TENER SIN DAR, O NO TENER ?

El reclamo del Sindicato de Trabajadores Municipales para que el ejecutivo otorgue una recomposición salarial del 30 % es justo, porque compensa lo que la inflación quitó al poder adquisitivo solo en este año, algo que, por otra parte, reclaman todos los gremios; pero debemos hacer consideraciones especiales.
Primero analicemos cuanto gana un empleado municipal.
Cómo los empleados de la categoría uno son muy escasos nos vamos a centrar en la categoría dos, en la que están la mayoría, y por la que los funcionarios políticos se ajustan sus haberes.
El sueldo básico para esa categoría es de 886 pesos en blanco, mas un 10% de monto no remunerativo, que es la denominación elegante de un pago estatal en negro.
Cabe acotar que la canasta básica para una familia tipo, que no alquila, está en los 2.500 pesos. Es decir, que se necesitan dos y medio sueldos básicos municipales para que esa familia sobreviva.
La realidad es incontrastable.
Por eso llaman la atención las palabras del Intendente Sánchez cuando calificó de lamentable la medida de fuerza de los trabajadores municipales.Lo lamentable es criticar a quienes reclaman un aumento ganando solo el 40 % de lo que cuesta mantener un hogar básico.
El Secretario Municipal de Hacienda, doctor Javier Kristensen, dijo algo que es cierto y algo que es discutible.
En cuanto a lo primero, es real que fue Sánchez quien les aumentó el sueldo a los municipales, y lo hizo para marcar una diferencia fundamental con su antecesor, Aprile, a quien el entorno Sanchista acusa de haber hecho el ajuste a costa del personal.
Evaluemos la recomposición salarial otorgada por el jefe comunal, haciendo la salvedad que entre su primera asunción y hoy el presupuesto municipal creció un 300%.
Cuando asumió Sánchez, -en diciembre de 2.003-, el sueldo básico de un municipal de categoría dos era de 383 pesos (283 en blanco y 100 pesos no remunerativos). Hoy es de 975 pesos (886 en blanco y un 10% en negro).
Durante la gestión del actual Intendente los empleados lograron una recomposición salarial del 255 %, que parece mucho, pero veamos en detalle:
En cinco años su sueldo aumentó unos 600 pesos, lo que implica unos 120 pesos por año, 10 pesos por mes.
Cuánto subió el sueldo del funcionario político que hoy se niega a aumentar los sueldos de los empleados de la comuna en ese mismo período de cinco años ?
Esta es la respuesta:
En diciembre de 2.003 el Intendente ganaba 5.792 pesos y hoy cobra 15.064 pesos.
En cinco años el haber de Carlos Sánchez se incrementó en 9.272 pesos, lo que representa una suba anual de 1.855 pesos (equivalente a dos sueldos básicos actuales).
Volviendo a lo que consideramos discutible de lo afirmado por el Secretario de Hacienda, en el sentido de que no hay fondos para otorgar subas salariales, veamos algunas cuestiones.
Primero, por la suba de tasas, -y afirmado por el propio vecinalismo-, el municipio recibe un ingreso extra de 3.800.000 pesos, aprobado por el Concejo Deliberante el 17 de abril pasado.
A esto deben agregarse unos 700 mil pesos que la comuna recibirá como fondos extraordinarios por la reforma tributaria recientemente sancionada, y confirmado por el propio Kristensen a Radio 3.
Y, además, la Municipalidad recibiría este año unos ocho millones de pesos más a lo estimado por coparticipación provincial.
Si uno ingresa a la página del Ministerio de Economía bonaerense verá que en el detalle de fondos coparticipables transferidos a las comunas figura que a Tres Arroyos ya se giraron $ 19.600.000, lo que representa el 76% del monto estimado en el cálculo de ingresos del ejecutivo por ese concepto, que asciende a $ 25.700.000.
Este año la tasa de incremento de la coparticipación es similar a la de 2.007 y es por eso que el municipio de Tres Arroyos acabaría recibiendo de la provincia unos $ 33.600.000; casi $ 8.000.000 más de lo presupuestado por la propia Municipalidad.
Por suba de tasas, reforma tributaria y aumento de coparticipación la administración Sánchez dispondría este año de unos $ 12.500.000 de pesos más de lo calculado.
Cómo es entonces que no hay fondos para dar un aumento del 30% a los empleados, que, -según estimó el ejecutivo-, totalizaría una erogación de $. 9.000.000 ?
Ante lo expuesto nos preguntamos: no se tiene, o no se quiere dar lo que se tiene?
Es justo lo que pide el gremio, pero queremos hacer una salvedad.
El ejecutivo ya les otorgó una suba del 18 % (8% en blanco y 10% en negro).
En mi humilde opinión pedir un 30% sobre eso es mucho.
Lo lógico sería que se complete un 30% anual con un 12% restante, pero todo en blanco, lo nuevo y el 10% que hoy se paga como no remunerativo.
El Sindicato no puede permitir que el estado municipal como empleador pague en negro, porque al admitirlo es el propio gremio quien precariza una parte fundamental de los derechos del trabajador, que es la legalidad del haber.
Instamos a las partes al diálogo, sin aprietes ni palabras subidas de tono.
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.

CALIDAD INSTITUCIONAL

El fallo del juez federal doctor Sergio Torres, quien procesó a dos funcionarios del área nacional de transporte por no impedir que los pasajeros viajen en los techos de los vagones de los trenes, es muy importante para la construcción de una verdadera república.
El magistrado les adjudicó a ambos el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y embargó sus bienes.Para el juez Torres, la supuesta inacción de los funcionarios puso en serio peligro la integridad física de los usuarios, pese a disponer de amplias facultades relativas al poder de organizar, supervisar y sancionar las deficiencias comprobadas por parte de prestatarios de los servicios públicos.
La cuestión surgió a partir de una denuncia mediática. Fue a raíz de la difusión de un video casero que envió una maestra a un canal de televisión, y en donde se veían a numerosos adolescentes viajando en el techo del tren o colgados a la locomotora.
El caso derivó en una denuncia del defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien también había reclamado -por vía administrativa- que la Secretaria de Transporte ejecutara los controles y acciones necesarias para que la empresa a cargo del servicio cumpliera con las obligaciones de seguridad establecidas en el reglamento de explotación del servicio.
Creo que la decisión del juez Torres, en procesar a dos funcionarios por no cumplir con su obligación, debiera motivar a todos aquellos que en el ejercicio de una función pública tienen la obligación de ejercer controles institucionales.
En Tres Arroyos no hay defensor del Pueblo, pero está el Concejo Deliberante, que, además de legislar, es quien debe actuar como auditor de gestión del Intendente.
Debe hacerlo, pero en la práctica, mas allá de discursos floridos, no lo hace.
El oficialismo, persiste en el error de creer que es una prolongación del ejecutivo, cuando, en realidad, integran un poder independiente.
Los diez ediles en cuestión algún día tendrán que entender que no son propiedad del Movimiento Vecinal, sino que accedieron a una banca del Pueblo de Tres Arroyos por un partido político, en este caso el que gobierna.
Y la oposición se refugia en el facilismo del “no me dan los números para torcer la voluntad de la mayoría oficialista”. Otra falsedad.
En una república existen tres poderes que se autocontrolan, y si la oposición en minoría ve que cuantitativamente no puede imponer su criterio para evitar que la mayoría en el gobierno avasalle al Pueblo, debe acudir a la justicia para que ésta intervenga y falle con una interpretación legal-institucional basada en la normativa vigente.
El respeto popular a sus instituciones representativas se tiene que ganar con hechos. Pero el legislativo tresarroyense ha hecho hasta lo increíble para auto-desprestigiarse.
Recordemos que a fines del año pasado, -y excluyendo de esta crítica al bloque de Acción Comunal que lo rechazó-, el resto de la actual constitución del Concejo Deliberante, tuvo una resolución digna del libro Guinnes de récords.
Aprobó un aumento de tasas que violó la Constitución Nacional, desconoció la Ley Orgánica de las Municipalidades e incumplió un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional sobre el tope del 33% a la suba anual de impuestos.
En algunas cosas somos únicos; porque, en que otro legislativo del Mundo vamos a encontrar algo peor en materia de desconocimiento de normas, que lo aprobado en esa ocasión en materia de calidad institucional al ejercer la función pública ?
Pero no pierdo la esperanza de que, alguna vez, los concejales se den cuenta de que fueron votados para no solo ocupar un cargo, sino para hacerse cargo de su responsabilidad y actuar en defensa de la población que les confirió el mandato.
Aunque sean casos extremos, el presunto incumplimiento en los deberes de funcionario público y presunta malversación de fondos públicos, son herramientas de la justicia que los legisladores deben utilizar para controlar a los ejecutivos, sobre todo si son minoría.
Si no lo hacen, esos mismos concejales estarán incurriendo, por omisión, en presuntos delitos administrativos.
Legisladores municipales, la tremenda baja estima que les tiene la población se corresponde con la deuda institucional que mantienen con un Pueblo que no ve en ustedes la representación que todos esperamos al momento de votar candidatos.
Cuando van a empezar a saldar esa deuda con la comunidad?
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.

PEDIR LO QUE HAY

El año pasado, cuando el delito local pasaba de la oleada habitual al tsunami, el Intendente y jefe político de la Policía Comunal fue a La Plata buscando soluciones, y le pidió al Ministro de Seguridad el otorgamiento del mando unificado de la policía tresarroyense.
La respuesta que Arslanián le dio a Sánchez fue: “Intendente, la unificación de mandos de la policía en Tres Arroyos hace seis meses que funciona a través de la jefatura departamental, que usted mismo inauguró”.
Esa situación ilógica, de un Intendente que va a pedir lo que ya hay, volvió a repetirse este año.
Después de otra oleada delictiva que terminó con el asesinato del vecino Rodolfo Medivid, el Intendente volvió a salir disparado hacía La Plata a pedirle ayuda a la misma provincia que el aceptó que le transfiriera la policía.
Esta vez el Ministro de Seguridad, Stornelli, no lo atendió, pero si lo hizo el de Justicia, Ricardo Casal.
Casal convenció al Intendente con dos anuncios. El primero, que se crearía el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil; y el segundo que comenzarían los juicios por flagrancia, un sistema que acelera los juicios contra los delincuentes sorprendidos en pleno acto ilícito.
Vamos por partes.
El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil no se va a crear ahora, sino que su creación por Ley data de fines de 2.006, promulgada por el mismo poder ejecutivo que a Sánchez le aseguró su pronta creación, el 18 de enero de este año.
En ningún país del mundo se constituye un fuero legal para resolver una coyuntura de un distrito en particular, como Tres Arroyos. Un fuero penal es creado para que rija en todo un territorio, en este caso en la provincia de Buenos Aires, de la que formamos parte.
Si, dentro de ese fuero general, se espera que localmente se tenga la estructura necesaria para funcionar.
Y acá surge otra perla de nuestro jefe comunal.
Esta radio fue el único medio periodístico que advirtió que Tres Arroyos se quedaría sin dos de los cargos fundamentales para que funcione el Foro Penal Juvenil, el Fiscal y el Defensor de Menores, si el Intendente no gestionaba políticamente para lograrlos.
Carlos Sánchez prefirió ignorar nuestra alerta temprana y confiar en la palabra de este mismo Ministro Casal, quien aseguraba que esos cargos vendrían a Tres Arroyos.
La cuestión terminó en que no solo ningún cargo vino para acá, sino que ninguno de los designados para esas funciones resultó ser alguno de los profesionales locales que concursaron.
Ahora centrémonos en el anuncio sobre la aplicación de la Ley de Flagrancia, presentada como remedio a nuestra inseguridad.
El Intendente informó que el ministro Casal le manifestó que se debía acelerar la puesta en funcionamiento del juicio por flagrancia.
Pero la realidad es que el sistema punitivo de flagrancia en Tres Arroyos funciona desde el 12 de mayo pasado.
En estos tres meses se tramitaron unos quince expedientes con detenidos en flagrante delito, e, incluso, en algunos casos ya hay sentencia condenatoria firme.
Cómo es que Carlos Sánchez ignoraba esto?
El fiscal Lopazzo, -en declaraciones a Radio 3 (95,9)-, confirmó que los juicios por flagrancia ya se hacen en Tres Arroyos. Consultamos al jefe comunal sobre esto. La respuesta que nos dio Sánchez es que “para que el sistema de flagrancia entre en vigencia en Tres Arroyos faltan micrófonos”.
Un informe de la justicia, al que tuvimos acceso, dice lo siguiente:
En el Juzgado de Garantías, donde se tramita la flagrancia en forma oral durante la investigación, a principios de año trajeron todos los equipos necesarios para funcionar. Incluso sobra un micrófono que se lo guarda como repuesto.
El Intendente, también desconocía esto?
Y, por si faltara algo, los fiscales instruyen a los policías sobre el sistema de flagrancia desde diciembre de 2.007, con academias que ahora se hacen en CRESTA, que es una dependencia de la municipalidad, y a la primera jornada de capacitación asistió el propio Secretario de Seguridad.
El doctor Pérez Rejón, -el especialista en seguridad que vino para asesorar a Sánchez-, fue claro. Por ley de Policía Comunal, el que diseña las políticas contra el delito basadas en la prevención es el Intendente. La justicia solo actúa una vez cometido el hecho.
No funciona la prevención de la Policía Comunal de la que usted es el jefe político, Señor Carlos Sánchez.
Cuantos más Medivid tendremos que llorar los tresarroyenses, hasta que usted, Señor Intendente, entienda que fue votado para dar soluciones, no para que traslade responsabilidades propias?
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.

SOLO EXISTE EL CONURBANO

Días atrás, Diputados y senadores provinciales sancionaron la reforma tributaria de la administración Scioli por la cual se incrementará en $ 2.200 millones la recaudación fiscal a través del aumento del impuesto a los Ingresos Brutos a comercios e industrias bonaerenses.
De acuerdo a la nueva ley, esos aumentos se cobrarán a las industrias que facturen más de $ 60 millones anuales (actualmente exentas), que pagarán 1% si están radicadas en la Provincia y el 3% las que introducen sus productos desde otro lugar. Además, los comercios que superen una facturación de $ 30 millones por año pasarán de pagar el 3% al 4,5%. Mientras que los servicios mantendrán el 3,5% que pagan actualmente.
Entre los cambios al proyecto original se incrementó la alícuota para los Bingos y Tragamonedas incluida en el proyecto original, llevándola de 3,5% a 6%
El proyecto fue debatido primero en la Cámara baja, donde fue aprobado por el bloque oficialista del Frente para la Victoria, con mayoría propia, y la Concertación Plural (radicales K).
Los diputados de la UCR también votaron a favor pero objetaron la suba de impuestos, entre otros puntos. Mientras que la Coalición Cívica, el Pro, Unión Celeste y blanco y Recrear se opusieron.
Nadie puede estar en contra de que empresas que facturan 60 millones por año paguen por lo que antes estaban exentos. Eso está bien y hace a la equidad tributaria; pero el problema está en como se distribuye ese mayor ingreso.
Y caemos en lo de siempre. La mayor parte de los 250 millones de mas que se destinarán a los municipios van para el conurbano bonaerense; coincidentemente el lugar donde están los votos que deciden las elecciones provinciales, e, incluso, nacionales.
Y esto es así porque los parámetros de coparticipación que se aplican se basan en índices de necesidades básicas insatisfechas, en donde los distritos del conurbano superan ampliamente a la realidad de los partidos del interior bonaerense, como el nuestro.
Y ante esto surge una pregunta.
Pero cómo, no es que los indicadores sociales oficiales muestran una realidad de mejora social, con caída del desempleo, étc, étc, étc? Entonces, si esos datos son ciertos, porque se redireccionan fondos para cuestiones que, según el discurso oficial, estarían en vías de solución ?
El otro punto importante es el referido al impuesto inmobiliario urbano, donde la Provincia ha estimado que hay una gran cantidad de inmuebles valuados por debajo de los 100.000 pesos, por los que sus propietarios pagan unos 15 pesos de impuesto. Y como la provincia gasta mas en costo de emisión y envío de los que cobra lo que hace es suprimir esos pagos.
Esto es un acto de inequidad tributaria absoluta con el resto de los que seguirán pagando el inmobiliario urbano.
A nadie se lo ocurrió que en vez de eliminar el pago, lo podrían transferir a los municipios a través de una descentralización como la de las patentes de autos de viejos modelos, y permitir que las comunas perciban un ingreso extra por propiedades ubicadas en su jurisdicción de prestación de servicio?
A todos los legisladores esto se les pasó por alto. Si les ocurrió a los intendentes, -sobre todo del interior-, como Carlos Sánchez, que necesitan de recursos para cumplir con los servicios y atender las lógicas demandas de aumentos de sueldos de los municipales ante una inflación anual del 30%.
Y saben porque pasa esto ?
Porque a los gobernadores solo les importa el conurbano como coto de masa electoral que es, subvencionado por un interior demasiado sumiso; al menos hasta ahora.
De hecho, la reforma tributaria para toda la provincia la acordó Scioli reuniéndose solo con los Intendentes del conurbano bonaerense.
Hay solo una forma de cambiar esta historia repetida que siempre nos juega en contra a los bonaerenses del interior. Y puede comenzar a gestarse en la elección del año que viene.
No será hora de empezar a crear un partido político de carácter netamente provincial que pueda constituirse en una alternativa a los partidos tradicionales que siempre caen en el facilismo de repartir el maná que el interior financia para consolidarse en el poder por la compra de votos del conurbano?
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.

PARAISO DELICTIVO

Si uno analiza la relación entre la densidad poblacional, el número de ilícitos cometidos y la cantidad de condenados, se puede hablar de que Tres Arroyos es una especie de paraíso delictivo.
Es cierto que la inseguridad es una endemia nacional, muy grave en el conurbano bonaerense y en grandes urbes, pero en Tres Arroyos viven 50 mil personas, no 500 mil.
La historia de la inseguridad tresarroyense de los últimos cuatro años, -a partir de la creación de la Policía Comunal-, es tragicómica; trágica para las víctimas de los delitos, y cómica por las excusas que los responsables de dar seguridad dan ante la falta de resultados.
Si hay un lugar en el mundo, donde los funcionarios involucrados en esta cuestión pueden escribir un manual sobre no hacerse cargo, es en Tres Arroyos.
Quizás por que no tuvo castigo electoral, el Intendente no acepta el inocultable fracaso de la Policía Comunal; sistema al que adhirió para tratar de igualar con la provincia el vínculo que su predecesor, -Aprile-, tuvo, aunque el Ingeniero sin entregar nada.
Ahora, porque fracasa en Tres Arroyos una Policía Comunal que si tiene resultados en otros distritos, incluso en aquellos donde el jefe comunal es del color político opositor al del Gobernador ?
Porque en esos lugares todos los esfuerzos se direccionan para combatir a la delincuencia. En Tres Arroyos, para buscar culpables en quien derivar responsabilidades propias ante el fracaso.
La Policía Comunal fue concebida para la prevención. Pero en Tres Arroyos no cumple con la premisa de evitar el delito, porque llegan, -casi siempre-, después de cometido el hecho.
Atento a esto, el rol policial en este distrito debe definirse como asistencial y pericial. Llegan pronto para contener a las víctimas y se dedican a levantar rastros en el lugar donde ya robaron.
Para que la Policía funcione tiene que tener un control permanente de la autoridad política, sobre todo en el sistema de la Comunal, donde el Intendente es el jefe.
Pero acá ocurre todo lo contrario; pareciera que el subordinado a la fuerza es Carlos Sánchez.
El hecho ocurrido tiempo atrás, cuando la tropa policial obligó a la modificación del esquema de servicio establecido, es la muestra acabada de esta inversión de autoridad.
Centrar el cuestionamiento de los resultados en el Secretario de Seguridad, y no en el Intendente, es lo mismo que pensar que en la negociación con el campo, Guillermo Moreno le pateaba el tablero a Alberto Fernández porque al Secretario de Comercio se le ocurría, y no porque seguía directivas.
La Ley de Policía Comunal es clara cuando dice que quien fija las políticas de seguridad es el Intendente. Por ende, el legislativo en pleno, -no solo la oposición-, tiene que pedir las explicaciones al Jefe Comunal y político de la Policía, que es Carlos Sánchez.
El Concejo Deliberante debe interpelar al Intendente ante la ola de inseguridad. Ese es el acto de control de gestión que le cabe; no esas reuniones repetidas que han demostrado no servir para nada.
Algunos especulan que estando en minoría la oposición nunca podría lograr que se apruebe la interpelación del Jefe Comunal o de quien él designe. Y ante esto surgen dos cosas.
Primero que el Senado Nacional demostró, al tratar las retenciones, que cuando la gente presiona las mayorías pueden revertirse.
Y segundo, hay que hacer memoria. Durante toda la gestión como Intendente de Carlos Sánchez hubo inseguridad, con picos de más o de menos, pero siempre existió. Hace 56 meses que gobierna, pero solo desde hace 8 con mayoría legislativa, lo que representa el 14% del tiempo en el cargo.
Durante el 86% restante del mandato de Sánchez, acompañado siempre por la inseguridad alarmante, la mayoría en el Concejo Deliberante la tuvo la oposición. Y sin embargo nunca pidieron interpelar al ejecutivo ante el avance irrefrenable de la delincuencia.
Hablando con la gente, -cosa que la mayoría de los representantes políticos no hacen-, surgen las sensaciones del Pueblo sobre esto.
Los tresarroyenses sienten que al Intendente le interesa más la Fiesta del Trigo que la lucha contra la delincuencia.
Sienten que los concejales solo buscan mostrarse preocupados por una problemática sobre la que, en realidad, no se ocupan.
Sienten que la Policía Comunal potenció la interna en la fuerza.
Sienten que hay demasiadas diferencias de criterio entre la Fiscalía y el Juzgado de Garantías, que llevan a resultados frustrantes.
Sienten que a la fuerza policial el sistema político le hizo perder respeto ante los delincuentes.
Sienten que las leyes defienden al victimario y no a las víctimas.
Y, sobre todo, los tresarroyenses se sienten desprotegidos ante el delito permanente.
Y la pregunta que surge de esto está dirigida a todos los que tienen la obligación de cuidarnos de los delincuentes:
Pueden no sentir vergüenza, obteniendo tan pocos resultados ?
Hasta la próxima.

Marcelo N. Mouhapé Furné.