Por definición, democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva.
En la democracia representativa, -que es la existente en nuestro país-, el Pueblo delega la soberanía de decisiones en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. En teoría, estas autoridades deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos.
Argentina, -al menos es lo que se pregona-, es una democracia republicana, donde la división en tres poderes independientes está destinada a evitar la concentración del mando, garantizando que la voluntad popular reflejada en la Legislatura tenga influencia efectiva sobre el gobierno, y con la Justicia establecer controles recíprocos.
Este sistema casi nunca funcionó en nuestro país, ya que, casi siempre, el Ejecutivo retuvo una capacidad de decisión asimétrica en relación a los otros; con disciplina partidaria en las Cámaras y con las presiones o manipulaciones sobre el Poder Judicial.
Por muchas razones no vivimos en una democracia plena, pero, sobre todo, porque se incumple con la premisa básica del sistema democrático, que pasa porque los beneficios de la democracia los reciban todos los habitantes del país.
Argentina tiene una forma de poder democrático institucional pero, -salvo excepciones-, con beneficios circunscriptos solo para sus dirigentes. Paradójicamente, el ciudadano común, -que constituye la base de sustento del sistema-, no goza de los mismos derechos que la clase dirigente.
Estamos indefensos ante el avasallamiento de las mayorías políticas y ante la aplicación selectiva de la Ley. Podemos protestar ante las injusticias, pero muy pocas veces logramos que el sistema funcione para evitar lo injusto.
Aunque en algunos casos no se encuadren en el incumplimiento en los deberes de un funcionario público, hay evidentes acciones político-institucionales que se constituyen en delitos contra la esencia de la Democracia.
Esto pasa, por ejemplo:
Cuando el Poder Ejecutivo utiliza en forma abusiva una mayoría legislativa, -malentendida como propia-, y aplica resoluciones que avasallan los derechos y ponen en riesgo los bienes del Pueblo.
También ocurre cuando los legisladores en mayoría, -nacionales, provinciales o municipales-, olvidan su obligación primaria de representar a la comunidad toda, y basándose en una desubicada disciplina partidaria acompañan medidas coercitivas del ejecutivo.
Pasa cuando los legisladores en minoría se quedan en la fácil y no recurren a la justicia para que, como poder normalizador, evite que la mayoría oficialista afecte a la población con medidas injustas.
El absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder reside en una única persona, a quien deben obedecer todas las demás, sin rendir cuentas al parlamento ni al pueblo, y el nepotismo es la preferencia que algunos gobernantes tienen para dar empleos públicos a familiares o favores licitatorios a amigos.
A 25 años de haber salido de la noche más negra de Argentina, cual es el sistema imperante en nuestro país? Está más cercano al ideal de la Democracia Republicana plena, o al Absolutismo con un alto componente de nepotismo?
A lo largo y ancho del país habrá casos que se ajusten a cada una de las formas mencionadas, en mayor o menor medida, pero lo que queda claro es que nuestra Democracia está en construcción y no se puede edificar solidamente si en la obra no participamos todos.
Y participar en democracia no se reduce al mero acto de sufragar cada dos años. Implica exigir a nuestros representantes a cada momento que cumplan con su función, que es la de propender al bienestar general, no al suyo en particular.
No esperemos otros 25 años para darnos cuenta de que no somos lo que deberíamos ser ni estamos donde tendríamos que estar.
Comencemos a darle el valor agregado individual para que la democracia que nos costó tanto conseguir sea la forma de vida que merece ser vivida, y no un mero rótulo vacío de contenido cívico.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
viernes 31 de octubre de 2008
jueves 23 de octubre de 2008
SIN OPCION
La reestatización del sistema privado de jubilaciones en Argentina, impulsado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y ahora a consideración del Congreso de la Nación, es una decisión que genera controversias de fronteras para adentro y desconfianza internacional.
El tiempo dirá si el argumento con el que el Gobierno central vuelve al estado un sistema jubilatorio privatizado hace 14 años es el de cuidar el capital de los aportantes, o si se trató de otro mero saqueo al dinero de los Argentinos, como ya ocurrió varias veces.
Hagamos memoria.
Pasó con las propias cajas jubilatorias en 1.956, tomadas durante el Gobierno de Aramburu para darle liquidez al ejecutivo de facto.
Volvió a pasar al inicio de la gestión menemista con el plan bonex, con el cual el dinero de los ahorristas se canjeó por papeles del estado.
Ocurrió de nuevo con el corralito delaruista aplicado por Cavallo con el que se limitaban las extracciones de dinero a la gente para evitar una corrida cambiaria, cuando los grandes capitales ya se habían ido ante las pasivas narices del Gobierno.
Y sucedió otra vez con el corralón impuesto por Duhalde, mediante el cual se pesificó y se reprogramaron todos los depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos en función de los montos depositados.
Lo que pasará si el Congreso aprueba la vuelta al estado de lo aportado a las AFJP no es nuevo. Es un acto gubernamental cíclicamente repetitivo de vulneración de derechos ciudadanos. En este caso los de la propiedad privada y el de la libre elección.
Hay cuestiones que no pueden soslayarse en el análisis.
El Gobierno afirma que toma la medida proteccionista en función de la hecatombe económica mundial y eso tiene una fundamentación lógica irrebatible.
También debemos destacar que la administración K es la que mejor se ha portado con los jubilados; les aumentó el haber once veces y cuenta con un ANSES que actuó como una agencia modelo, que brindó servicios especiales que posibilitaron la jubilación a mucha gente que nunca la hubiera logrado y sus fondos se administraron con mucha eficacia y responsabilidad.
Es decir, si el manejo de los fondos dependiera solamente del ANSES, los hechos demuestran que debería haber tranquilidad; pero en la estructura de poder Kirchnerista no hay nada totalmente autárquico, y mucho menos si se maneja semejante volumen de dinero.
Los 95 mil millones que de las AFJP pasarán al estado implican una caja necesaria para una administración con un gasto enorme por sobredimensionamiento, en un año que los ingresos no fueron los esperados al caérsele la super-recaudación de las retenciones móviles.
Además, de esos 95 mil millones, 53 mil corresponden a títulos de deuda, que en la práctica son pagarés que el estado debe levantar en el corto y mediano plazo. Al pasarlos al fondo de reparto, la administración no solo se saca de encima una obligación a saldar, sino que reprograma a más años, -el tiempo de espera de un activo para jubilarse-, el pago a cada uno de los tenedores particulares de bonos que hoy estatiza. Un negocio redondo.
Ahora viene la discusión parlamentaria. Y por lo que se ve, será más política que técnica.
Que bueno sería que hubiera alternativas, por ejemplo esta:
Por que no se establece un sistema individual de capitalización monitoreado por el ANSES ?
Por ejemplo, que cada trabajador tenga una cuenta jubilatoria en bancos oficiales, -Nación, Ciudad de Buenos Aires y/o los de las Provincias-, para que disponga de un reaseguro estatal.
Que esa cuenta sea como la de sueldos,-sin gastos administativos-, y que a lo que le descuentan para la jubilación mensualmente el titular pueda hacer aportes adicionales, y que sobre ese ahorro se aplique un interés idéntico al encarecimiento del costo de vida real a fin de que ese capital no lo licue la inflación.
A su vez, el dinero de estas cajas jubilatorias que sea utilizado para que esas entidades bancarias estatales actúen como bancos de fomento con líneas crediticias exclusivamente destinadas a financiar emprendimientos y empresas que generen empleo.
De esta forma se tendría una cuenta personal de jubilación creciente, sin costos administrativos de fondeo, sin pérdida de capital, con reaseguro del estado y posibilitando, a su vez, alimentar el circuito productivo y de generación de trabajo.
Este esquema debería ser administrado y controlado por el ANSES, al que tendrían que dotarse del poder de policía necesario para actuar ante los casos de evasión de aportes.
Es indispensable que una modalidad como esta tenga el contralor de una agencia que ha demostrado una superlativa capacidad operativa y transparencia en el manejo de los fondos ajenos, como lo es el ANSES.
Es un aporte que se nos ocurrió podría servir en la discusión de algo tan importante para todos, como lo es la jubilación.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
El tiempo dirá si el argumento con el que el Gobierno central vuelve al estado un sistema jubilatorio privatizado hace 14 años es el de cuidar el capital de los aportantes, o si se trató de otro mero saqueo al dinero de los Argentinos, como ya ocurrió varias veces.
Hagamos memoria.
Pasó con las propias cajas jubilatorias en 1.956, tomadas durante el Gobierno de Aramburu para darle liquidez al ejecutivo de facto.
Volvió a pasar al inicio de la gestión menemista con el plan bonex, con el cual el dinero de los ahorristas se canjeó por papeles del estado.
Ocurrió de nuevo con el corralito delaruista aplicado por Cavallo con el que se limitaban las extracciones de dinero a la gente para evitar una corrida cambiaria, cuando los grandes capitales ya se habían ido ante las pasivas narices del Gobierno.
Y sucedió otra vez con el corralón impuesto por Duhalde, mediante el cual se pesificó y se reprogramaron todos los depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos en función de los montos depositados.
Lo que pasará si el Congreso aprueba la vuelta al estado de lo aportado a las AFJP no es nuevo. Es un acto gubernamental cíclicamente repetitivo de vulneración de derechos ciudadanos. En este caso los de la propiedad privada y el de la libre elección.
Hay cuestiones que no pueden soslayarse en el análisis.
El Gobierno afirma que toma la medida proteccionista en función de la hecatombe económica mundial y eso tiene una fundamentación lógica irrebatible.
También debemos destacar que la administración K es la que mejor se ha portado con los jubilados; les aumentó el haber once veces y cuenta con un ANSES que actuó como una agencia modelo, que brindó servicios especiales que posibilitaron la jubilación a mucha gente que nunca la hubiera logrado y sus fondos se administraron con mucha eficacia y responsabilidad.
Es decir, si el manejo de los fondos dependiera solamente del ANSES, los hechos demuestran que debería haber tranquilidad; pero en la estructura de poder Kirchnerista no hay nada totalmente autárquico, y mucho menos si se maneja semejante volumen de dinero.
Los 95 mil millones que de las AFJP pasarán al estado implican una caja necesaria para una administración con un gasto enorme por sobredimensionamiento, en un año que los ingresos no fueron los esperados al caérsele la super-recaudación de las retenciones móviles.
Además, de esos 95 mil millones, 53 mil corresponden a títulos de deuda, que en la práctica son pagarés que el estado debe levantar en el corto y mediano plazo. Al pasarlos al fondo de reparto, la administración no solo se saca de encima una obligación a saldar, sino que reprograma a más años, -el tiempo de espera de un activo para jubilarse-, el pago a cada uno de los tenedores particulares de bonos que hoy estatiza. Un negocio redondo.
Ahora viene la discusión parlamentaria. Y por lo que se ve, será más política que técnica.
Que bueno sería que hubiera alternativas, por ejemplo esta:
Por que no se establece un sistema individual de capitalización monitoreado por el ANSES ?
Por ejemplo, que cada trabajador tenga una cuenta jubilatoria en bancos oficiales, -Nación, Ciudad de Buenos Aires y/o los de las Provincias-, para que disponga de un reaseguro estatal.
Que esa cuenta sea como la de sueldos,-sin gastos administativos-, y que a lo que le descuentan para la jubilación mensualmente el titular pueda hacer aportes adicionales, y que sobre ese ahorro se aplique un interés idéntico al encarecimiento del costo de vida real a fin de que ese capital no lo licue la inflación.
A su vez, el dinero de estas cajas jubilatorias que sea utilizado para que esas entidades bancarias estatales actúen como bancos de fomento con líneas crediticias exclusivamente destinadas a financiar emprendimientos y empresas que generen empleo.
De esta forma se tendría una cuenta personal de jubilación creciente, sin costos administrativos de fondeo, sin pérdida de capital, con reaseguro del estado y posibilitando, a su vez, alimentar el circuito productivo y de generación de trabajo.
Este esquema debería ser administrado y controlado por el ANSES, al que tendrían que dotarse del poder de policía necesario para actuar ante los casos de evasión de aportes.
Es indispensable que una modalidad como esta tenga el contralor de una agencia que ha demostrado una superlativa capacidad operativa y transparencia en el manejo de los fondos ajenos, como lo es el ANSES.
Es un aporte que se nos ocurrió podría servir en la discusión de algo tan importante para todos, como lo es la jubilación.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
sábado 18 de octubre de 2008
TASAS O IMPUESTOS ?
Según la definición técnica una tasa es un pago por un servicio que brinda el Estado, -en nuestro caso la Municipalidad-, que el contribuyente usa para sí a través de la contraprestación de un servicio.
En cuanto al impuesto, se trata de un tributo sin contraprestación exigido por el Estado.
En Tres Arroyos, lo que los contribuyentes pagamos está mucho más cerca de ser un impuesto que una tasa, porque los servicios que se contraprestan son hartodeficitarios.
Los días pasados hubo dos noticias anticipadas por Radio 3 que demuestran esto. Recordemos.
Dimos a conocer que, a consecuencia que el Intendente se negaría a pagar horas extras a los empleados del ente descentralizado vial, los caminos rurales se resienten por la merma en el mantenimiento.
Cabe acotar que si hay un área donde se justifican las horas extras es la Comisión Vial Rural, porque los empleados deben trasladarse en la mayoría de los casos a varios kilómetros para cumplir con su tarea en la zona de campo correspondiente.
Esos traslados reducen mucho los turnos normales de trabajo de los empleados municipales. Es por eso que siempre hubo una carga importante de horas extras, las que son indispensables para preservar el buen estado de los caminos vecinales.
Hoy este servicio está resentido, y los productores agropecuarios, con justa razón, -ya que pagan casi en un 100% una tasa que en diciembre aumentó un 42%-, están poniendo el grito en el cielo porque la red vial rural se desmejora, justo en la época cuando mas se la necesita.
Según trascendió desde la propia municipalidad, habría dos motivos para que Carlos Sánchez no autorizaría el pago de horas extras en la Comisión Vial. Una, cómo castigo a los empleados que realizaron la retención de tareas durante el reclamo salarial; y otra porque la medida forma parte de un paquete de reducción de gastos general porque las cuentas con cierran.
En ambos casos, habría una irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Una personal, y la otra técnica administrativa.
En cuanto a la primera, si es cierto que el jefe comunal no da vía libre para que le paguen horas extras al personal vial como pase de factura a los trabajadores que reclamaron lo que les correspondía, habría una actitud aniñada impropia de un adulto que ejerce tal responsabilidad.
Y si el caso es que las horas extras no se dan porque no alcanza el dinero, surge entonces una impericia en el cálculo de los recursos y un desmanejo de los fondos disponibles, al quedarse corto con el presupuesto elevado al legislativo para ser aprobado, al que deben agregarse unos 10 millones por suba de coparticipación y la reforma en el sistema tributario provincial.
Seguro que más de 10 millones, porque los 700 mil pesos que el Secretario Municipal de Hacienda preveía que ingresaran por la reforma tributaria, él mismo ahora admite que serán dos millones de pesos.
La otra noticia que dimos en exclusiva y que muestra desidia en la gestión comunal para con los contribuyentes, tiene que ver con el pésimo estado que presenta la plaza Islas Malvinas en el barrio de la escuela 18.
Los vecinos acompañaron al móvil de Radio 3 en una recorrida por el paseo público olvidado de la gestión municipal, porque el hecho de que hace seis meses que carece de placero demuestra que poco le interesa a la administración municipal mantener en el estado que los residentes de ese amplio sector merecen que tenga su plaza.
Está claro que con los 10 o más millones de pesos extras que la provincia le envía este año a la Municipalidad de Tres Arroyos, se cubre el aumento otorgado a los empleados municipales.
Y atento a esto la pregunta es, que hicieron con los tres millones y medio que los tresarroyenses pagamos de mas este año por la suba de entre el 100 y el 700 % de la tasa de servicios urbanos?
Con semejante volumen de dinero extra no pueden gastar 300 pesos para reparar el motor de la fuente y colocar dos canillas en esa plaza? No tienen fondos para arreglar los juegos infantiles, o colocar una iluminación que evite que ese paseo público pase a ser una boca de lobo utilizada incluso hasta como depósito transitorio de cosas robadas? Una plaza no amerita ser una cuadra segura?
Ni hablar del servicio de sanitarios, que en dos años aumentó un 60%. No se hizo nada para mejorar la calidad del agua y tampoco para renovar la red, en la cual los caños revientan por doquier y destruyen los pavimentos, los que tampoco se bachean, y por ende las calles terminan en tan mal estado que la única solución es repavimentarlas con un sobrecosto elevadísimo para los mismos contribuyentes que vienen pagando un altísimo servicios urbanos.
Administradores ocasionales del municipio, si van a seguir así, sacándonos la plata para darnos casi nada, sincérense con nosotros y sáquenle a nuestras contribuciones el nombre de tasa para colocarle la de impuesto.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
En cuanto al impuesto, se trata de un tributo sin contraprestación exigido por el Estado.
En Tres Arroyos, lo que los contribuyentes pagamos está mucho más cerca de ser un impuesto que una tasa, porque los servicios que se contraprestan son hartodeficitarios.
Los días pasados hubo dos noticias anticipadas por Radio 3 que demuestran esto. Recordemos.
Dimos a conocer que, a consecuencia que el Intendente se negaría a pagar horas extras a los empleados del ente descentralizado vial, los caminos rurales se resienten por la merma en el mantenimiento.
Cabe acotar que si hay un área donde se justifican las horas extras es la Comisión Vial Rural, porque los empleados deben trasladarse en la mayoría de los casos a varios kilómetros para cumplir con su tarea en la zona de campo correspondiente.
Esos traslados reducen mucho los turnos normales de trabajo de los empleados municipales. Es por eso que siempre hubo una carga importante de horas extras, las que son indispensables para preservar el buen estado de los caminos vecinales.
Hoy este servicio está resentido, y los productores agropecuarios, con justa razón, -ya que pagan casi en un 100% una tasa que en diciembre aumentó un 42%-, están poniendo el grito en el cielo porque la red vial rural se desmejora, justo en la época cuando mas se la necesita.
Según trascendió desde la propia municipalidad, habría dos motivos para que Carlos Sánchez no autorizaría el pago de horas extras en la Comisión Vial. Una, cómo castigo a los empleados que realizaron la retención de tareas durante el reclamo salarial; y otra porque la medida forma parte de un paquete de reducción de gastos general porque las cuentas con cierran.
En ambos casos, habría una irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Una personal, y la otra técnica administrativa.
En cuanto a la primera, si es cierto que el jefe comunal no da vía libre para que le paguen horas extras al personal vial como pase de factura a los trabajadores que reclamaron lo que les correspondía, habría una actitud aniñada impropia de un adulto que ejerce tal responsabilidad.
Y si el caso es que las horas extras no se dan porque no alcanza el dinero, surge entonces una impericia en el cálculo de los recursos y un desmanejo de los fondos disponibles, al quedarse corto con el presupuesto elevado al legislativo para ser aprobado, al que deben agregarse unos 10 millones por suba de coparticipación y la reforma en el sistema tributario provincial.
Seguro que más de 10 millones, porque los 700 mil pesos que el Secretario Municipal de Hacienda preveía que ingresaran por la reforma tributaria, él mismo ahora admite que serán dos millones de pesos.
La otra noticia que dimos en exclusiva y que muestra desidia en la gestión comunal para con los contribuyentes, tiene que ver con el pésimo estado que presenta la plaza Islas Malvinas en el barrio de la escuela 18.
Los vecinos acompañaron al móvil de Radio 3 en una recorrida por el paseo público olvidado de la gestión municipal, porque el hecho de que hace seis meses que carece de placero demuestra que poco le interesa a la administración municipal mantener en el estado que los residentes de ese amplio sector merecen que tenga su plaza.
Está claro que con los 10 o más millones de pesos extras que la provincia le envía este año a la Municipalidad de Tres Arroyos, se cubre el aumento otorgado a los empleados municipales.
Y atento a esto la pregunta es, que hicieron con los tres millones y medio que los tresarroyenses pagamos de mas este año por la suba de entre el 100 y el 700 % de la tasa de servicios urbanos?
Con semejante volumen de dinero extra no pueden gastar 300 pesos para reparar el motor de la fuente y colocar dos canillas en esa plaza? No tienen fondos para arreglar los juegos infantiles, o colocar una iluminación que evite que ese paseo público pase a ser una boca de lobo utilizada incluso hasta como depósito transitorio de cosas robadas? Una plaza no amerita ser una cuadra segura?
Ni hablar del servicio de sanitarios, que en dos años aumentó un 60%. No se hizo nada para mejorar la calidad del agua y tampoco para renovar la red, en la cual los caños revientan por doquier y destruyen los pavimentos, los que tampoco se bachean, y por ende las calles terminan en tan mal estado que la única solución es repavimentarlas con un sobrecosto elevadísimo para los mismos contribuyentes que vienen pagando un altísimo servicios urbanos.
Administradores ocasionales del municipio, si van a seguir así, sacándonos la plata para darnos casi nada, sincérense con nosotros y sáquenle a nuestras contribuciones el nombre de tasa para colocarle la de impuesto.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
jueves 9 de octubre de 2008
Y PESE A TODO, EL CAMPO VA
Con una muy renovada e integradora exposición, la Sociedad Rural de Tres Arroyos reedita la interacción entre el campo generador de recursos y la cada vez más pujante ciudad, que usufructúa lo producido en una región con las tierras más feraces en uno de los países más fértiles del Mundo.
El sector agropecuario es el principal generador de riqueza del país, pero, sin embargo, ningún gobierno le dio la importancia estratégica que tiene. Y mucho menos el actual, que se ha ensañado con un sistema de incautación de utilidades, mal llamado retenciones.
Por el contrario, todas las administraciones presidenciales, y sobre todo la actual, han cargado sobre las anchísimas espaldas del campo una presión tributaria descomunal, que esquilma al sector que le da vida a distritos como el de Tres Arroyos, y lo pone en desventaja ante la competencia mundial.
Las retenciones crecientes y el aumento exponencial de los insumos, ponen a los chacareros ante la imposibilidad en muchos casos de seguir produciendo, ya ni hablar de invertir en teconología.
Esa traba a continuar procesos de tecnificación genera un efecto recesivo en la industria rural.
Las injustas retenciones son un obstruccionismo operativo para el productor de fronteras para adentro y una licuación de argumentos de negociación comercial internacional. Porque, como se puede sostener un argumento de queja ante los países proteccionistas, cuando nosotros ahogamos a nuestros productores?
Y a las retenciones deben sumarse las políticas perjudiciales en ganadería y lechería, además de la ausencia de políticas de asistencia para paliar desastres naturales como la sequía, ya que las leyes de emergencia agropecuaria, son cuasinexistentes a la hora de resolver problemas.
Un combo extremadamente nocivo para el desarrollo sustentable de las explotaciones agropecuarias, que representan el 70% de la economía tresarroyense.
Pese a todo esto, el campo sigue apostando a favor del país, y la muestra número 153 de la Sociedad Rural de Tres Arroyos es una clara muestra de ello.
Hasta la próxima.
Marcelo Mouhapé.
El sector agropecuario es el principal generador de riqueza del país, pero, sin embargo, ningún gobierno le dio la importancia estratégica que tiene. Y mucho menos el actual, que se ha ensañado con un sistema de incautación de utilidades, mal llamado retenciones.
Por el contrario, todas las administraciones presidenciales, y sobre todo la actual, han cargado sobre las anchísimas espaldas del campo una presión tributaria descomunal, que esquilma al sector que le da vida a distritos como el de Tres Arroyos, y lo pone en desventaja ante la competencia mundial.
Las retenciones crecientes y el aumento exponencial de los insumos, ponen a los chacareros ante la imposibilidad en muchos casos de seguir produciendo, ya ni hablar de invertir en teconología.
Esa traba a continuar procesos de tecnificación genera un efecto recesivo en la industria rural.
Las injustas retenciones son un obstruccionismo operativo para el productor de fronteras para adentro y una licuación de argumentos de negociación comercial internacional. Porque, como se puede sostener un argumento de queja ante los países proteccionistas, cuando nosotros ahogamos a nuestros productores?
Y a las retenciones deben sumarse las políticas perjudiciales en ganadería y lechería, además de la ausencia de políticas de asistencia para paliar desastres naturales como la sequía, ya que las leyes de emergencia agropecuaria, son cuasinexistentes a la hora de resolver problemas.
Un combo extremadamente nocivo para el desarrollo sustentable de las explotaciones agropecuarias, que representan el 70% de la economía tresarroyense.
Pese a todo esto, el campo sigue apostando a favor del país, y la muestra número 153 de la Sociedad Rural de Tres Arroyos es una clara muestra de ello.
Hasta la próxima.
Marcelo Mouhapé.
viernes 3 de octubre de 2008
CABLES A TIERRA
Durante el fin de semana del 27 y 28 de septiembre robaron cables de la Cooperativa Eléctrica por un total de 36 mil pesos.
Lo confirmó el Presidente del Consejo de Administración de la CELTA.
Pero Nicolás Ambrosius suministró a través de Radio 3 datos aún mas alarmantes sobre esta problemática, -la de la sustracción de líneas de energía-, que en Tres Arroyos surgió hace unos tres años.
Señaló que durante 2.006 robaron cables por un total de 100 mil pesos, y que el año pasado esa cifra se duplicó, totalizando una pérdida de 220 mil pesos.
Pero si a esas cifras se agregan las sustracciones de cables durante este año se estima que en los tres últimos años, la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos sufrió la sustracción de líneas por un total de 600 mil pesos.
Hace dos años y medio estos mismos ilícitos motivaron que la CELTA planteara a las autoridades municipales, -responsables de la Policía Comunal-, colaboración ante una modalidad delictiva que crecía.
Tras la reunión con los directivos de la CELTA, -el 12 de abril de 2.006-, el Secretario Municipal de Seguridad, hizo los siguientes comentarios a la prensa sobre el robo de cables:
Apolonio advirtió que “el robo de cables se ha convertido en una actividad ilícita atractiva para los delincuentes, que pueden vender su botín a 10 pesos el kilo si es cobre limpio, o hasta 5 ó 6 si está sucio (con restos de cable de goma o tela)”.
Y para tratar de prevenir el crecimiento de la sustracción del cableado, el funcionario municipal asumió el compromiso de "controlar con rondas policiales los lugares afectados, sobre todo la zona suburbana, con la participación de efectivos de Caballería y de Policía Comunal".
Desde que el Secretario Municipal de Seguridad, -área de la que depende la Policía Comunal-, prometió aumentar el patrullaje para evitar el robo de cables, la CELTA quintuplicó el perjuicio que por este modus operandi delictivo había sufrido hasta ese momento.
Cabe acotar que el robo del cableado es un delito que se comete en la vía pública, y que cuenta con una operatividad elaborada. No es un hurto a la pasada como puede sustraerse una bicicleta. Para llevarse líneas eléctricas deben trabajar durante un tiempo, en altura, y a la vista de todo el mundo.
Cómo puede ser entonces que durante los tres años que vienen robando cables en la calle, no haya un solo detenido ni se haya podido ubicar al o los lugares donde se reduce el cobre?
Sustraen un promedio anual de 200 mil pesos de cables en plena calle, y no pudieron esclarecer ni un solo hecho?
Hace pocos días se dejó un barrio sin luz, y en una oportunidad hasta una planta industrial tuvo que parar su producción porque le habían sustraído el cableado. Y no hace muchos meses el Parque Industrial quedó incomunicado temporalmente al robarse las líneas telefónicas, algo que también ocurre con frecuencia.
Por que es tan fácil robar hasta lo público en Tres Arroyos?
Y porque un delito tan expuesto, -como lo es el robo de líneas en la calle-, crece en la impunidad absoluta?
Es inadmisible que en una ciudad que tiene cuarenta cuadras por cuarenta cuadras, a la prestataria del servicio eléctrico le roben en tres años 600 mil pesos de cableado público.
Analizándolo desde el punto de vista de la eficacia operativa en lo investigativo y preventivo, es un fracaso que merece estar en el libro Guinnes de récords.
Esos 600 mil pesos que la CELTA debe pagar para sustituir los cables, a lo que hay que agregar las penalidades que el organismo de control aplica por corte del servicio, -aunque sea algo totalmente ajeno a la cooperativa, como lo es el robo de líneas-, lo tenemos que pagar todos los asociados de la prestataria.
Pero más allá del perjuicio particular a CELTA y general a toda la población, estos robos reiterados ratifican el punto de indefensión al que los tresarroyenses nos lleva una administración municipal que asumió la responsabilidad de una Policía Comunal, -con la sana intención de cuidarnos mejor-, pero cuyos resultados muestran que solo han conseguido exponernos mas ante las distintas formas de la delincuencia.
En 2.006 la Municipalidad se comprometió, convenio mediante, ante la CELTA a extremar los controles policiales para evitar que continúen las sustracciones de líneas.
Y el resultado fue que después de eso el robo de cables aumentó un 500 %.
No se necesita agregar nada más.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
Lo confirmó el Presidente del Consejo de Administración de la CELTA.
Pero Nicolás Ambrosius suministró a través de Radio 3 datos aún mas alarmantes sobre esta problemática, -la de la sustracción de líneas de energía-, que en Tres Arroyos surgió hace unos tres años.
Señaló que durante 2.006 robaron cables por un total de 100 mil pesos, y que el año pasado esa cifra se duplicó, totalizando una pérdida de 220 mil pesos.
Pero si a esas cifras se agregan las sustracciones de cables durante este año se estima que en los tres últimos años, la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos sufrió la sustracción de líneas por un total de 600 mil pesos.
Hace dos años y medio estos mismos ilícitos motivaron que la CELTA planteara a las autoridades municipales, -responsables de la Policía Comunal-, colaboración ante una modalidad delictiva que crecía.
Tras la reunión con los directivos de la CELTA, -el 12 de abril de 2.006-, el Secretario Municipal de Seguridad, hizo los siguientes comentarios a la prensa sobre el robo de cables:
Apolonio advirtió que “el robo de cables se ha convertido en una actividad ilícita atractiva para los delincuentes, que pueden vender su botín a 10 pesos el kilo si es cobre limpio, o hasta 5 ó 6 si está sucio (con restos de cable de goma o tela)”.
Y para tratar de prevenir el crecimiento de la sustracción del cableado, el funcionario municipal asumió el compromiso de "controlar con rondas policiales los lugares afectados, sobre todo la zona suburbana, con la participación de efectivos de Caballería y de Policía Comunal".
Desde que el Secretario Municipal de Seguridad, -área de la que depende la Policía Comunal-, prometió aumentar el patrullaje para evitar el robo de cables, la CELTA quintuplicó el perjuicio que por este modus operandi delictivo había sufrido hasta ese momento.
Cabe acotar que el robo del cableado es un delito que se comete en la vía pública, y que cuenta con una operatividad elaborada. No es un hurto a la pasada como puede sustraerse una bicicleta. Para llevarse líneas eléctricas deben trabajar durante un tiempo, en altura, y a la vista de todo el mundo.
Cómo puede ser entonces que durante los tres años que vienen robando cables en la calle, no haya un solo detenido ni se haya podido ubicar al o los lugares donde se reduce el cobre?
Sustraen un promedio anual de 200 mil pesos de cables en plena calle, y no pudieron esclarecer ni un solo hecho?
Hace pocos días se dejó un barrio sin luz, y en una oportunidad hasta una planta industrial tuvo que parar su producción porque le habían sustraído el cableado. Y no hace muchos meses el Parque Industrial quedó incomunicado temporalmente al robarse las líneas telefónicas, algo que también ocurre con frecuencia.
Por que es tan fácil robar hasta lo público en Tres Arroyos?
Y porque un delito tan expuesto, -como lo es el robo de líneas en la calle-, crece en la impunidad absoluta?
Es inadmisible que en una ciudad que tiene cuarenta cuadras por cuarenta cuadras, a la prestataria del servicio eléctrico le roben en tres años 600 mil pesos de cableado público.
Analizándolo desde el punto de vista de la eficacia operativa en lo investigativo y preventivo, es un fracaso que merece estar en el libro Guinnes de récords.
Esos 600 mil pesos que la CELTA debe pagar para sustituir los cables, a lo que hay que agregar las penalidades que el organismo de control aplica por corte del servicio, -aunque sea algo totalmente ajeno a la cooperativa, como lo es el robo de líneas-, lo tenemos que pagar todos los asociados de la prestataria.
Pero más allá del perjuicio particular a CELTA y general a toda la población, estos robos reiterados ratifican el punto de indefensión al que los tresarroyenses nos lleva una administración municipal que asumió la responsabilidad de una Policía Comunal, -con la sana intención de cuidarnos mejor-, pero cuyos resultados muestran que solo han conseguido exponernos mas ante las distintas formas de la delincuencia.
En 2.006 la Municipalidad se comprometió, convenio mediante, ante la CELTA a extremar los controles policiales para evitar que continúen las sustracciones de líneas.
Y el resultado fue que después de eso el robo de cables aumentó un 500 %.
No se necesita agregar nada más.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
