extinción de dominio no retroactiva implica no incluir en su aplicación a todos los actos de corrupción que hubieren ocurrido en el anterior gobierno, aunque la Justicia los pruebe y aplique condenas. Tampoco aplicaría para los supuestos actos de corrupción que se pudieron haber cometido en los casi tres años del gobierno de Macri. El accionar del Senado de la Nación en esta cuestión confirma la sensación popular de que la clase política se cubre asimisma, y la gente, que sufre las penurias de otra crisis económica por los errores del gobierno actual, empieza a sentir que también va a ser defraudada en la esperanza de ver justicia en la investigación del festival de la obra pública financiado con el dinero de todos nosotros. En todo esto hay una contradicción increíble. Mientras que por los fueros un legislador tiene inmunidad legal sobre lo que pudo haber hecho antes de asumir, la devolución de lo obtenido indebidamente es de acá en adelante. La impunidad incluye al pasado, lo mal habido es para el futuro. La República Argentina: una Parodia Republicana. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.