"MANI PULITE"

El proceso judicial “Manos Limpias”, -“Mani Pulite” en italiano-, descubrió en 1.992 una muy extensa red de corrupción que implicaba a funcionarios del gobierno y empresarios de Italia. La investigación que llevó a cabo el Fiscal Antonio Di Pietro investigó a 4.500 poderosos, procesó a 3.200 y condenó a más de 1.200 por corrupción. El “Mani Puliti” italiano se hizo hace 25 años, y aún hoy es el ejemplo más acabado de que la corrupción sistémica debe ser desbaratada para defender a la población honesta y a la moral de un país ante el resto de las naciones del mundo. La corrupción acumulada en el último lustro en Argentina puede que sea aún peor que la de hace un cuarto de siglo en Italia; pero recién ahora nuestra Justicia se acordó de que está para servir a la ciudadanía, y no para proteger a corruptos mirando para otro lado o lentificando causas. Hay un ex vicepresidente de la nación, -Amado Boudou-, y el ministro clave de tres gestiones presidenciales, -Julio De Vido-presos por una serie de causas que tienen como denominador común la corrupción. Uno por su alto ex cargo y el otro por el poder que tuvo durante más de una década representan los dos pesos pesados del ex gobierno K entre rejas. Antes de ellos hubo otros condenados de esa gestión, uno icónico, como el titular de transporte, Ricardo Jaime, que dependía de De Vido. Y seguramente habrá más encarcelados porque los hechos de corrupción ventilados de la administración nacional anterior son numerosos. Claro que para que el “Mani Pulite” argentino sea como el italiano no basta con apresar a quienes cobraban la coima, sino también a quienes la pagaban, que en algunos casos puede que propusieran el cohecho. En Italia hace 25 años mandaron a la cárcel a los dos extremos de la corruptela de la obra pública y las compras del estado: el que recibía el sobre y el que le ponía el dinero dentro. Antonio Di Pietro, -el Fiscal del proceso de Italia-, remarcó que “los ciudadanos deben exigir a los jueces que actúen”, y así debe ser. Siempre debe ser así. La Justicia no debe esperar a que se vaya un gobierno para acelerar las causas contra los ex gobernantes, sino investigarlos durante el ejercicio de su función, como ocurre en Brasil. Dar más herramientas judiciales a los jueces para investigar la corrupción estatal es una buena idea que está incluida en el proyecto del gobierno sobre el nuevo Código Penal. En mi opinión, además de severas condenas por el delito y por haber defraudado la confianza pública, debería incluirse una cuestión central, que es la de asegurar que el enriquecimiento ilícito que se les pruebe, tanto al funcionario que cobró la coima como al empresario o prestador de servicios que la pagó, se les sea expropiado y reingrese al estado, es decir, a las arcas propiedad de todos los Argentinos. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.