LA INJUSTA JUSTICIA DE LOS PODEROSOS

"No tiene sentido decir que los hombres son iguales ante la ley, cuando es la ley mantenedora de su desigualdad.". La frase de Ramiro de Maetzu se aplica perfectamente al fallo de la Cámara de Casación por el cual se absuelve al ex presidente Carlos Menem, quien en 2017 fue condenado a siete años de prisión por el delito de contrabando agravado de armas durante su gestión. Pero su defensa apeló el fallo ante la Corte Suprema entendiendo que no se había cumplido con el "doble conforme", que es una garantía que tiene el imputado para que en caso de ser condenado su fallo sea revisado por una instancia superior. La Corte dio lugar a esa solicitud, y tras dejar sin efecto la sentencia contra Menem volvió la causa a Casación, que ahora decidió exonerar al ex presidente Menem, interpretando que se superó el "plazo razonable" para llegar a una condena firme. La denuncia contra Menem data de 1995. Se tardó 22 años en aplicarle una condena, la que nunca se cumplirá porque hay laberintos judiciales que determinan que un poderoso, en este caso un ex presidente de la Nación, no vaya preso. Vinculado a este caso está la explosión del 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, que causó 7 muertos, 300 heridos y la destrucción de parte de la localidad. Siempre se dijo que la volaron para ocultar el faltante de las armas contrabandeadas. La Justicia de Córdoba determinó que fue una explosión intencional y en diciembre de 2014 condenó a cuatro militares por "estrago doloso", aplicando penas de entre 13 y 10 años de prisión. La investigación judicial nunca pasó del ámbito de la fábrica de armamentos. Hacía arriba, donde residía el poder, reinó la impunidad. Carlos Menem disfruta de la inmunidad de los fueros parlamentarios ya que es senador nacional. Comparte el mismo ámbito legislativo que la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández viuda de Kirchner, sobre quien pesan varias investigaciones judiciales, algunas mas avanzadas que otras. Con respecto a Cristina hubo una declaración de un funcionario del gobierno que llamó la atención. El Ministro de Justicia, Germán Garavano, se manifestó en contra de que la Justicia pida el desafuero de la hoy senadora para aplicarle la prisión preventiva. Las palabras de Garavano, -que por su cargo pueden entenderse como una sugerencia directa al juez que juzga a la ex presidente-, fueron poco felices desde todo punto de vista. Dijo: "No es bueno para el país el desafuero y prisión preventiva de Cristina". Lo que no es bueno para el país es que a quien la Justicia le pruebe haber cometido delitos, se llame Menem, Fernández viuda de Kirchner o Macri, evada la condena judicial. Los dichos de Garavano hicieron montar en cólera a Elisa Carrió, socia electoral de Cambiemos. Y en esta Lilita tiene razón: no puede haber en el gobierno un doble discurso sobre la corrupción estatal. Si hace poco más de dos meses, cuando estalló la causa de los cuadernos, el presidente Macri afirmó: "no debe haber impunidad para nadie", en alusión a que su primo estaba involucrado, como puede ser que ahora, el Ministro de Justicia de Macri se pronuncie en contra de acciones judiciales en el marco de causas de corrupción ? El apoyo del presidente a su funcionario ante los palos de Carrió muestran el por qué de lo dicho por Garavano: "al gobierno le conviene que Cristina siga libre y sea candidata el año que viene". Privilegiar una conveniencia electoral por el principio de convivencia social igualitaria basado en una justicia independiente e imparcial, es uno de los peores mensajes que puede dar quien representa al Pueblo. Aunque esa palabra figure en la denominación de nuestro país, sin iguales ante la Ley nunca llegaremos a ser de verdad una República. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.