Cuando el Intendente Sánchez logra salir de su asfixiante entorno, -el intra-comunal y el extra-municipal-, acierta en sus decisiones.
El restablecer las relaciones con el Fiscal Lemble contribuye al fortalecimiento interinstitucional que una comunidad muy afectada por el delito necesita entre el máximo exponente del Poder Ejecutivo y un integrante del Ministerio Público Fiscal, pieza clave del Poder Judicial.
La confrontación entre Sánchez y Lemble, -en gran parte de la contienda unilateral, ya que uno cargaba contra el otro que casi no respondía-, tuvo su punto crítico cuando el Jefe Comunal, -mal asesorado-, promovió una campaña de junta de firmas y denuncias sobre presuntas malas praxis en el ejercicio de su función, tendientes a destituir a los Jueces de Garantías, doctor Oleaga, al por aquel entonces Juez de Menores, doctor Daniel Gallardo, y, pese a que la responsabilidad funcional era compartida con otros dos fiscales, contra el único integrante del Ministerio Público que investigaba a funcionarios municipales, el doctor Lemble.
Pero en el caso de Oleaga y Lemble, las diferencias con el Jefe Comunal comenzaron casi cuatro años antes; en junio de 2.004 y en el marco de los reclamos populares tras la muerte de Gonzalo Ferreti; oportunidad en la que alguien, -la Justicia determinará quien en el juicio a Tarquinus y Barroca-, dirigió a la manifestación contra la Fiscalía y el Juzgado de Garantías.
El distanciamiento entre Sánchez y Lemble insumió demasiado tiempo y motivó un desgaste institucional totalmente en vano. Si el Intendente hubiera hecho mucho antes lo que hizo el otro día, -ir a la Fiscalía y estar tres horas hablando con el doctor Lemble-, otra hubiera sido la actitud de la Policía para con la delincuencia, y el Poder Judicial de Tres Arroyos no estaría tan solo para afrontar los embates de cambios jurisdiccionales que hoy sufre.
No está mal que un Intendente cargue contra funcionarios judiciales si él entiende que las cosas se están haciendo mal, porque es su obligación cómo representante de la ciudadanía.
Pero para hacer eso hay un protocolo procedimental a cumplir, que Sánchez, -mal aconsejado-, obvió. No se echan dos jueces con la metodología que se saca al Presidente de un club de barrio, juntando firmas de vecinos, y es imposible que la Procuraduría sancione a una Fiscalía porque solo hubo 28 observaciones de denunciantes sobre 28 mil expedientes tramitados.
Sánchez y Lemble hicieron lo correcto; se reunieron, hubo disculpas mutuas, y el compromiso de trabajar en conjunto, cada uno desde su responsabilidad de competencia para revertir la gran inseguridad que seguimos teniendo todos los tresarroyenses, mas allá de que hoy la Policía tiene mas resultados que hace meses.
El Intendente tiene ahora la oportunidad de concretar en acciones su promesa de apoyar a la Justicia tresarroyense. Y es con respecto al posible traspaso de la jurisdicción a la que pertenece la Justicia local, hoy en Bahía Blanca, hacía Necochea.
Esta versión motivó una reunión días atrás en la Asociación de Abogados, de la que participaron integrantes del Poder Judicial y el Diputado Nacional, doctor Carlos Julio Moreno.
Precisamente el doctor Moreno habló desde la sede de la ADATA con el Ministro de Justicia bonaerense, quien le aseguró que nada de eso ocurrirá y que Tres Arroyos seguirá dependiendo del Departamento Judicial con sede en Bahía Blanca.
Mas allá de los dichos del Ministro Casal, no hay que olvidar que cuando el río suena es porque agua trae, y el intento de llevar a Necochea la jurisdicción sobre la Justicia tresarroyense debe ser real. El hecho de que tiempo atrás la Justicia Federal de la que dependía Tres Arroyos pasara de Bahía Blanca a Necochea es un dato que no puede obviarse en el análisis probabilístico.
El cambio de la jurisdicción de la Justicia de un distrito es una decisión con implicancias operativas en el Poder Judicial, pero de resolución estrictamente política. Es por eso que Tres Arroyos debe hacer uso de todo su potencial político para evitarla.
El martes 30 de diciembre el Ministro de Justicia Provincial recibirá a una delegación tresarroyense compuesta por representantes del Poder Judicial y de la Asociación de Abogados, junto al Diputado Nacional doctor Carlos Julio Moreno.
A ese encuentro deben ir como apoyatura política el Senador Provincial Roberto Fernández, el Intendente Carlos Sánchez, y el Presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Ravella.
Tres Arroyos merecería ser Departamento Judicial, pero por falta de una representación política fuerte hoy la Justicia tresarroyense está relegada al papel de moneda de cambio jurisdiccional.
Los políticos que hoy nos representan en los diferentes niveles tienen la obligación de cambiar esta historia.
No vuelvan a desaprovechar la ocasión.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
sábado 27 de diciembre de 2008
viernes 19 de diciembre de 2008
A FUERZA DE "PROPIA" LEY
En los últimos tres años, -coincidentemente el mismo tiempo que Radio 3 tiene en el aire-, el Intendente Sánchez incurrió en el error de querer administrar negando la existencia de las normas vigentes.
El primer episodio de querer hacer obviando la letra de la Ley pasó a fines de 2.005, cuando se intentaba por todos los medios poner en marcha la Descentralización de Claromecó.
En aquella oportunidad, Radio 3 observó al DE y al HCD que la ordenanza sancionada para descentralizarla era inviable legalmente, porque, tal como estaba el texto, se violaba la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El jefe comunal y los ediles rechazaron la interpretación jurídica que este medio de comunicación hizo en solitario, y avanzaron con el proceso descentralizador.
La cuestión terminó cuando el Tribunal de Cuentas hizo la misma observación hecha por nosotros, y exigió reformar la ordenanza que descentralizó Claromecó porque la norma creacional era ilegal.
Otra situación en la que el Ejecutivo forzó al Legislativo a aprobar algo viciado de nulidad fue con el “impuestazo” de hace un año.
Allí, -excepto el bloque de Acción Comunal-, los concejales le aprobaron al Intendente una suba de tasas que incumplía con la Ley Orgánica Municipal, que violaba derechos consagrados por la Constitución Nacional, y que desconocía un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre topes impositivos anuales.
Por estos días se reedita una puja entre la Asociación de Profesionales del Hospital y el DE, en este caso por el llamado a concursos; un año y medio atrás fue por como debían pagarse los sueldos.
El fondo de la controversia es el mismo. Mientras la Asociación que los agrupa entiende que debe aplicarse la ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria, el Ejecutivo considera que debe utilizarse la Ley 11.757, del Estatuto para el personal de las Municipalidades.
En realidad, esta situación no debería haberse planteado nunca, porque es esa misma Ley la que da la razón a los profesionales del Hospital.
Cómo siempre hacemos, este medio de comunicación aportará los datos completos. No solo el articulado de la Ley, sino también los dictámenes de la Asesoría General de Gobierno sobre ella.
El artículo 2 inciso “b” de la Ley 11.757 se refiere a que están excluidos de la aplicación de esta Ley el personal municipal que está incluido en otros regímenes.
Y la Asesoría General del Gobierno bonaerense especifica los alcances de esta excepción con el dictamen Nº 76.685-4, que dice:
“Con relación a la exclusión dispuesta por el artículo 2 inciso “b” de esta Ley, se previene que la misma está referida a aquellos agentes comprendidos en otros regímenes legales, como ser la CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA, en aquellas municipalidades que hubieran adherido a ese régimen”.
Además de esto, -que es mas claro que el agua-, a favor de la postura de los profesionales del hospital hay Pactos Internacionales que obran en la Constitución Nacional con fuerza de Ley y un fallo de la Corte Suprema que impide la regresividad de normas laborales; entiéndase: “No se puede aplicar legislación nueva que perjudique los derechos de los trabajadores resguardados por las normas preexistentes”.
El objeto de este comentario, -aparte de cumplir con la obligación del periodismo de esclarecer, en este caso sobre una cuestión técnica jurídica-, es el de advertir sobre el perjuicio que significará para la población de Tres Arroyos, el hecho de que el Ejecutivo incumpla una ordenanza: la Nº 2166/84 de Carrera Profesional Hospitalaria.
Por no haber liquidado los salarios a los profesionales del Hospital como debía durante casi cuatro años hay una demanda millonaria contra la Municipalidad de Tres Arroyos; que, en caso de prosperar, pagará el Pueblo durante la gestión del próximo Intendente.
Señor Carlos Sánchez, reflexione.
Usted tiene que administrar en la forma más responsable el dinero de los contribuyentes. Llevar al erario municipal a la posibilidad de perder millones al tener que pagar un juicio por que el propio Poder Ejecutivo incumple una ordenanza, es, desde la responsabilidad institucional, un hecho inadmisible.
Intendente, no debe seguir intentando gestionar desconociendo normas vigentes o interpretando antojadizamente leyes.
Porque, aparte de lesionar su propia legitimidad representativa, las consecuencias de ese proceder jurídico erróneo significará un gran perjuicio económico para el BIEN, -llamado ESTADO MUNICIPAL-, que la población le confió para resguardar.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
El primer episodio de querer hacer obviando la letra de la Ley pasó a fines de 2.005, cuando se intentaba por todos los medios poner en marcha la Descentralización de Claromecó.
En aquella oportunidad, Radio 3 observó al DE y al HCD que la ordenanza sancionada para descentralizarla era inviable legalmente, porque, tal como estaba el texto, se violaba la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El jefe comunal y los ediles rechazaron la interpretación jurídica que este medio de comunicación hizo en solitario, y avanzaron con el proceso descentralizador.
La cuestión terminó cuando el Tribunal de Cuentas hizo la misma observación hecha por nosotros, y exigió reformar la ordenanza que descentralizó Claromecó porque la norma creacional era ilegal.
Otra situación en la que el Ejecutivo forzó al Legislativo a aprobar algo viciado de nulidad fue con el “impuestazo” de hace un año.
Allí, -excepto el bloque de Acción Comunal-, los concejales le aprobaron al Intendente una suba de tasas que incumplía con la Ley Orgánica Municipal, que violaba derechos consagrados por la Constitución Nacional, y que desconocía un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre topes impositivos anuales.
Por estos días se reedita una puja entre la Asociación de Profesionales del Hospital y el DE, en este caso por el llamado a concursos; un año y medio atrás fue por como debían pagarse los sueldos.
El fondo de la controversia es el mismo. Mientras la Asociación que los agrupa entiende que debe aplicarse la ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria, el Ejecutivo considera que debe utilizarse la Ley 11.757, del Estatuto para el personal de las Municipalidades.
En realidad, esta situación no debería haberse planteado nunca, porque es esa misma Ley la que da la razón a los profesionales del Hospital.
Cómo siempre hacemos, este medio de comunicación aportará los datos completos. No solo el articulado de la Ley, sino también los dictámenes de la Asesoría General de Gobierno sobre ella.
El artículo 2 inciso “b” de la Ley 11.757 se refiere a que están excluidos de la aplicación de esta Ley el personal municipal que está incluido en otros regímenes.
Y la Asesoría General del Gobierno bonaerense especifica los alcances de esta excepción con el dictamen Nº 76.685-4, que dice:
“Con relación a la exclusión dispuesta por el artículo 2 inciso “b” de esta Ley, se previene que la misma está referida a aquellos agentes comprendidos en otros regímenes legales, como ser la CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA, en aquellas municipalidades que hubieran adherido a ese régimen”.
Además de esto, -que es mas claro que el agua-, a favor de la postura de los profesionales del hospital hay Pactos Internacionales que obran en la Constitución Nacional con fuerza de Ley y un fallo de la Corte Suprema que impide la regresividad de normas laborales; entiéndase: “No se puede aplicar legislación nueva que perjudique los derechos de los trabajadores resguardados por las normas preexistentes”.
El objeto de este comentario, -aparte de cumplir con la obligación del periodismo de esclarecer, en este caso sobre una cuestión técnica jurídica-, es el de advertir sobre el perjuicio que significará para la población de Tres Arroyos, el hecho de que el Ejecutivo incumpla una ordenanza: la Nº 2166/84 de Carrera Profesional Hospitalaria.
Por no haber liquidado los salarios a los profesionales del Hospital como debía durante casi cuatro años hay una demanda millonaria contra la Municipalidad de Tres Arroyos; que, en caso de prosperar, pagará el Pueblo durante la gestión del próximo Intendente.
Señor Carlos Sánchez, reflexione.
Usted tiene que administrar en la forma más responsable el dinero de los contribuyentes. Llevar al erario municipal a la posibilidad de perder millones al tener que pagar un juicio por que el propio Poder Ejecutivo incumple una ordenanza, es, desde la responsabilidad institucional, un hecho inadmisible.
Intendente, no debe seguir intentando gestionar desconociendo normas vigentes o interpretando antojadizamente leyes.
Porque, aparte de lesionar su propia legitimidad representativa, las consecuencias de ese proceder jurídico erróneo significará un gran perjuicio económico para el BIEN, -llamado ESTADO MUNICIPAL-, que la población le confió para resguardar.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
sábado 13 de diciembre de 2008
DESPOLITIZAR LA POLICIA
Ante un pico delictivo que por su cualidad, -hubo varias muertes en pocos días en ocasión de robos-, impactó muy fuerte en la gente, el Gobernador Scioli, se decidió a tratar de encausar una de las dos aristas sobre las que tiene competencia en esta problemática que es mucho mas compleja de lo que se supone.
En esta editorial nos vamos a ocupar de las resoluciones que el primer mandatario bonaerense anunció que tomará para darle a la Policía Provincial algunas reglas claras de operatividad, básicas y necesarias para mejorar los resultados en la lucha contra el delito.
Scioli anunció que no se prorrogará la Ley 13.409 de Disponibilidad del Personal Policial, y eso está bien.
Esa Ley de Emergencia fue un desastre desde todo punto de vista.
Avasalló los derechos de los uniformados al negarles la legítima defensa, ya que permitía echar policías antes de que se pronunciara la justicia. De hecho, hubo muchos casos que pagaron justos por pecadores.
Y desde lo operativo, esa norma, -aplicada indiscriminadamente por el Ministro Arslanián, el que más arruinó a la Policía Provincial-, hizo que los mandos se diezmaran de tal manera que provocó vacíos en los cuadros conductivos, cargos que debieron ser ocupados por no pocos oficiales carentes de la experiencia necesaria.
La ley 13.409 fue, quizás, y por lo antes expuesto, la norma que, indirectamente, mas favoreció la labor de los delincuentes.
Está perfecto que se elimine la Ley que pone a la Policía Provincial en disponibilidad permanente, porque su existencia condiciona de hecho al policía. Y en un trabajo con este tipo de riesgos no se debe trabajar condicionadamente.
No se necesita de una Ley, -y mucho menos una como esta que es una caza de brujas con formato jurídico-, para sancionar a quienes en su función de policías actúan mal. La Justicia tiene todos los elementos para descubrir a los uniformados que incumplen con su deber, y sancionarlos como corresponde.
Otra cuestión, aunque menor comparada con la antes mencionada, es la vuelta al escalafón tradicional en la Policía. El hoy Capitán volverá a ser Comisario y la Estación Policial deberá llamarse Comisaría.
Estos cambios de nombres formaron parte de las reformas basadas en copiar del primer Mundo banalidades en vez de imitar lo que se necesita.
Por ejemplo, se trajo acá la denominación escalafonaria de EEUU, algo que no mejora nada, pero no se le brindó a nuestros policías el equipamiento y la capacitación que si tienen sus pares de Norteamérica; algo fundamental en la lucha contra la delincuencia.
Esperemos que de una buena vez, el Gobernador entienda que debe existir una política de estado para la policía, pero que no se puede insistir en la politización de la fuerza; una politiquería teñida de demagogia que casi destruyó a la institución policial, dandole a los delincuentes un hándicap que, obviamente, no desaprovechan.
En el plano local, cerramos otro año complicado en materia de inseguridad con algunos datos positivos.
En los últimos días, el accionar conjunto y decidido de las fuerzas policiales de Tres Arroyos logró esclarecer varios ilícitos y detener a delincuentes.
Es cierto que falta mucho por hacer; pero el trinomio compuesto por el Comisionado Otero; el Jefe de la Policía Comunal, Garrido, y el Jefe de la Estación Policial, Fraihaut, está dando resultados.
El Intendente también parece que ha modificado su actitud, y ahora en vez de atacar a la justicia, presta más atención en su obligación como Jefe político de la Policía Comunal.
Carlos Sánchez acaba de ordenar la compra de cuatro patrulleros para sumarlos al parque de vehículos destinados a las recorridas preventivas. Sánchez hizo bien. Esta compra no es un gasto, sino una inversión y una señal para una comunidad asolada por el creciente delito.
La única duda que esto me plantea es que esos vehículos estarán conducidos por un agente municipal, no por un policía, ya que el uniformado irá de acompañante.
Entiendo que es un riesgo tener en un patrullero a un empleado municipal que no está capacitado para actuar ante el imprevisto que pueda surgir con delincuentes; más allá de que esos móviles no serán de interceptación, sino de alerta temprana.
A la creación de un Consejo de Seguridad Regional, que tiene como objetivo coordinar acciones interdistritales contra la delincuencia, se suma otro dato alentador: Un foro de seguridad conciente de que debe volver a las fuentes y ser un controlador de la policia basado en los planteamientos que la población hace a través de él.
Ojala que en 2.009 todos los mecanismos que mueven el aparato preventivo policial funcionen, haciendo que el delito baje en todos los aspectos, pero fundamentalmente, en aquellos casos donde los delincuentes tienen contacto directo con las víctimas. Cómo los asaltos pesadillas a los ancianos; que van como 100 casos y aún no hay un solo detenido ni ilícito esclarecido.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
En esta editorial nos vamos a ocupar de las resoluciones que el primer mandatario bonaerense anunció que tomará para darle a la Policía Provincial algunas reglas claras de operatividad, básicas y necesarias para mejorar los resultados en la lucha contra el delito.
Scioli anunció que no se prorrogará la Ley 13.409 de Disponibilidad del Personal Policial, y eso está bien.
Esa Ley de Emergencia fue un desastre desde todo punto de vista.
Avasalló los derechos de los uniformados al negarles la legítima defensa, ya que permitía echar policías antes de que se pronunciara la justicia. De hecho, hubo muchos casos que pagaron justos por pecadores.
Y desde lo operativo, esa norma, -aplicada indiscriminadamente por el Ministro Arslanián, el que más arruinó a la Policía Provincial-, hizo que los mandos se diezmaran de tal manera que provocó vacíos en los cuadros conductivos, cargos que debieron ser ocupados por no pocos oficiales carentes de la experiencia necesaria.
La ley 13.409 fue, quizás, y por lo antes expuesto, la norma que, indirectamente, mas favoreció la labor de los delincuentes.
Está perfecto que se elimine la Ley que pone a la Policía Provincial en disponibilidad permanente, porque su existencia condiciona de hecho al policía. Y en un trabajo con este tipo de riesgos no se debe trabajar condicionadamente.
No se necesita de una Ley, -y mucho menos una como esta que es una caza de brujas con formato jurídico-, para sancionar a quienes en su función de policías actúan mal. La Justicia tiene todos los elementos para descubrir a los uniformados que incumplen con su deber, y sancionarlos como corresponde.
Otra cuestión, aunque menor comparada con la antes mencionada, es la vuelta al escalafón tradicional en la Policía. El hoy Capitán volverá a ser Comisario y la Estación Policial deberá llamarse Comisaría.
Estos cambios de nombres formaron parte de las reformas basadas en copiar del primer Mundo banalidades en vez de imitar lo que se necesita.
Por ejemplo, se trajo acá la denominación escalafonaria de EEUU, algo que no mejora nada, pero no se le brindó a nuestros policías el equipamiento y la capacitación que si tienen sus pares de Norteamérica; algo fundamental en la lucha contra la delincuencia.
Esperemos que de una buena vez, el Gobernador entienda que debe existir una política de estado para la policía, pero que no se puede insistir en la politización de la fuerza; una politiquería teñida de demagogia que casi destruyó a la institución policial, dandole a los delincuentes un hándicap que, obviamente, no desaprovechan.
En el plano local, cerramos otro año complicado en materia de inseguridad con algunos datos positivos.
En los últimos días, el accionar conjunto y decidido de las fuerzas policiales de Tres Arroyos logró esclarecer varios ilícitos y detener a delincuentes.
Es cierto que falta mucho por hacer; pero el trinomio compuesto por el Comisionado Otero; el Jefe de la Policía Comunal, Garrido, y el Jefe de la Estación Policial, Fraihaut, está dando resultados.
El Intendente también parece que ha modificado su actitud, y ahora en vez de atacar a la justicia, presta más atención en su obligación como Jefe político de la Policía Comunal.
Carlos Sánchez acaba de ordenar la compra de cuatro patrulleros para sumarlos al parque de vehículos destinados a las recorridas preventivas. Sánchez hizo bien. Esta compra no es un gasto, sino una inversión y una señal para una comunidad asolada por el creciente delito.
La única duda que esto me plantea es que esos vehículos estarán conducidos por un agente municipal, no por un policía, ya que el uniformado irá de acompañante.
Entiendo que es un riesgo tener en un patrullero a un empleado municipal que no está capacitado para actuar ante el imprevisto que pueda surgir con delincuentes; más allá de que esos móviles no serán de interceptación, sino de alerta temprana.
A la creación de un Consejo de Seguridad Regional, que tiene como objetivo coordinar acciones interdistritales contra la delincuencia, se suma otro dato alentador: Un foro de seguridad conciente de que debe volver a las fuentes y ser un controlador de la policia basado en los planteamientos que la población hace a través de él.
Ojala que en 2.009 todos los mecanismos que mueven el aparato preventivo policial funcionen, haciendo que el delito baje en todos los aspectos, pero fundamentalmente, en aquellos casos donde los delincuentes tienen contacto directo con las víctimas. Cómo los asaltos pesadillas a los ancianos; que van como 100 casos y aún no hay un solo detenido ni ilícito esclarecido.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
sábado 6 de diciembre de 2008
CONDUCTAS CENSURADAS
La historia del PJ local cambió el 30 de noviembre.
Finalmente terminó la hegemonía de Rogelio Varese al frente de la conducción partidaria; un liderazgo que en la última década le fue muy funcional a dirigentes bahienses, primero, y juarenses, luego, para hacerse del manejo peronista de la sexta sección y desplazar a los tresarroyenses de las decisiones que por peso político propio este distrito tiene derecho a tomar.
Y, además de favorecer la preeminencia de la conducción foránea del PJ en la sección, un peronismo con caras repetidas y sin ideas contribuyó a la continuidad del vecinalismo en el poder ejecutivo local.
En rigor de verdad, el aislamiento que los concejales varesistas anunciaron al dejar la representatividad del Frente para la Victoria Partido Justicialista, es un regalo de navidad anticipado para Pablo Garate.
El no tener al varesismo dentro de la estructura le permite a Garate y a quienes lo acompañaran en la directiva, intentar devolverle al peronismo tresarroyense el protagonismo institucional que nunca debió perder, ofreciendo una alternativa de gobierno superadora de la propuesta política municipalista que administra el distrito desde hace catorce años.
Dependerá de ellos, sobre todo de las primeras medidas que deben aplicar, si la vuelta a la mística del peronismo local se transforma en una realidad o queda en una mera frase de campaña.
En el análisis de la situación política-institucional que enfrentará la nueva conducción del Partido Justicialista de Tres Arroyos, surge una necesidad. Que es la de contar con un concejal.
Tener un edil no solo posibilita sentar posición institucional directa y pública ante el Departamento Ejecutivo, que debe controlarse como oposición, sino disponer de la atención mediática que acompaña al legislador municipal en el ejercicio de su función.
El concejal a incorporar es, -sin lugar a dudas-, el líder de las 62 organizaciones sindicales peronistas: Rubén López Muñoz.
En caso de concretarse su sumatoria al nuevo proyecto del partido, ambos sectores se verían beneficiados.
Disponer en el salón blanco de un edil cuya banca se denomine “Partido Justicialista”, automáticamente encausa la identidad ideológica del partido que mas afiliados tiene en Tres Arroyos. Además, es la cabecera de playa ideal para aspirar a un desembarco masivo de bancas, en las elecciones legislativas de 2.009, que serán fundamentales para pretender aspirar con real expectativa a la ejecutiva de 2.011.
Y para el sindicalismo también será muy positivo contar con un concejal cuya banca responda a la nomenclatura partidaria. Porque al no haber podido lograr con votos la minoría en el partido, un edil activo significaría, de hecho, pasar a formar parte de la conducción partidaria del nuevo peronismo tresarroyense.
No puede obviarse en este comentario porque perdió la secular conducción del PJ local, que durante casi 20 años se eternizó en el poder partidario.
Hay varios motivos, pero el principal surgió a la luz en el último año. Varese perdió porque sus concejales no ejercieron de opositores. Las propias actas de las sesiones del legislativo muestran que estos tres ediles estuvieron oficiando como una especie de sub-bloque de la administración vecinalista, aprobando todo lo que el Intendente propusiera.
Siendo oposición, se puede hacer cualquier cosa, menos dejar de ser oposición.
Y esto el afiliado peronista lo percibió y lo censuró con su voto en la elección interna del partido.
Esta censura a la conducta institucional representativa que los peronistas aplicaron el 30 de noviembre, no pasó desapercibida al Partido Movimiento Vecinal, que por esas horas discutía en lo interno como hacer para que la voracidad fiscal de Sánchez no los vuelva a poner en una situación como de la de 2.001, cuando el mal uso de la mayoría les significó perder 11 mil votos y salir segundos.
Horas después de la reunión entre el Intendente, sus funcionarios y el Partido con sede en calle Dorrego, Radio 3 y FM 105 publicaron en exclusiva el intento de Sánchez de equilibrar el presupuesto 2.009 creando una tasa de salud, y mencionamos que Aprile y los concejales oficialistas habían rechazado de plano tal posibilidad, exigiéndole al jefe comunal que cierre los números con un plan de reducción de gastos, en vez de crear mas impuestos.
Finalmente, Carlos Sánchez aceptó el NO del Partido Movimiento Vecinal y retiró del legislativo el proyecto para crear la nueva tasa.
Y, como anticipamos en la editorial anterior, Aprile le puso límites a un ejecutivo que abusó usando la mayoría legislativa para avasallar al Pueblo impositivamente. Ahora esperemos que Carlos Sánchez, también le haga caso al Partido que lo llevó al Poder, sobre la necesaria reducción de gastos en la administración municipal.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
Finalmente terminó la hegemonía de Rogelio Varese al frente de la conducción partidaria; un liderazgo que en la última década le fue muy funcional a dirigentes bahienses, primero, y juarenses, luego, para hacerse del manejo peronista de la sexta sección y desplazar a los tresarroyenses de las decisiones que por peso político propio este distrito tiene derecho a tomar.
Y, además de favorecer la preeminencia de la conducción foránea del PJ en la sección, un peronismo con caras repetidas y sin ideas contribuyó a la continuidad del vecinalismo en el poder ejecutivo local.
En rigor de verdad, el aislamiento que los concejales varesistas anunciaron al dejar la representatividad del Frente para la Victoria Partido Justicialista, es un regalo de navidad anticipado para Pablo Garate.
El no tener al varesismo dentro de la estructura le permite a Garate y a quienes lo acompañaran en la directiva, intentar devolverle al peronismo tresarroyense el protagonismo institucional que nunca debió perder, ofreciendo una alternativa de gobierno superadora de la propuesta política municipalista que administra el distrito desde hace catorce años.
Dependerá de ellos, sobre todo de las primeras medidas que deben aplicar, si la vuelta a la mística del peronismo local se transforma en una realidad o queda en una mera frase de campaña.
En el análisis de la situación política-institucional que enfrentará la nueva conducción del Partido Justicialista de Tres Arroyos, surge una necesidad. Que es la de contar con un concejal.
Tener un edil no solo posibilita sentar posición institucional directa y pública ante el Departamento Ejecutivo, que debe controlarse como oposición, sino disponer de la atención mediática que acompaña al legislador municipal en el ejercicio de su función.
El concejal a incorporar es, -sin lugar a dudas-, el líder de las 62 organizaciones sindicales peronistas: Rubén López Muñoz.
En caso de concretarse su sumatoria al nuevo proyecto del partido, ambos sectores se verían beneficiados.
Disponer en el salón blanco de un edil cuya banca se denomine “Partido Justicialista”, automáticamente encausa la identidad ideológica del partido que mas afiliados tiene en Tres Arroyos. Además, es la cabecera de playa ideal para aspirar a un desembarco masivo de bancas, en las elecciones legislativas de 2.009, que serán fundamentales para pretender aspirar con real expectativa a la ejecutiva de 2.011.
Y para el sindicalismo también será muy positivo contar con un concejal cuya banca responda a la nomenclatura partidaria. Porque al no haber podido lograr con votos la minoría en el partido, un edil activo significaría, de hecho, pasar a formar parte de la conducción partidaria del nuevo peronismo tresarroyense.
No puede obviarse en este comentario porque perdió la secular conducción del PJ local, que durante casi 20 años se eternizó en el poder partidario.
Hay varios motivos, pero el principal surgió a la luz en el último año. Varese perdió porque sus concejales no ejercieron de opositores. Las propias actas de las sesiones del legislativo muestran que estos tres ediles estuvieron oficiando como una especie de sub-bloque de la administración vecinalista, aprobando todo lo que el Intendente propusiera.
Siendo oposición, se puede hacer cualquier cosa, menos dejar de ser oposición.
Y esto el afiliado peronista lo percibió y lo censuró con su voto en la elección interna del partido.
Esta censura a la conducta institucional representativa que los peronistas aplicaron el 30 de noviembre, no pasó desapercibida al Partido Movimiento Vecinal, que por esas horas discutía en lo interno como hacer para que la voracidad fiscal de Sánchez no los vuelva a poner en una situación como de la de 2.001, cuando el mal uso de la mayoría les significó perder 11 mil votos y salir segundos.
Horas después de la reunión entre el Intendente, sus funcionarios y el Partido con sede en calle Dorrego, Radio 3 y FM 105 publicaron en exclusiva el intento de Sánchez de equilibrar el presupuesto 2.009 creando una tasa de salud, y mencionamos que Aprile y los concejales oficialistas habían rechazado de plano tal posibilidad, exigiéndole al jefe comunal que cierre los números con un plan de reducción de gastos, en vez de crear mas impuestos.
Finalmente, Carlos Sánchez aceptó el NO del Partido Movimiento Vecinal y retiró del legislativo el proyecto para crear la nueva tasa.
Y, como anticipamos en la editorial anterior, Aprile le puso límites a un ejecutivo que abusó usando la mayoría legislativa para avasallar al Pueblo impositivamente. Ahora esperemos que Carlos Sánchez, también le haga caso al Partido que lo llevó al Poder, sobre la necesaria reducción de gastos en la administración municipal.
Hasta la próxima.
Marcelo N. Mouhapé Furné.
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