PARODIA REPUBLICANA

Ni el guionista de Hollywood más imaginativo podría haber escrito un guion para una película que se parezca a ciertos hechos de la realidad Argentina: el de la corrupción estatal es uno de ellos. Está todo lo imaginable: poderosos abusando de su posición para hacer negocios con otros poderosos igualmente inescrupulosos con el dinero de terceros: del Pueblo. Pero, además, tiene actores secundarios o de importancia estructural casi nula que terminan siendo protagonistas excluyentes, como un ex funcionario detenido cuando quería esconder en un convento bolsas con casi 10 millones de dólares, o el chofer de un colega del anterior que anotaba en cuadernos baratos operaciones ilegales multimillonarias. Todo ciudadano razonable quiere que vayan a prisión quienes cometieron delitos, y que los fondos públicos apropiados vuelvan al estado. La sensación dominante en la población es que corrupción hay en todos los gobiernos, pero que durante el kirchnerismo se estableció un sistema para optimizarla en operatividad y maximizarla en cantidad. Es la Justicia quien debe probar si eso fue así, y sancionar a quien corresponda. La cuestión pasa por si nuestro sistema punitorio está en condiciones de satisfacer esa demanda de la gente. Para lograr ese objetivo debe haber funcionarios judiciales probos y capaces, los que dispongan de las herramientas legales necesarias. La Justicia es la base que sustenta el equilibrio en una sociedad, y debe ser independiente de todos los otros actores sociales. Los fiscales y los jueces deben investigar y aplicar la Ley a todos por igual. Si hay privilegios, ya no hay Justicia, y, por ende, tampoco hay Nación. La investigación judicial de la corrupción gubernamental es lo que debe hacerse en un país institucionalmente normal. Pero para lograr probarla legalmente el Poder Judicial tiene que estar a la altura de las circunstancias y no cometer errores. La investigación sobre presunta corrupción en el gobierno anterior tiene muchos elementos que pueden hacerla naufragar, defraudando así a la expectativa popular que espera un “el que las hace las pague”. El Juez Bonadío, que lleva adelante cinco de las seis causas contra la ex presidente de la Nación, hizo afirmaciones que muestran su animadversión hacia su investigada. Eso puede implicar que una recusación por obrar con presunta parcialidad lo saque de la causa. En el caso del Fiscal Stornelli, ha hecho declaraciones mediáticas con valorizaciones públicas de pruebas que exceden el recato que una instrucción judicial debería tener. No debe olvidarse que fue funcionario del gobernador Scioli; si habla tanto y tan abiertamente de esta causa, quizá aliente alguna posibilidad de que alguien encuentre un elemento revanchista en su proceder y también sea objeto de recusación y apartamiento. Uno espera que quienes tienen en sus manos tan altas responsabilidades, no incurran en yerros tan básicos que conspiren contra su propio desempeño. La causa parece avanzar, y eso es alentador, pero sigue habiendo procedimientos extraños. La confesión de los arrepentidos bajo la figura del “imputado colaborador” puede servir, pero llama la atención. Que alguien que confiesa haber cometido un delito quede libre, no es la mejor señal ante una sociedad que clama por una justicia realmente igualitaria. La determinación de responsabilidades en el acto de coimear es parecido al que fue primero: el huevo o la gallina ?. Fue el funcionario que le exige al empresario un pago para adjudicarle el contrato, o fue el empresario para “cartelizar” a su empresa pagando la coima para asegurarse que le adjudiquen la obra ? En el cohecho hay dos partes que delinquen: el que cobra y el que paga: Y sin el segundo no existe el primero; pero los empresarios que admiten ante la justicia haber pagado coimas quedan en libertad. Es cierto que Jueces y Fiscales deben cumplir con los protocolos procedimentales, y al hablar evitar caer en la posibilidad de prejuzgar para que la causa avance, pero también necesitan de herramientas válidas para hacer su trabajo. El hecho de que tengan que esperar a que el Senado apruebe allanamientos a uno de sus integrantes es un absurdo institucional. Las requisas que la Justicia hace en los domicilios deben hacerse con la premura y el secretismo necesarios para hallar algo si está ahí. Para cuando el Senado aprobó estos allanamientos, publicitados hasta el cansancio por los medios, la posibilidad de que esas requisas tuvieran resultados positivos se redujeron a la nada. En mi caso personal, nunca entendí por qué los fueros parlamentarios, -que están para cubrir legalmente a un diputado o un senador en el ejercicio de su función legislativa-, blindan legalmente a esa persona en causas judiciales por supuestos delitos cometidos antes de asumir como legislador. La frutilla del postre sobre todo esto la dio el propio Senado cuando trató la extinción de dominio, que es la Ley que permitirá recuperar lo despojado al estado en actos de corrupción, además de lavado de dinero y narcotráfico. “Cambiemos” quería que la extinción de dominio tenga vigencia en las causas en trámite, pero en la votación primó el criterio del peronismo de que sea para las investigaciones por los presuntos hechos de corrupción que se denuncien a partir de la sanción de la Ley, que ahora debe volver a ser tratada en su cámara de origen: Diputados, donde fue presentada por el Frente Renovador y aprobada en 2016. La extinción de dominio no retroactiva implica no incluir en su aplicación a todos los actos de corrupción que hubieren ocurrido en el anterior gobierno, aunque la Justicia los pruebe y aplique condenas. Tampoco aplicaría para los supuestos actos de corrupción que se pudieron haber cometido en los casi tres años del gobierno de Macri. El accionar del Senado de la Nación en esta cuestión confirma la sensación popular de que la clase política se cubre asimisma, y la gente, que sufre las penurias de otra crisis económica por los errores del gobierno actual, empieza a sentir que también va a ser defraudada en la esperanza de ver justicia en la investigación del festival de la obra pública financiado con el dinero de todos nosotros. En todo esto hay una contradicción increíble. Mientras que por los fueros un legislador tiene inmunidad legal sobre lo que pudo haber hecho antes de asumir, la devolución de lo obtenido indebidamente es de acá en adelante. La impunidad incluye al pasado, lo mal habido es para el futuro. La República Argentina: una Parodia Republicana. Hasta la próxima. Marcelo N. Mouhapé Furné.