domingo, 11 de febrero de 2018

SINDICALISTAS RICOS, SINDICALIZADOS POBRES

Desde que la Justicia inició su avance contra la presunta corrupción en el sector gremial, varios pesos pesados del sindicalismo terminaron presos. En esta situación hay líderes jurisdiccionales, como el caso de los jefes de la UOCRA en La Plata y Bahía Blanca, y titulares máximos de gremios, como el caso de Obreros Marítimos y SOEME. Ahora el apuntado por el poder judicial es el propio Hugo Moyano, uno de los pesos extra pesados del sindicalismo en nuestro país en los últimos 25 años. Para intentar contraatacar al avance de la Justicia, los Moyano movilizaron a su sindicato de camioneros el 21 de febrero en una marcha contra el gobierno nacional. Habrá algunos argumentos de realidad en el reclamo por la caída del poder adquisitivo de los trabajadores por los tarifazos seriales y los aumentos inferiores a la inflación, pero a nadie que está medianamente informado se le escapa que la marcha de la próxima semana es un intento de mostrar poder de movilización como factor de presión para frenar a una justicia que avanza en investigaciones basándose en gran medida por datos del estado, ya sean de AFIP o de la Unidad de Información Financiera, conocida como UIF. Será la Justicia la que deberá hallar pruebas de delitos y condenar por ellos, pero es demasiado evidente que hay enriquecimientos que superan cualquier posibilidad lógica de ser explicados en el marco de la legalidad. Remarcando que debe haber excepciones que confirman la regla, Argentina es un país con jefes sindicales "nacionales" ricos y con sus representados, -empleados sindicalizados-, cada vez más pobres. Es incompatible ser gremialista al mismo tiempo que empresario. Cuando se llega a ser lo segundo se debe dejar de ser lo primero, porque la conveniencia sustituyó a la convicción. Mientras el poder judicial acciona contra los “popes” sindicales, el gobierno nacional busca aprovechar el momento de debilidad gremial para cerrar paritarias bajas. Se insiste con ofrecer una suba salarial de solo el 15 %, y sin clausula gatillo de compensación por la diferencia de eso con la inflación real. Si ocurre esto, teniendo en cuenta el aumento del costo de vida real, impulsado mes a mes por los tarifazos y por la suba de combustibles repetida en un mercado desregulado, -un autocontrol descontrolado-, tendremos que en 2018 los asalariados habrán perdido otro 10 % de poder de compra. Entonces habrá más caída de consumo y eso provocará el cierre masivo de comercios de rubros que siempre quedan relegados ante la lógica prioridad de la alimentación. Hace un mes, -en la editorial “Inflación Recaudatoria”-, me aventuré a pronosticar un 2018 tan recesivo como 2016, y todos los datos económicos producidos en los últimos 30 días confirman ese pronóstico. Los Argentinos queremos una nación con sindicalistas y políticos honestos, pero también con un mercado interno activo y del que participen todos como consumidores; con habitantes con el poder adquisitivo necesario para mejorar su calidad de vida, moviendo así la economía. Equilibrar es difícil, pero necesario; desequilibrar es tan injusto como imprevisible. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.

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