EXTINCION DE DOMINIO

Días atrás el presidente Macri anunció el decreto sobre extinción de dominio, por el cual se busca que el estado utilice bienes de personas que están bajo proceso por causas de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. El anuncio presidencial es oportuno para una campaña política, pero endeble en lo legal. En lo político tiene varias aristas aprovechables para el gobierno: una la de poner en discusión un tema que concentra el debate nacional y relega a lo económico, que es el talón de Aquiles del macrismo. La otra es contar con la posibilidad de disponer de un enorme volumen de dinero extra en un año electoral; ya que se estima que hay cerca de 250 mil millones de pesos de bienes bajo medidas cautelares de la justicia en causas tramitadas por los cuatro delitos mencionados. Esto lo blanqueo en el anuncio Macri cuando dijo: "campos, casas, vehículos y hasta obras de arte podrían subastarse y destinar ese dinero a políticas públicas". También hay otra cuestión, de presión al poder legislativo, que abordaremos más tarde. El gobierno propone crear una Procuraduría de Extinción de Dominio que actuaría en estos casos. La idea de la administración Macri es acelerar la toma de esos bienes por parte del estado antes de que la Justicia resuelva sobre si el procesado es culpable o no. En el fondo de la cuestión, quien puede oponerse a que se le quite lo que alguien se apoderó indebidamente ?. Pero hacerlo antes de que la Justicia se pronuncie, implica violar el principio de inocencia que rige en nuestro derecho. Y, además, se transformará en un boomerang legal en caso de que se absuelva al procesado; quien, obviamente, accionará legalmente contra el estado Argentino para que le devuelvan lo suyo con un agregado de daños y perjuicios. Sobre este punto se expresó el constitucionalista Sabsay, señalando: "Avanzar en el desapoderamiento de bienes siempre debe darse a partir de la condena de la Justicia, porque si se hace antes se entraría en un terreno muy peligroso en cuanto a la legalidad". Para intentar salvar el impedimento de la violación del debido proceso, el DNU en cuestión propone invertir la carga de la prueba; es decir, que el acusado tenga la obligación de probar que la adquisición de sus bienes fue lícita. El presidente Macri logró que el Congreso active el tratamiento de la extinción de dominio, -algo que el legislativo trata desde 2016-; ya que una comisión bicameral tendrá diez días para expedirse sobre este decreto de necesidad y urgencia. Hay algo innegable, y que la población lo percibe y cuestiona: en Argentina quienes cometen delitos como los mencionados mayormente gozan de impunidad a consecuencia de funcionarios comprables, vacíos jurídicos o una justicia lenta. Si queremos ser un país normal, donde efectivamente "el que las hace, las paga", eso tiene que cambiar. La mejor forma de medir la calidad institucional de una nación, es la de observar que las leyes que se aprueban sean aplicables a todos por igual; incluso, y sobre todo, a quienes las aprobaron. Hasta la próxima. Marcelo Mouhapé Furné.