MENSAJES INSTITUCIONALES

En la mejor versión de la humanidad, donde los valores definen la vida social, la pobreza o riqueza de un país se mide en términos de moralidad. Y en ese marco, los más virtuosos deben estar en las instituciones representativas, para que su ejemplo baje al llano y contagie a la población. Lamentablemente, en Argentina suele ocurrir exactamente lo contrario. Los vicios, que en algunos casos también pasan a ser delitos, se enquistan en lo más alto de la pirámide de poder que tiene tres vertientes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Días atrás, al inaugurar el año judicial, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkratz, admitió que la población desconfía de la Justicia. Afirmó: "Un poder judicial sin legitimidad pierde su razón de ser, pues sin legitimidad un poder judicial no puede ser eficaz en la realización de sus fines". Diagnóstico acertado de alguien cuestionado, porque el mismo Rosenkratz fue el que hace cuatro meses defendió que los jueces no paguen ganancias al remarcar que "esa exención no es la consagración de un privilegio". Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional gozar de una exención tributaria no es un privilegio. Eso ya define mucho teniendo en cuenta quien lo dice, pero pocos saben que es una acordada de la propia Corte la que impide que la mayoría de los funcionarios judiciales paguen ganancias, tal cual lo establece la Ley N° 24.631 del año 1996. En síntesis, la institución que debe asegurar el cumplimiento de la Ley a todos los Argentinos por igual, incumple la Ley para beneficio de sus integrantes. El peor mensaje institucional que se le puede dar a la población. Por estas horas está la discusión sobre la investigación del juez Ramos Padilla sobre el fiscal Stornelli, a quien el magistrado de Dolores acusa de supuesta participación en espionaje ilegal en causas judiciales. Stornelli no concurrió a las tres citaciones que le curso el magistrado. Antes de llegar al nudo de la cuestión, recordemos que Stornelli, -ex Ministro de Seguridad de Scioli-, fue acusado de extorsionar a un empresario para no involucrarlo en la causa de los cuadernos K. En su defensa, el fiscal apuntó a que eso era una operación de presos kirchneristas para desprestigiarlo, y, que a través del accionar del juez Ramos Padilla, sacarlo de la causa que, obviamente, apunta a la ex presidente, Cristina Fernández viuda de Kirchner. En esto hay toda una trama de supuestas operaciones, a la que, cometiendo un error político al sentar posición sobre lo que ocurre en otro poder, se sumó el gobierno al defender a Stornelli y atacar a Ramos Padilla, quien acaba de recibir el apoyo de la Cámara para seguir en la causa. Stornelli no puede ser llevado a declarar por la fuerza pública, y, mucho menos detenido, porque tiene fueros como fiscal. Para que ello ocurra el procurador general de la Nación debería desaforarlo aceptando el requerimiento del juez interviniente. Más allá de los tejes y manejes del tema, surge algo evidente: si un Fiscal, cuya función es investigar, se niega a ser investigado, es otro muy negativo mensaje institucional que baja desde el poder al llano ciudadano. Y está el tema Cristina; cuya situación judicial sobrepasa por mucho el antecedente de cobertura de fuero senatorial de Carlos Menem. Sobre la ex presidente y actual senadora nacional pesan diez procesamientos, de los cuales cinco cuentan con prisión preventiva. El magistrado insignia que va contra Cristina es el juez Bonadío, quien ha dado alguna declaración periodística donde dejó a traslucir animadversión hacia su investigada, pero tiene la obligación funcional de investigar y buscar hacer justicia. Si pareciera que el mencionado juez combina el avance de estas causas con los tiempos electorales. Eso no suena bien, pero no viola lo procedimental. Con respecto a la ex presidente vuelvo al tema fueros que ya toque en el caso Stornelli. La cámara de Senadores rechazó desaforar a Cristina. Habrá que ver que pasa ahora a partir de que días atrás la Corte Suprema de la Nación avaló el pedido de detención de la ex mandataria en la causa donde se la acusa de un presunto encubrimiento a favor de iraníes por la voladura de la AMIA. Más allá de que no se entienda porque los fueros parlamentarios blindan a un legislador de presuntos delitos cometidos antes de asumir su banca, hay una cuestión de sentido común de igualdad ante la Ley que la Cámara Alta no puede seguir esquivando. No es un dato menor que es el mismo Senado cuyos integrantes pueden ganar sobre sueldos de hasta $90 mil al mes al canjear los pasajes aéreos o terrestres que no utilicen; una práctica de despilfarro del erario público para beneficio propio también aplicada en la Cámara de Diputados. Donde la exención otorgue privilegios y la inmunidad asegure impunidad, no existe posibilidad de llegar al ideal de vida gregaria que constituye una República. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.