JUSTICIA Y POLÍTICA

El juez Bonadío provocó un terremoto institucional y político al procesar y dictar la prisión preventiva de la ex presidente, Cristina Fernández viuda de Kirchner, acusándola de traición a la patria al encubrir el atentado a la AMIA al firmar el memorándum con Irán, que el magistrado ve como un intento de beneficiar a los terroristas que provocaron 85 muertos y 300 heridos. La causa es la denuncia que el Fiscal Nisman hizo pocos días antes de aparecer muerto en su casa, en un hecho aún no esclarecido pero que tiene pericias determinándolo como un asesinato. El gobierno de la hoy acusada, -a quien el juez pidió el desafuero como senadora nacional-, lo definió desde un primer momento como un “conveniente” suicidio. Hay otros doce procesados, entre ellos el ex canciller Héctor Timermann (con prisión domiciliaria por cuestiones de salud), y seis con prisión preventiva efectiva, cómo el ex subsecretario Legal y Técnico de Cristina y candidato a vicepresidente, Carlos Zaninni, y el dirigente piquetero Luis D´elia. La resolución del Juez Bonadío, -quien tramita otras causas por corrupción contra la ex presidente-, es lo que la sociedad espera de un magistrado: que avance sobre los poderosos. Desde la lógica ciudadana nadie objetaría eso, pero en lo técnico en Bonadío aparecen acciones personales que podrían, incluso, invalidar su trabajo. Tiene una manifiesta animadversión con Cristina, y ella con él. Se han dicho de todo a través de los medios. El problema es que un juez no debería haber dicho mediáticamente lo que dijo sobre alguien que está juzgando, porque eso podría ser usado para recusarlo por prejuzgamiento. Hasta ahora este recurso de la defensa de la ex presidente fue rechazado, pero puede haber una instancia a recurrir que lo acepte y el proceso quede sin efecto. Cristina acusa a Bonadío de ser un instrumento judicial a las órdenes del presidente Macri. En mi opinión eso no es así. El gobierno no maneja a este juez y tampoco a otros. Macri aprendió del error inicial de pretender poner magistrados en la Corte Suprema por decreto, y se mantiene al margen respetando la independencia de poderes; como debe ser. Pero eso no quita que haya jueces que en el marco del cumplimiento de su deber de buscar justicia, por enconos personales hagan acciones, como manejar tiempos procesales, y eso puede favorecer a otros de rebote, como lo fue con “Cambiemos” en lo electoral. El gobierno necesitaba alguien con quien polarizar el comicio, y Cristina era la candidata ideal. En la propaganda política era la rival perfecta: la jefa del gobierno anterior manchado por actos de corrupción. Si Bonadío pedía la prisión preventiva antes de las elecciones se habría concretado porque Cristina no tenía fueros, pero eso implicaba que no podría ser la candidata opositora que el gobierno precisaba. Reitero que a mi entender Bonadío no cumplió órdenes de Macri, pero si lo pudo favorecer en lo electoral por decisiones temporales al hacer su trabajo como juez federal. Y ante eso surge una conclusión: si se determina que Bonadío al retardar su acción contra Cristina la favoreció al permitirle acceder al estado de imnumidad judicial que le dan los fueros de senadora, algo debería hacerse con un juez que asegura permanecer en libertad a un acusado que pudo haber detenido. Para que nadie tenga dudas en un país donde abundan las sospechas, lo conveniente sería que el Consejo de la Magistratura evalúe lo actuado por el juez Bonadío, quien inició el trámite para jubilarse. Es saludable que se juzgue a quienes se sospecha que cometieron delitos en la función pública; de eso hablamos en la editorial de hace dos semanas, titulada “Mani Pulite”, pero la población espera que los procesos judiciales se hagan bien, asegurando que, de probarse culpabilidad, los culpables vayan a la cárcel, no que queden impunes por errores de procedimiento. Otro tema que vuelve a surgir es la impunidad bajo la forma de fueros legislativos. Y planteamos lo mismo que hicimos en el caso De Vido: por qué los fueros parlamentarios protegen penalmente a los que son investigados por delitos presuntamente cometidos antes de asumir como legisladores ? Eso es una incoherencia legal que viola el principio de igualdad ante la ley, y debe ser corregida. Las instituciones tienen la consideración popular que la moral de sus integrantes le aportan en el ejercicio de su función. De la “banelco” de principios de los 2.000 hasta el actual refugio legal de ex presidentes, el Senado de la Nación está muy desprestigiado. Pero parece que tampoco esta vez la cámara alta aprovechará la circunstancia para lavarse en ética, porque el PJ anunció que no aprobará el desafuero de Cristina que pidió Bonadío; y el gobierno, ante la necesidad de que el PJ lo acompañe en las reformas que se votarán este mes evitará hacer grandes actos de “moralina” en el Senado. Las resoluciones del juez Bonadío ponen a la clase política en un brete. Los gobiernos sabían que la Justicia no los molesta mientras están en el poder, pero ahora si saben que después los investiga y los condena. El espíritu de cuerpo de protección cuasimafiosa de la política institucional ante una Justicia que es capaz de juzgarlos y apresarlos, no habla bien de la honestidad de nuestros políticos. Si la dirigencia de un país permite que una institución tan vital para una Democracia, como lo es el Senado nacional, se convierta en la cueva de Alí Babá, donde algunos de sus integrantes se refugian en los fueros legislativos para eludir a la Justicia, entonces continuaremos siendo un mero “país bananero”, ya que la definición de nación republicana nos seguirá quedando demasiado grande. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.