REFORMAS

Luego de ganar las elecciones, el presidente Macri avanzó sobre una serie de reformas. Son la laboral, la previsional y la impositiva. En las reformas planteadas predomina la impronta de mirar todo desde el punto de vista empresarial; sobre todo con la óptica de los CEOs, cuya visión de túnel ya le trajo dolores de cabeza a “Cambiemos”. Es lógico que un gobierno busque imponer encuadres legales basados en su ideología; pero el estado central debe entender que el apoyo electoral no es un cheque en blanco para avasallar derechos. La discusión sobre cuestiones que afectarán la vida de los Argentinos deben estar abierta al consenso, aceptando correcciones que equilibren situaciones y no condenen a nadie a caer en su nivel de vida. El fin de la Democracia es acordar, no imponer. En las tres reformas hay cosas positivas y otras no tanto. Los jubilados son perjudicados, porque con el cambio en la forma de pago en proporción el año próximo recibirán un aumento menor al que iban a cobrar por la Ley de Movilidad. Esto no es lectura probabilística, sino lo que muestra el Presupuesto Nacional 2018 en el ítem Seguridad Social. Acá debe aparecer la racionalidad. No es justo que a un jubilado que gana una mínima menor al costo de una canasta alimentaria mensual le apliquen un ajuste, mientras sigan pagándose jubilaciones de privilegio a ex políticos y ex funcionarios del poder judicial. En ambos casos cuando ejercían sus cargos cobraron sueldos muy altos generando jubilaciones muy superiores a la media. Según el informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso, ex integrantes de la Corte Suprema cobran jubilaciones de privilegio cercanas a los $ 400 mil, mientras una jubilación mínima es de solo $ 7.246. La diferencia es tan injusta como vergonzante, y debe ser corregida. En la reforma impositiva aparecen cuestiones que son positivas, como bajar la presión impositiva a los dadores de empleo y gravar la renta financiera. Pero en este último caso quedarían exentos de pagar los Fondos Comunes de Inversión y las acciones que cotizan en Bolsa, que es donde invierten los que más tienen. Eso hay que modificarlo; ellos también deben pagar el impuesto a la especulación. En la reforma laboral se apunta al blanqueo de personal y eso es positivo. El proyecto reformista tiene 144 artículos, entre los cuales hay cuestiones lógicas y positivas y otras que los gremios entienden como perjudiciales y hasta violatorias. Admitimos que las tres reformas son necesarias, pero remarcamos algo: “deben hacerse con equilibrio social, el que solo puede surgir de los consensos políticos basados en la realidad de la vida diaria de la mayoría de la población Argentina, no de los análisis de mercadotécnia de los CEOs.” Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.